Para abordar adecuadamente el tema de la migración en el país se debe tener claro -desde un inicio- de que Costa Rica, por su posición geográfica, presenta dos tendencias principales de inmigración.
La primera es que constituye una ruta de tránsito de poblaciones que vienen del sur del continente, y que buscan por múltiples y muy diversos motivos migrar hacia los Estados Unidos. Entre las razones pueden estar la búsqueda de mejor vida y bienestar, la huida de conflictos armados o situaciones de violencia, como la violencia de género, por ejemplo.
Costa Rica no está exenta de esta migración, ya que también expulsa población hacia los Estados Unidos, aunque en una menor cantidad que el resto de los países centroamericanos, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador, los cuales se han visto golpeados humanitaria y económicamente por la política, abiertamente xenófoba y racista, antimigratoria de la Administración Trump.
Esta tendencia que plantea a Costa Rica como una ruta de tránsito terrestre hacia los Estados Unidos se exacerbó a finales del 2015 cuando autoridades costarricenses desmantelaron una red de tráfico de personas, lo cual generó que miles de personas, principalmente originarias de Cuba, quedaran abandonadas entre Costa Rica, Panamá y Colombia.
En el momento más crítico existieron alrededor de 8 mil personas de origen cubano en Costa Rica. En un inicio se les permitió su tránsito hacia Nicaragua, pero este país cerró su frontera con Costa Rica y persiguió a los migrantes con fuerzas de seguridad y gases lacrimógenos. La justificación del momento por parte del Gobierno de Daniel Ortega fue que Costa Rica no comunicó adecuadamente la situación a las autoridades del país vecino, lo que provocó la respuesta represiva.
Sea como fuere la verdad, la situación logró solucionarse a través de la cooperación internacional, mediante un acuerdo de que se enviarían a los migrantes cubanos por medio de transporte aéreo a El Salvador y estos continuarían su trayecto hacia los Estados Unidos por tierra. La causa principal de esta situación fue la anticipación del fin de la Ley de Ajuste Cubano, más conocida como la Política de Pies Secos, Pies Mojados, por parte de la Administración Obama.
Por un momento, la situación de crisis humanitaria pareció empeorar cuando llegaron también migrantes procedentes del continente africano, aunque posteriormente se determinó que la mayoría provenía de Haití, huyendo de la situación política y social, y del terremoto que azotó al país caribeño.
La otra tendencia de migración en el país es la recepción de personas inmigrantes, que, nuevamente, por múltiples y muy distintos motivos deciden emigrar de su país para buscar hacer vida en Costa Rica.
Según un Diagnóstico de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) elaborado en 2017, existen en el país alrededor de 650 mil personas inmigrantes, correspondiente a cerca del 13% de la población (DGME, 2017, p. 22 [a]). Este es un alza de unos 4 puntos porcentuales de lo evidenciado por el Censo Nacional de 2011, que situaba a esta población en el 9% de la población del país (Inec, 2011). De estas 650 mil personas, se calcula que 350 mil son nicaragüenses, correspondientes a un 77,3% para el 2016 (DGME, 2016).
Asimismo, se calcula que de estas 650 mil personas, alrededor de 5 mil se encuentran en condición de refugiados, que por temor a perder su vida no pueden regresar a su país de origen (DGME, 2017, p. 14 [B]). E incluso, se calcula que las personas de origen venezolano llegan a casi 9 mil personas (OIM, 2018).
Este era el panorama de la situación antes de abril de 2018, momento en que se desatan las protestas populares contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, las cuales son respondidas por actos de represión y violencia por las fuerzas de seguridad del gobierno, y grupos afines, provocando la muerte de más de 351 personas (El País, 19 de julio de 2018). Esta situación generó la huida -por claros motivos de violencia y represión- de gran cantidad de población nicaragüense hacia Costa Rica.
A agosto de 2018, Costa Rica recibió 10 mil solicitudes de refugio, aunque se ha detectado que la mayoría provienen de personas ya radicadas en el país que buscan normalizar su situación migratoria. No obstante, solo para junio de 2018 se tenían alrededor de 3000 solicitudes de refugio de personas huyendo de la violencia en el vecino país del norte (Arrieta, 26 de julio de 2018).
La situación es clara, Costa Rica no está a las puertas de una “crisis migratoria” que pone el énfasis en la recepción de población extranjera al país, sobrepasando sus capacidades de acogida. Por el contrario, Costa Rica está frente a una crisis humanitaria producto de la violencia política llevada a cabo por el régimen de Ortega en Nicaragua.
