Costa Rica posee una abundante cantidad de normas que regulan y tutelan la situación laboral de las personas con discapacidad, producto de la evolución del ordenamiento jurídico nacional y de la firma y ratificación de tratados internacionales. No obstante, a pesar de este contexto, existe una brecha creciente entre la cantidad de personas con discapacidad que tienen aspiraciones de incorporarse al mundo del trabajo y quienes realmente lo logran.
En 2014, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) publicó un estado de situación sobre la promoción del empleo en Iberoamérica. En el caso de Costa Rica, se indicó que, de acuerdo con datos extraídos del Censo Nacional del 2011, solo el 23% de las personas con discapacidad de entre 15 y 60 años de edad está ocupada (OISS:159). Además, la mayoría de estas personas se emplean más en el sector privado (42%) que en el sector público (15%).
La normativa en Costa Rica atiende aspectos específicos de la situación laboral de las personas con discapacidad, pero no existe un abordaje integral de la misma. Existen medidas afirmativas importantes, tales como la Ley 8862 Inclusión y Protección Laboral para Personas con Discapacidad en el Sector Público o la Ley 7092 que regula el incentivo que se le brinda a los empleadores que contratan a personas con discapacidad. Sin embargo, es muy poco lo que estas políticas públicas logran en relación con la cantidad de personas con discapacidad, en edad productiva, que se encuentran desempleadas.
Además, la ausencia de un abordaje integral tampoco permite resolver las formas de discriminación y exclusión laboral que se dan en contra de las personas con discapacidad. Esta realidad es mucho mayor en el caso de las mujeres con discapacidad.
Esta situación revela importantes retos que la sociedad costarricense debe plantearse, para procurar que la tutela de los derechos humanos de personas con discapacidad tenga un mayor impacto y goce de una mayor efectividad. Entre otros, pueden señalarse los siguientes:
- Debe haber un esfuerzo articulado entre políticas educativas y laborales para personas con discapacidad. Las posibilidades de ocupación laboral están estrechamente vinculadas con una mayor cantidad de personas con discapacidad logrando superar el tercer año de la educación secundaria, su preparación en carreras técnicas de corta duración y su ingreso a la educación superior. En el momento actual, es de suma importancia procurar el acceso real al mundo de oportunidades que brindan instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o las universidades públicas, para educar y formar más cuadros técnicos y profesionales de personas con discapacidad.
- El sistema de cuotas no implica estabilidad laboral para personas con discapacidad. Se requiere fortalecer el cumplimiento de la Ley 8862, pero esta no debe descansar solamente en el cumplimiento del 5% de plazas vacantes en el sector público, sino que se debe trabajar en conjunto con el Servicio Civil, para definir perfiles profesionales y atinencias que favorezcan la estabilidad laboral de las personas con discapacidad en el sector público.
- Las dificultades de acceso de personas con discapacidad al mundo laboral y la eliminación de formas de discriminación hacia este colectivo deben ser abordadas integralmente desde el proyecto de ley de empleo público. De particular importancia merece que este proyecto esté transversado por un enfoque de género y que esté en consonancia con lo establecido en la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, en la Ley 8861 Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley 9379 Promoción de la Autonomía Personal de Personas con Discapacidad.
- En cuanto al sector privado, es importante que las empresas que ocupan a personas con discapacidad lo hagan no solo en el marco del concepto de responsabilidad social, sino como parte de proyectos de ocupación inclusiva.
En el ámbito universitario también se han adoptado medidas afirmativas, para procurar la inclusión efectiva y real de personas con discapacidad. Hasta hace algunos años existían políticas universitarias relacionadas con las denominadas adecuaciones curriculares, como parte de las políticas de admisión a la educación superior o en la realización de actividades de evaluación curricular. En los últimos años, la Universidad de Costa Rica ha avanzado en otras áreas, siendo pionera en varios campos. Estas incluyen el Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin) -orientado a personas jóvenes con discapacidad intelectual-, así como programas de alfabetización digital y, más recientemente, la promoción del empleo de personas con discapacidad en la estructura laboral universitaria.
