Este martes, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó una denuncia penal en contra del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Rodolfo Méndez Mata, dos funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones y los responsables de la empresa holandesa APM Terminals.
Villalta acusa a APM de “fraude o estafa en perjuicio de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva)” y a todos los funcionarios públicos de “incumplimiento de deberes, prevaricato e influencia en perjuicio de la Hacienda Pública”.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Villalta explicó que solicitará una audiencia con la fiscala Emilia Navas para presentar la investigación. Para este artículo, el diputado ofreció copia de la denuncia y, además, copias de la prueba recopilada.
“APM Terminals estaría utilizando información falsa para defraudar al Estado costarricense y desviar toda la carga de contenedores del Caribe hacia su terminal, perjudicando a Japdeva. Esto con la complicidad y complacencia del MOPT, y del Consejo Nacional de Concesiones porque incumple con sus obligaciones de verificación y fiscalización”, afirmó Villalta.
Para el 2019, Japdeva proyectó una disminución de sus ingresos “por servicios de carga y descarga de un 21%”. La concentración de buques con cargas afectó esa proyección y, por lo tanto, el presupuesto solicitado al Ministerio de Hacienda. La denuncia aduce que la pérdida será “soportada por la Hacienda Pública”.
Lea también: Japdeva tiene un hueco financiero de ¢2600 millones al mes
Fraude
La denuncia describe que existen contradicciones en el contrato de concesión firmado con la multinacional APM y dos oficios firmados por el ministro Méndez Mata, ambos sobre el “tipo” de portacontenedores que ingresa a la Terminal de Contenedores en Moín (TCM).
Según el contrato, la TCM “será la única encargada de atender barcos portacontenedores fully-cellular container ships”.
“Es un tipo de barco de carga especial, más grande, que tiene una estructura de celdas y sin grúas propias. Son barcos de carga más grandes y el contrato establece exclusividad para manejar esos barcos, no todos los barcos de contenedores”, aseguró Villalta.
En febrero del 2019, el ministro de Transportes emitió un criterio para definir el concepto de “buque tipo fully cellular container ship”. Méndez Mata defendió que ese tipo de buques “no podrán ser atendidos en otra terminal ajena a la Concesión” pero escribió que no será el único tipo de buque que atienda la TCM.
Sin embargo, el 7 de marzo, el entonces apoderado de APM Terminals Kenneth Waugh, presentó al MOPT y JAPDEVA una certificación notarial con 87 naves “en donde se concluye con absoluta claridad que todos y cada uno de ellos son fully cellular container ships, tal y como lo exige el Contrato de Concesión”.
De esas 87 naves certificadas como fully cellular, la investigación del Frente Amplio identificó que 38 de ellas aparecen en los registros de JAPDEVA como otros tipos de buques más pequeños (container, full container, container carrier, reefer container).
“Un barco no puede ser de un tipo y de otro. Tiene que ver con su estructura y diseño”, aseveró Villalta.
La denuncia describe que el MOPT aceptó esa lista sin contrastar con la información que los capitanes de barco o encargados legales aportan cuando arriban al puerto.
“JAPDEVA es, por ley, la autoridad encargada no solamente de dar el servicio de carga y descarga a los barcos, sino de recibirlos, hacer la visita oficial y ver sus papeles. El MOPT le quitó esas funciones de autoridad portuaria a JAPDEVA”, explicó el frentamplista.
El diputado añadió que presentaron esa última decisión del MOPT para ser impugnada en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Incumplimientos del MOPT
Villalta sostiene que el MOPT no ha realizado “visitas oficiales”, es decir, una revisión individual de cada portacontenedor que llega a la Terminal de Moín.
“Todo se lo dejan a APM Terminals. Eso tiene impacto en los controles aduaneros, sanitarios, migratorios. Eso antes lo hacía JAPDEVA en coordinación con las autoridades. Sabemos que en abril dejaron de hacer las visitas oficiales”, afirmó Villalta.
La denuncia asegura que la “conducta fraudulenta” de APM ha sido “posibilitada y facilitada por el incumplimiento de deberes de las autoridades competentes”. Es decir el jerarca del MOPT y los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones mencionados en la denuncia (Paola Benavides como secretaria a.i. del Consejo y Manuel Serrano, gerente del proyecto de la TCM).
