El presidente Rodrigo Chaves encendió el foco de discusión pública sobre el futuro del frustrado proyecto minero Crucitas, al realizar el sábado una visita a la finca ubicada en la frontera norte del país, mirar las señales de posible continuación de la extracción ilegal de oro y recoger las inquietudes de dirigentes comunales de esta zona del cantón San Carlos.
Chaves hizo y divulgó su visita sin hacer público planteamiento alguno sobre su propuesta de manejo de la finca, 13 meses después que Costa Rica salió favorecida con la resolución de un arbitraje internacional con el cual la empresa minera canadiense Infinito Gold pretendía una indemnización por $400 millones, debido a la cancelación del proyecto impulsado durante el gobierno de Óscar Arias.
Tras la constatación de actividades de mineros ilegales en la finca de Crucitas, la contaminación con químicos peligrosos para el ambiente y las personas, y la tentación de reactivar el proyecto para aprovechar el metal que ahí yace, el debate público sigue abierto y el presidente Chaves aportó fotografía, la de él caminando por la finca junto a sus ministros de Seguridad y Ambiente.
Aunque cuatro años atrás el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, también visitó el proyecto, en esta ocasión es el propio mandatario Chaves el que hizo girar los reflectores a la finca llamada Vivoyet.
“Vimos de nuestros propios ojos tres excavaciones de anoche, así que el tema no está resuelto y debemos trabajar desde hoy mismo en solucionarlo”, dijo Chaves sobre operaciones ilegales en un comunicado de prensa que no indica posibles soluciones.
Pese a que, por el momento, no hay un plan hecho público, la Federación Costarricense para la Conservación (Fecon) observa “señales” sobre una posible reactivación de un megaproyecto minero en esa finca, con todo y los riesgos ambientales señalados en la sentencia del 2010 que se trajo abajo la concesión a Infinito Gold.
“Aunque no sea algo explícito, hemos visto señales de un interés por explotar esa zona, quizás por un mal asesoramiento del Gobierno por el Colegio de Geólogos”, dijo Henry Picado, vocero de Fecon, quien cuestionó la cifra dada por Chaves como posible valor económico del oro que ahí yace, cercano a $20.000 millones, en lugar de los $2,500 que ha señalado la Dirección de Geología y Minas.
Picado indicó que el Gobierno aún no ha respondido a la Sala Constitucional tras un fallo del 2021 sobre los planes para atender los perjuicios ambientales por los químicos utilizados por la minería informal.
Además señaló “paradójico” que las aparentes señales de Gobierno por reactivar minería en Crucitas se produzcan mientras se observan efectos ambientales de la ruptura de la laguna de aguas mineras en Abangares, este pasado fin de semana.
“En Crucitas sería de mucho mayor tamaño esa pila de deslave, con un peligro muy grande de impacto al ambiente en nuestro país y al otro lado de la frontera, lo que traería acusaciones de parte del país vecino”, agregó.
El comunicado de Presidencia cita datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) de junio de 2022 sobre afectación en 24 fincas por la minería informal en la zona, para un aproximado de 55 hectáreas, además de cálculos de que entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 se extrajo oro por un valor en el mercado de $197,4 millones.
