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CGR propone que, con nueva ley, algunos empleados públicos ganen menos que los entrantes

En criterio sobre proyecto "Ley Marco de Empleo Público", la entidad contralora sugiere restringir traslado de salarios inferiores hacia un eventual salario único, pues aduce que esto generaría un impacto a corto plazo en el fisco.

La Contraloría General de la República (CGR) sugirió a los diputados la posibilidad de que el salario de los actuales trabajadores públicos sea menor que el que ganarán los nuevos funcionarios en el futuro en la misma categoría laboral, en un escenario en que se aplique como ley lo que ahora se tramita en el proyecto de «Ley Marco de Empleo Público», expediente 21.336.

En el oficio 18522-2020, la entidad contralora ve posible que se limite a los funcionarios actuales migrar al salario global único que propone el proyecto de ley, en el caso de que esos trabajadores tengan una remuneración inferior en el momento de la eventual entrada en vigor de la ley.

La posibilidad de trasladarse al salario uniforme sería posible «en tanto resulte viable conforme a las posibilidades financieras de la Administración, ligado con el comportamiento de la deuda del Gobierno Central», se lee en la carta que enviaron el martes Luis Diego Ramírez González, gerente de la División Jurídica de la Contraloría, y Amelia Jiménez Rueda, gerente de División de Fiscalización Evaluativa y Operativa de la institución.

Esa sugerencia hace la CGR al alertar que, si no se limita esa migración voluntaria hacia un salario único, ese proyecto de ley tendría un costo financiero inmediato. Ramírez y Jiménez calculan que el gasto público en 30 instituciones subiría en rango de entre 0,1% y 12,8%, con un impacto cercano a ¢18.800 millones.

Para evitar ese efecto es que los mandos de la CGR proponen restringir la homologación a los funcionarios actuales.

«Lo anterior no sólo permitiría contar con criterios objetivos y técnicos para la toma de decisiones sino que guardaría coherencia con los esfuerzos de saneamiento de las finanzas públicas ya introducidos mediante la Ley n.° 9635 (reforma fiscal aprobada en 2018). Así, los traslados voluntarios podrían permitirse únicamente cuando la deuda del Gobierno Central sea inferior al 60% del PIB, de lo contrario no existirá la posibilidad del traslado.», dice el oficio.

Por ello la CGR advierte a los diputados sobre la necesidad de tener a mano toda la información antes de la aprobación de la ley, para asegurar que se proponga una transición viable en lo jurídico y lo económico, ahora que el país atraviesa un fuerte desequilibrio fiscal que motiva el impulso a ese proyecto sobre empleo público.

El plan, que cuenta con el apoyo del Gobierno, intenta estandarizar los diferentes regímenes salariales de la Administración Pública, para que a mediano plazo se extingan las disparidades y los desequilibrios actuales entre distintas instituciones estatales e incluso dentro de algunas de ellas.

Con ese objetivo la propuesta menciona la posibilidad de congelar las remuneraciones superiores al salario único, hasta que el crecimiento progresivo de este las alcance y comience a crecer de manera homologada.

Aunque en un principio la propuesta de salario único era solo para nuevos funcionarios, la discusión en la comisión legislativa de Gobierno y Administración abrió el espacio para que se incorporaran a los trabajadores públicos actuales, con el fin de aumentar el efecto fiscal del proyecto.

Considerando la posibilidad de que una parte de la masa laboral del Estado quedara por debajo del salario único para su categoría, los legisladores incluyeron la opción de migrar a ese salario en un plazo de seis meses, lo que evitaría que los recién contratados superen en remuneración a los actuales. Esa es, precisamente, la alternativa sobre la que alerta la Contraloría.

El proyecto fue dictaminado de manera favorable por esa comisión el 10 de noviembre, aunque aún recibe criterios como este de la CGR para eventuales modificaciones en su etapa siguiente, la discusión en plenario, con la previsión de que el Poder Ejecutivo lo incluya en la agenda a partir de diciembre.

En este mes comienza el período de sesiones extraordinarias en que controla los temas que se discuten en el Congreso, entre los que están el controversial proyecto, que necesitará dos terceras partes de los votos legislativos para ser aprobada, por un criterio de esta semana de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

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