Las llamadas pruebas caseras para detectar una posible infección de Covid-19 no servirán para justificar ausencias en el trabajo, entre otras cosas, pues el resultado que arrojen debe ser en todo caso confirmado por la ya conocida prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR).
Así se desprende del texto de la propia directriz difundida por el Ministerio de Salud el pasado 24 de diciembre, que permite la importación y eventual venta al público en general de esas pruebas.
Ese documento especifica que estas pruebas caseras o rápidas no se autorizan para hacer viajes a otros países, “no se pueden utilizar como prueba en los centros de trabajo y otros para ausentarse”, pues es necesaria la confirmación posterior “para emitir la respectiva incapacidad u ordenamiento sanitario de aislamiento”.
También puntualiza que “las pruebas no tienen validez legal ni diagnóstica, por lo que no pueden ser utilizadas como requisito de ningún tipo”.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Por un lado, desde el sector empresarial se aplaude y más bien se considera que se tomó mucho tiempo en tomar esa decisión, por otro, el sector científico como el Colegio de Microbiólogos alerta sobre un eventual sub reporte de casos positivos, así como el problema de que población no capacitada tome muestras para ser analizadas.
No sustituye la PCR
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Salud el pasado 24 de diciembre, las llamadas autopruebas autorizadas para la comercialización y uso, serán las que cuenten con registro sanitario o con una autorización temporal de ingreso de ese Ministerio, y “aplica únicamente” a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o autorizadas por “autoridades reguladoras estrictas”, como la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).
Los parámetros exigidos por el Ministerio de Salud establecen que las pruebas deben tener una sensibilidad -es decir, la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo si realmente la persona tiene la enfermedad- igual o mayor a 80%; así como una especificidad -la probabilidad de que los resultados de una prueba sean negativos si realmente no se tiene la enfermedad- igual o mayor al 95%.
“La persona que obtenga un resultado positivo de esta prueba debería autoaislarse, de igual forma debería acudir a un servicio de salud para verificar por RT-PCR su resultado, así como para determinar los ordenamientos sanitarios”, aseguran las autoridades de salud.
Pilar Salas, presidenta del Colegio Microbiólogos afirmó que esa entidad no está de acuerdo con la venta irrestricta y reclamó que “ni siquiera nos tomó en cuenta el Ministerio de Salud”.
“En Costa Rica no tenemos cultura de ese tipo de prueba, la población es posible que no la sepa utilizar bien y si al final tiene que ir a un laboratorio para que sea oficial el resultado, entonces mejor ir directamente al laboratorio”, aseveró.
“Creo que hubo una presión desde el punto de vista económico” expresó la microbióloga y apuntó al mismo tiempo que el sistema de salud de Costa Rica ofrece una red de laboratorios públicos y privados que ofrecen las pruebas en todo el país, “en otros países se aplica muy bien porque gente no tiene acceso al laboratorio, pero en nuestro caso, ¿para qué?”.
Salas subrayó la importancia del proceso de recolección de la muestra para realizar este tipo de pruebas. “Usted puede tener la mejor tecnología, pero si no toma bien la muestra, el resultado no es válido”, afirmó y añadió que entonces esa toma de la muestra debe ser realizada por personal capacitado, como asistentes de laboratorio.
También llamó la atención a que el uso generalizado de las pruebas caseras o rápidas incida en un subregistro de casos positivos. Al respecto cuestionó: “alguien que tiene que trabajar, porque de lo contrario no come, ¿va a reportar que está positivo sin síntomas?, el Ministerio de Salud va a perder el control de trazabilidad. Le pueden decir a una persona que se auto aísle, pero ¿Qué pasa si no puede dejar de trabajar?”.
Sin embargo, la especialista subrayó que “no nos oponemos del todo”, pues ve positivo que ese tipo de pruebas se apliquen en poblaciones cautivas, como el personal de una empresa, siempre y cuando la toma de las muestras, insistió, se lleve a cabo por personal capacitado.
Una posición más abierta expresó el docente e investigador en biotecnología del Instituto Tecnológico (TEC) Miguel Rojas, para quien las preocupaciones sobre subreporte de casos positivos o mala aplicación representan “las mismas preguntas que se pueden hacer en Estados Unidos o Alemania -donde ya se aplican-, ese es el riesgo de ese tipo de pruebas”.
Rojas si fue reiterativo en enfatizar que estas pruebas rápidas o caseras son “de carácter predictivo y no sustituyen la PCR. Es necesario confirmar los resultados, sobre todo ante nuevas variantes”.
“Es importante que se tenga la posibilidad de contar con pruebas a las que la ciudadanía tenga acceso, pero es extraordinariamente importante que siempre se realice la prueba confirmatoria con la PCR”, subrayó.
El científico consideró que este tipo de exámenes puede ayudar a controlar que los casos no se disparen en ciertas poblaciones de localidades o empresas.
“Excelente estrategia”
Desde el sector empresarial, Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio, manifestó que la introducción de las pruebas caseras o rápidas es un tema que “hemos valorando y solicitado desde hace muchos meses a las autoridades de Salud, es una excelente estrategia de contención del virus”, al tiempo que señaló que “a este país desde el inicio de la pandemia ha hecho falta el testeo masivo”.
Rosabal expresó que el país tiene “el gran impedimento” de que la mayoría de costarricenses “están imposibilitados” para hacerse la prueba PCR, por un lado porque, según dijo, en los servicios de salud del Estado ese examen “no se realiza si la persona no presenta síntomas evidentes, entonces no queda opción más que ir a un laboratorio privado, pero la PCR puede costar más de ¢40 mil, que la mayoría tal vez no está en capacidad de costear”.
A ello sumó que hoy en día el país y el mundo se enfrentan ala variable Ómicron, aparentemente más leve en los síntomas que presenta, “creemos que es mucha la cantidad de costarricenses que lamentablemente podrían dar positivo, pero nunca lo sabremos porque no han querido hacerse la prueba por presentar síntomas leves o ninguno del todo”.
Por ello, consideró que la posibilidad de hacer pruebas rápidas, a pesar de que no son “tan certeras” como la PCR, ofrece una “excelente manera de que de forma rápida se pueda conocer a ciencia cierta si la persona probablemente tiene el virus”.
Por todo ello, dijo estar “totalmente de acuerdo con la medida” y añadió que mas bien “le agarró tarde al gobierno”.
Según informó, hay “muchas empresas” que están por iniciar el trámite para contar con permisos para importarlas, pero “va a depender de la agilidad de Salud” para otorgarlos permisos.
Aprovechó para hacer un llamado a que esas autorizaciones se aprueben a más tardar en una o dos semanas, “eso permitirá tiempo suficiente a las empresas para importar y que las pruebas estén al alcance de la población”.
El empresario indicó además que “éste es el momento en que más nos conviene que en todo el territorio nacional se lleve a cabo un testeo masivo, para ver el impacto de la variante Ómicron sobre el país en temas como las expectativas de los servicios hospitalarios y otros relacionados”.
Se consultó al Ministerio de Salud sobre la posibilidad de que haya errores en la aplicación de estas pruebas caseras, así como de que se de un subreporte de casos. A través de la oficina de prensa las autoridades de Salud se limitaron a manifestar que por ello el lineamiento emitido “establece que la persona que obtenga un resultado positivo de esta prueba debería autoaislarse, de igual forma debería acudir a un servicio de salud para verificar por RT-PCR su resultado, así como para determinar los ordenamientos sanitarios”.
Además se informó que aún no se han aprobado importaciones de este tipo de pruebas, cuyo costo al público en Estados Unidos en estos momentos varía entre $10 y $40.
