Casi un millón de niños y adolescentes entraron a clases en febrero; sin embargo, algunos de ellos después de las vacaciones de mitad de año o incluso antes quedarán rezagados, dejarán de asistir a las escuelas y colegios. Esa es la dolorosa realidad que reflejan las estadísticas y estudios. La infancia y la adolescencia en Costa Rica son un etapa atravesada por la falta de oportunidades y la violencia. Este estado de situación representa una enorme deuda en materia de derechos humanos.
De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), en el 2015 del total de alumnos matriculados en educación secundaria diurna, el 48.3% no logró terminar la secundaria.
En ese mismo año, la exclusión educativa correspondió a un 23,5% en círculos migrantes, a un 20,2% en contextos indígenas y a un 13,5% entre niños y jóvenes con discapacidad, por encima de la exclusión general que en ese momento era de 11,4%.
De acuerdo con el informe anual de la Unicef, para el 2017, la exclusión general disminuyó a un 3,1%; sin embargo, el Estado aún tiene retos pendientes pues esos “adolescentes que son excluidos tienen menores posibilidades de mejorar su calidad de vida, mayor dificultad para incorporarse al mercado laboral, se incorporan tempranamente a empleos de baja calidad y corren el riesgo de vincularse con grupos delictivos”.
Por otra parte, los menores de edad son -a menudo- afectados por diversos tipos de violencia en el centro educativo, la calle, instituciones de protección e incluso en el hogar. Según la Unicef, este último es uno de los lugares más inseguros para la niñez, la adolescencia y para las mujeres.
Solo en el 2017, el Centro de Orientación e Información del PANI (COI) reportó un total de 53.359 casos; de los cuales 11.605 corresponden a conflictos familiares, 11.535 a negligencia, 16.556 a agresión física, sexual y psicológica, y 13.663 a otros casos.
Asimismo, las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS,2011), revelaron que el 46% de los niños y niñas entre 2 y 14 años ha experimentado algún tipo de castigo físico o psicológico por parte de sus madres, padres, cuidadores o miembros del hogar. Además, cuanto menor es la edad de las niñas y niños, más frecuente es que quienes los cuidan empleen métodos disciplinarios violentos.
Para discutir los desafíos y problemáticas a las que se enfrentan los menores de edad, Diálogos sobre el Bienestar convocó a cuatro expositores del tema:
Carlos Sibaja, director nacional de Aldeas Infantiles SOS, se enfoca en mostrar cómo la violencia infantil ha aumentado y cuáles son las acciones que deben tomar diversas instituciones de gobierno para erradicar o disminuir esta problemática.
Virginia Murillo, presidenta ejecutiva de la Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), señala también que Costa Rica viene fallando en el cumplimiento y garantía de derechos humanos para los niños y adolescentes y que esto no solo es reflejado en el incumplimiento de lo establecido en el marco político y jurídico, pues existen altos índices de violencia en los hogares, centros educativos, instituciones de atención, calle, entre otros.
Nora Elena González, coordinadora del Programa Agenda Joven UNED, quien muestra cuáles son las normativas que amparan a los menores de edad y cuáles son los retos del Estado costarricense para proteger a esta población vulnerable.
Finalmente, Milton Ariel Brenes, coordinador del PRIDENA UCR, explica cuáles son los retos pendientes que tiene la administración de Carlos Alvarado en materia de niñez y adolescencia.
En conjunto, estos textos proponen un compendio de ideas que permiten a los lectores reflexionar acerca de los obstáculos que enfrentan los niños y adolescentes y los retos que tiene el Estado para ofrecerle la protección necesaria a estos miembros de la sociedad civil.