Costa Rica debe cambiar su percepción de que esta “crisis migratoria” es una amenaza a su seguridad nacional, y entender que debe atender esta crisis humanitaria a partir de una visión de derechos humanos y ayuda humanitaria. La ayuda y cooperación internacional son fundamentales en este sentido, ante lo cual la Defensoría de los Habitantes ya se ha pronunciado en este sentido (Madriz, 19 de agosto de 2018).
Un reciente estudio de la OCDE/OIT demuestra que la población migrante en el país aporta alrededor del 12% del valor agregado de la producción que se genera en Costa Rica (OCDE/OIT, 2018). No obstante, lo cierto es que este valor puede ser mucho mayor, ya que la población migrante, especialmente la mayoritariamente nicaragüense, se concentra en empleos de baja tecnificación, y presenta una situación de acceso a los servicios sociales y derechos laborales en el país bastante precaria, así como una desigualdad significativa en el ingreso con respecto a la población nacional.
Esta situación revela un panorama mucho peor para las mujeres migrantes, las cuales reciben menor salario no solo con respecto a la población nacional, sino que también presentan una desigualdad en el ingreso con respecto a la población migrante masculina (OCDE/OIT, 2018). Y si se tiene en cuenta que esta población representa a cerca del 52% de la población inmigrante en el país, y a su vez tiene un nivel de acceso a la seguridad social de apenas un 34%, la situación demuestra ser angustiante (DGME, 2017 [A]). La desigualdad en este país tiene rostro de mujer.
En este sentido, no se puede responsabilizar solamente a las llamadas Fake News de esta imagen desfavorable por parte de la población nacional hacia la población inmigrante.mLo cierto es que estas solo explotaron una situación que evidenciaba ya unos ánimos caldeados previamente. Es decir, las Fake News capitalizaron los prejuicios ya existentes en varios sectores de la población costarricense. No obstante, estas noticias falsas no son las únicas responsables de la situación.
Por años ha existido un manejo irresponsable de muchos de los medios de comunicación de este país hacia la población inmigrante, especialmente hacia la población nicaragüense, y en menor medida la población colombiana y venezolana.
De otra forma no sería posible entender lo que sucedió el sábado 18 de agosto de 2018, por más que se esté sospechando de manipulación de agentes externos para la incitación de esta marcha marcadamente xenófoba y violenta (Villalobos, 20 de agosto de 2018). Esta a su vez, no sólo debe decirse que es xenófoba, sino que también presenta un buen grado de aporofobia, ya que ambas problemáticas, migración y desigualdad y pobreza, por lo general van de la mano.
Esta incitación al odio debe ser un llamado de atención a las autoridades del país para dirigir mayores esfuerzos hacia la sensibilización de las problemáticas que vive la población migratoria en el país, y cuánto realmente aporta al desarrollo y bienestar de Costa Rica.
Sin embargo, también debe entenderse que las manifestaciones de odio también contienen aspectos que deben analizarse, más allá de su incitación inicial por noticias falsas, o prolongada a través de la formación de opinión pública en los medios de comunicación.
En momentos en que el país se encuentra en una crisis fiscal, cuya respuesta ha sido aplicar medidas de austeridad, que detienen el crecimiento económico (Rodríguez, Leitón y Ramírez, 23 de julio de 2018), se frena a su vez la inversión y por lo tanto la generación de empleo y el crecimiento de los salarios. Esto se suma a una situación de mayor desigualdad en el país, siendo el único país de Latinoamérica donde la desigualdad ha aumentado (Leitón, 2017). Todo esto es caldo de cultivo para las explosiones de odio y violencia que ya han empezado a manifestarse en la población.
Costa Rica no está a las puertas de una crisis migratoria, al menos no bajo la óptica de seguridad nacional como se ha querido retratar, sino frente a una crisis humanitaria.
Esta crisis humanitaria debe ser atendida en múltiples frentes: cooperación y ayuda humanitaria internacional para atender la situación en Nicaragua; garantizar el acceso a los servicios sociales por parte de la población inmigrante ya residente en el país; asegurar el acceso verdadero a los derechos laborales de esta población; eliminar todo tipo de discriminación en el acceso a los servicios sociales contra esta población; promover ante la población nacional más y mejores campañas de sensibilización sobre la situación de la población migrante en el país.
Así como simplificar los trámites y mejorar el trato a las personas que busquen normalizar su situación migratoria; atender integralmente la situación de las mujeres migrantes en el país desde un enfoque de género; realizar más y mejores campañas de comunicación para que la población migrante conozca verdaderamente sus derechos; entre otras acciones.
Afortunadamente, las leyes y las políticas públicas desde una visión de derechos humanos ya existen en el país, lo que se debe hacer es ejecutarlas eficaz y eficientemente, evaluarlas, mejorarlas y profundizarlas.
