Una de las principales banderas del gobierno de Luis Guillermo Solís, la de la ética, está bajo cuestionamiento por un sobre pago a la viceministra Ana Gabriel Zúñiga y el mandatario ha querido salir a aplacar cualquier olor a palabra “corrupción”. O al menos eso intenta.
Lo hizo esta mañana mediante una inusual declaración leída ante la prensa, tres días después de que el sitio web ElMundoCR denunciara que Zúñiga, viceministra de la Presidencia, recibe ilegalmente un complemento salarial por concepto de “prohibición”.
Aunque la primera reacción de a Presidencia fue defender la legalidad de ese pago, en la mañana de este jueves el mandatario se anticipó a las preguntas de la prensa, sacó un papel escrito y tiró tres noticias: no le pagarán más ese rubro completo hasta no tener clara su legalidad, ella estaría dispuesta a devolver todo lo que ha ganado de más en casi tres años y este Gobierno se declara bajo ataque de opositores que quieren achacarle corrupción donde no la hay, dijo.
Solís no se mostró demasiado dispuesto a las críticas en esta ocasión. “Sabemos que están desesperados e intentan señalar trochas de corrupción donde solo hay puentes de amor”, dijo con un aparente indirecta al proyecto de carretera fronteriza atomizado de aparentes actos corruptos durante el gobierno anterior.
“Es evidente la desesperación de algunos ante la constatación de que no hay actos de corrupción en 32 meses de gobierno”, añadió antes de citar otros logros que se atribuye para su gestión y de mencionar que está dispuesto a recibir críticas.
“Sabemos que seguirán buscando fantasmas en sus propias sombras”, dijo al final de su alocución ante los periodistas, sin entrar en los detalles que se le cuestionan a la aplicación del sobresueldo por prohibición.
En resumen, Zúñiga no debería ganar ese un 65% adicional (más de 800.000 mensuales según la publicación de la denuncia) porque no tiene el grado de licenciatura en Derecho, lo cual la inhabilita de por sí a ejercer su profesión. Es decir, que se le paga por someterse a una prohibición que, de por sí, la tiene por su grado académico limitado. Lo señaló al diario La Nación la procuradora general adjunta Magda Inés Rojas.
En su defensa se adujo que el beneficio no fue solicitado por ella, sino otorgado en automático por su cargo de viceministra. Además, presentaron criterios jurídicos de la Procuraduría que harían legal ese beneficio.
Ante las dudas, prefirieron suspenderlo y solo seguir pagando un adicional de 45% sobre el salario base, en lo cual hay certeza jurídica. Lo anunció el presidente ahora que sacó días de vacaciones Zúñiga Aponte, procedente de un grupo interno en el Partido Acción Ciudadana (PAC) llamado “Juventud Progresista”.
El mensaje escrito de Solís está contenido en una noticia del sitio oficial de Internet bajo el título: “Un Gobierno efectivo y honesto desespera nuestros detractores”.
