El ritmo de la economía costarricense viene cayendo desde hace cuatro años. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), que mide la tasa de crecimiento de la producción física de bienes y servicios, independientemente de su valor monetario, alcanzó un pico en agosto del 2015, cuando marcó un crecimiento interanual del 5,3%.
A partir de ese momento inicia un prolongado descenso -con pequeños brincos y sobresaltos, pero una indudable tendencia decreciente- hasta marcar un magro 1,5% en el pasado mes de junio. En mayo, el IMAE arrojó su crecimiento más lento desde diciembre del 2009, cuando el país empezó a recuperarse de la crisis financiera internacional del 2008.
De quince actividades que el IMAE detalla, cinco se contrajeron en el año transcurrido hasta junio de 2019, otras cinco se desaceleraron y cinco más mostraron un crecimiento positivo, pero bajo (promedio simple: 0,84%). Impulsadas, estas últimas, por la industria manufacturera, con un crecimiento interanual del 1,7% que no nos debe llamar a engaño.
Dicho crecimiento fue el resultado del dinamismo del sector exportador (zonas francas y demás regímenes especiales), que disfruta de exoneraciones y otros beneficios; la industria manufacturera no exportadora decreció en 2,5% y lleva 13 meses seguidos en recesión. La agricultura, el comercio y la minería también están en recesión, mientras que la construcción acumula cinco meses continuos de contracción.
Uno de los efectos más visibles de la desaceleración económica es su impacto sobre el desempleo. Cuando la economía crece de manera endeble y sectores enteros se contraen o estancan, la creación de nuevos puestos de trabajo se torna insuficiente para absorber a las personas que ingresan al mercado laboral.
Pero no todo se debe a la desaceleración: el desempleo ha promediado 9,8% desde el tercer trimestre de 2010, cinco años antes de que el IMAE alcanzará su último pico. Curiosamente, el desempleo promedio fue casi idéntico entre el tercer trimestre del 2010 y el tercero de 2015 (último pico del IMAE), y entre el cuarto trimestre del 2015 y el segundo trimestre de 2019. En contraste, el desempleo promedió 6% entre 2001 y 2008, antes de la crisis, aunque medido con una metodología distinta que no permite la comparación directa de los datos.
No deja de ser preocupante, sin embargo, que el desempleo haya crecido hasta promediar 11,7% en los tres últimos trimestres. En el último año el crecimiento de la producción, medido por el IMAE, cayó a la mitad.
Mayor desempleo usualmente va asociado a mayor pobreza; por lo que nos llevaremos una desagradable sorpresa cuando el INEC actualice los datos de pobreza próximamente. Si antes de la crisis del 2008, con una economía más dinámica y el desempleo a la mitad, no logramos bajar la pobreza del 20% de la población, menos vamos a poder ahora. Simplemente, no alcanza.
La observación de que el desempleo se ha mantenido alto desde mediados del 2010 es relevante al hablar de medidas de reactivación. El problema no es meramente coyuntural, ni es producto del empeoramiento de las condiciones internacionales, como han enfatizado el Banco Central y el gobierno. De hecho, dilapidamos años de un entorno favorable (crecimiento dinámico de los socios comerciales, bajos precios de las materias primas, bajísimas tasas de interés) sin hacer las reformas que nos permitieran crecer a un ritmo mayor y bajar el desempleo a niveles razonables.
Para lograr la reactivación económica, cualquier propuesta seria deberá contemplar medidas de tres tipos: aquellas con capacidad de provocar crecimiento en el corto plazo, reformas estructurales que permitan elevar el potencial de crecimiento de la economía y, no menos importante, medidas para recuperar la confianza de consumidores, productores e inversionistas.
Entre las medidas con efectos de corto plazo, además de continuar con los bienvenidos esfuerzos de simplificación regulatoria, debemos considerar eliminar los aranceles que encarecen los productos de la canasta básica y los de construcción, y una significativa simplificación tributaria que derogue impuestos que recaudan menos de lo que cuesta su administración, reduzca las tasas marginales de los impuestos remanentes y elimine la mayoría de las exoneraciones vigentes para así ampliar la base. Ambas disposiciones mejorarían el poder adquisitivo de los costarricenses, provocando un ciclo virtuoso de consumo e inversión.
También ayudaría la ratificación inmediata de la Alianza del Pacífico, un mercado ideal para los pequeños emprendimientos que constituyen el grueso del parque empresarial del país. En el 2017, el 85% de los exportadores a Suramérica fueron pymes y, por valor, sus ventas constituyeron el 70% de las exportaciones a dicha región.
Las reformas estructurales necesarias tenderán a mejorar la productividad de los trabajadores y la competitividad de las empresas y de la economía. Debemos considerar medidas para disminuir el costo de la energía introduciendo la competencia en el mercado eléctrico, disminuir los márgenes de intermediación fomentando una competencia más efectiva al mercado bancario (incluyendo la venta de un banco estatal a un banco internacional de primer orden), disminuir los costos de la seguridad social que tanto encarece la contratación de mano de obra, modernizar el Código de Trabajo para adecuarlo a las exigencias del siglo XXI y la era de las TIC, y un agresivo plan de desarrollo de obra pública mediante alianzas público – privadas para no estresar más las finanzas estatales
Capítulo aparte merece nuestro sistema educativo, que deberá reforzar la enseñanza de las áreas científicas, tecnológicas, las ingenierías y matemáticas, y fomentar el emprendedurismo.
En cuanto a la recuperación de la confianza, que ya venía de capa caída y recibió un duro golpe con el acuerdo que puso fin a la huelga de la CCSS, el gobierno deberá mostrar una férrea voluntad de poner orden en las finanzas públicas. Habiéndose aprobado una subida de impuestos recientemente, es necesaria una ley de empleo público que acabe con los abusos y las gollerías, y una reducción del tamaño del Leviatán estatal, anunciando el cierre de instituciones y programas obsoletos y la fusión de los duplicados.
Solo la correcta combinación de medidas nos permitirá dar un salto cualitativo para empezar a crecer a tasas superiores al 5% anual, que permitan generar suficientes empleos de calidad para disminuir el desempleo y la pobreza.
