“A como está, la ley de cáñamo es inaplicable, por circunstancias de orden técnico”, declaró Walter Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Espinoza acudió a una convocatoria de los diputados para realizar un balance de situaciones de seguridad nacional, en el que se refirió a reformas que en su criterio se deben realizar para mejorar la actividad de investigación criminológica. En este panorama, externó su visión de que el país “tenía un problema” con el tema de la ley de cáñamo.
Durante su trámite final ya el expediente había generado polémica. El proyecto de ley 21.388, “Ley de Producción de Canabis y Cáñamo para usos medicinales” fue aprobado en primera instancia el 13 de enero de este año, pero el entonces presidente Carlos Alvarado lo vetó por temas relacionados con el autocultivo y licencias. Los legisladores le realizaron ajustes y lo volvieron a aprobar, para que esta vez el presidente Alvarado lo firmara el 2 de marzo como la ley 10.113.
Espinoza consideró que con la ley vigente, se van a afectar los intereses comerciales de quienes se dedicarán a la actividad en forma lícita, o se va a producir una legalización indirecta de la marihuana. “El que se dedica a la actividad de manera ilícita se va a beneficiar”, dijo.
Explicó que el problema detectado por los técnicos de OIJ consiste en que cuando los legisladores incluyeron la definición de lo que era cáñamo, para diferenciarlo de canabis, incluyeron elementos activos que prácticamente son indetectables, entre ellos, el delta 8, “que solo existe en la literatura” y el delta 10 “muy difícil de distinguir”.
Aseguró que si se realiza un operativo, sería necesario indicar si se trata de cáñamo (actividad legal) o marihuana (actividad ilegal). “El OIJ no va a poder decir si es delito o si no lo es, no vamos a tener elementos para diferenciar. Y es algo que no nos corresponde, el Estado es el que debería definir eso con claridad”.
Espinoza abogó por una revisión a esta ley, en la que se considere la participación del personal de química analítica del OIJ.
