Con el propósito de abordar el tema de problemáticas sociales y culturales que enfrentan los pueblos indígenas costarricenses hay que tener en consideración el hecho de que en nuestro país existen ocho grupos étnicos que ocupan o habitan 24 territorios indígenas.
De acuerdo con el Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 104.143 personas (2,4 de la población local) se identifican como indígenas, aunque solo una tercera parte habita en los territorios delimitados legalmente. Existen territorios que poseen graves situaciones de tenencia de la tierra, a pesar de estar demarcados sus territorios por la vía de decretos de Ley.
En los territorios indígena de Térraba del pueblo Teribe- Brörán y Guatuso de los Maleku, el 15% aproximadamente de todas las reservas legalmente delimitadas está en manos de los indígenas, y en el territorio de China Kichá del pueblo Cabécar, la tierra en manos de los indígenas representa el 1% de todo el territorio delimitado vía decreto.
Los pueblos indígenas costarricenses representan el 2,4% de la población nacional y poseen cerca del 7% del territorio terrestre del país. A pesar de no representar un porcentaje muy grande la población nacional ni del territorio nacional tienen una gran importancia con respecto a la biodiversidad del país.
De acuerdo con una investigación de la International Union for Conservation of Nature (UICN) los pueblos indígenas de Costa Rica albergan en sus territorios el 16% de bosques húmedos; 15% de humedales y 5% de manglares, Además, del 3,2% de las playas de anidación de tortugas marinas, el 3,1% de los pastos marinos, el 2,9% de los bosques de páramo y el 1% de los corales de Costa Rica. (UICN 2015).
Cada uno de los 24 territorios indígenas del país tiene procesos históricos culturales particulares que les hacen distintos entre sí. Sin embargo, existen problemáticas sociales y culturales que son compartidas por varios territorios.La tenencia de la tierra ya fue mencionado como una problemática que ha provocado o intensificado los conflictos entre la población indígena y no indígena, lo cual tiene un impacto cultural negativo en las poblaciones indígenas por la importancia de este elemento en la cosmovisión y buen vivir de estas poblaciones.
Los territorios que mejor conservan sus elementos culturales son los de más difícil acceso y en donde se dan realidades de monolingüismo que dificultan las relaciones de las comunidades con instituciones estatales. También en estos lugares se dan índices de mortalidad infantil muy superiores a los del resto del territorio nacional. La cobertura de educación secundaria, técnica y universitaria es mucho más baja en cantidad y calidad que en el resto del país.
En el año de 1977, Costa Rica aprobó la Ley Indígena (Ley 6.172) que implicó reconocer el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios y se encargó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) de resolver el problema de tenencia ilegal de tierras por parte de no indígenas. Se asignó presupuesto, pero las instituciones no solucionaron el problema y este con los años se ha hecho más grave en más de 10 territorios.
El Estado de Costa Rica en el año de 1992 aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en conjunto con la Declaratoria de Derechos Humanos Indígenas de Naciones Unidas son el marco normativo más importante sobre los derechos culturales de estas poblaciones. En el Convenio 169 se establece el derecho a la consulta pero Costa Rica hasta este año adaptó nuestra legislación al crear mediante un proceso participativo con involucramiento de 22 de los 24 territorios, un mecanismo de consulta para los territorios indígenas (Decreto Ejecutivo 40.932 Sobre Mecanismo de consulta indígena en Costa Rica).
Respecto el tema de gobernanza, en la Ley Indígena vigente que es del año 1977, hay una contradicción con el Convenio 169 en cuanto al derecho de autodeterminación y autonomía. En el artículo 2 de la Ley 6.172 se establecen e imponen como gobiernos locales las Asociaciones de Desarrollo Integrales Indígenas (ADIIS).
Hay quizás cinco territorios que se ha apropiado de esta figura impuesta y que la han adaptado a sus contextos culturales y en donde son instancias representativas legal y socialmente. Pero hay más de diez donde esta figura es la figura representativa legalmente pero no socialmente.
El territorio indígena de Térraba ha querido proponer otra instancia de representación tradicional que el Consejo de Mayores pero no se ha podido eliminar la ADII la cual posee varios vicios que se han denunciado relacionados a corrupción, venta ilegal de tierras y que cuenta con miembros que no son reconocidos como indígenas.
A nivel de gobernanza nacional, el Conai no goza de buena imagen y reconocimiento en la mayor parte de los territorios. Además, existe una ONG que se llama la Mesa Indígena que socialmente es más representativa y ha participado en temas de escala nacional como en la Ley de Biodiversidad y otros procesos culturales y ambientales.
El proceso para la construcción del mecanismo de consulta es el primer proceso a nivel nacional que se construye entre el Gobierno y los territorios indígenas, y aunque tardío, es un importante avance en materia de derechos culturales y derechos humanos de poblaciones indígenas. Ahora vendrá vigilar, monitorear y denunciar el cumplimiento de este mecanismo y derecho.
Mucho del deterioro de los elementos culturales tiene que ver con la imposición de políticas y acciones en materia de salud, educación y en otras materias descontextualizadas culturalmente y sin mecanismos de diálogo y consulta. En Costa Rica, hasta este 9 de Agosto, se anunció el proceso para construir la primera Política Pública para Pueblos Indígenas.
Se debe aprovechar el proceso y el momento reciente de la construcción del mecanismo de consulta para crear la Política Pública Indígena, consultarla mediante el mecanismo creado y proponer acciones y consultas en temas de problemáticas sociales como la gobernanza (local y nacional), la tenencia de la tierra y el uso, la gestión de los recursos naturales, el acceso a servicios de salud y educación, y la recuperación y fortalecimiento de elementos culturales.
Procesos participativos en esos y otros temas son urgentes para que cada territorio o pueblo pueda conducir a mejores decisiones que mejoren la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos humanos y culturales de las poblaciones originales de Costa Rica, aportando a la construcción de un país verdaderamente intercultural.
