Ministerio de Hacienda investiga supuesta evasión fiscal por 4.200 millones por parte de dos empresas de Vargas Rohrmoser.
El vicepresidente del Grupo Nación, Fernán Vargas Rohrmoser, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y una queja ante el Ministerio de Hacienda por declaraciones que dieron el director de la Policía de Control Fiscal y otros funcionarios a varios medios de prensa, entre ellos el periódico del cual él es accionista.
Así lo confirmaron a UNIVERSIDAD las oficinas de prensa de la Sala Constitucional y del Ministerio de Hacienda.
Las declaraciones a la prensa de los funcionarios de Hacienda fueron dadas luego de que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios-Aduaneros y Propiedad Intelectual allanó las oficinas del bufete Lex Counsel, el pasado 13 de abril.
El operativo realizado en conjunto con las secciones de Delitos Económicos y Financieros y Delitos Informáticos, del OIJ buscó recabar información sobre las actividades y transferencias de dinero efectuadas entre tres sociedades anónimas, dos en Costa Rica y una en Panamá, todas relacionadas a Vargas Rohrmoser.
Se trata de las firmas costarricenses Orax S.A. y Torre Verde del Alba S.A. y de la firma panameña Cumberdos S.A.; las pesquisas judiciales señalan que estas empresas habrían girado grandes sumas de dinero a Panamá que debían pagar un 15% de tributos y no lo hicieron.
Según la investigación, por esta vía se habrían evadido impuestos por cerca de ₡ 4.200 millones al Estado costarricense y por esa razón la administración Tributaria interpuso un denuncia penal en contra de Vargas Rohrmoser y las dos empresas costarricenses mencionadas, el 16 de enero del 2015.
En esa oportunidad, Carlos Tiffer, abogado de Vargas Rohrmoser y de sus empresas en este proceso, señaló que se trata de un diferendo con la administración tributaria con respecto a unos fondos que fueron transferidos y aclaró que Grupo Nación como empresa no está involucrado en el asunto.
Amparo y queja
El pasado 18 de abril, cinco días después del allanamiento al bufete Lex Counsel, Fernán Vargas Rohrmoser y las empresas Orax S.A. y Torre Verde del Alba S.A. presentaron un recurso de amparo en contra del Ministerio de Hacienda, solicitando que el ministro, Helio Fallas, y el director de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespín Muñoz, aporten explicaciones sobre la información ofrecida a diferentes medios de prensa.
En su recurso de amparo, Vargas Rohrmoser alega que, durante el allanamiento, los funcionarios de la Policía de Control Fiscal (PCF) entregaron y divulgaron a la prensa información confidencial y que por ello se afectó su derecho a la intimidad, presunción de inocencia y su imagen.
El recurso cuestiona las declaraciones ofrecidas por el jefe de investigación de la PCF, Juan Pablo Granados, y por director de la PCF, Irving Malespín Muñoz, a diferentes medios de prensa escrita, televisiva y web.
La cobertura periodística que efectuaron los distintos medios de prensa acerca del allanamiento al bufete del vicepresidente de La Nación, fue similar, en forma y contenido, a la que desde hace décadas ese mismo medio de prensa publica sobre allanamientos y otros procesos judiciales que afrontan las empresas y ciudadanos en Costa Rica que son investigadas por el Ministerio Público.
Sin embargo, en su recurso de amparo, Vargas Rohmoser alega que las declaraciones del director de la PCF a la prensa lo presentaron ante la opinión pública “como un defraudador” y que dio por un hecho la existencia de un delito, lo cual solo puede hacer un tribunal tras realizar un juicio y demostrar la culpa correspondiente.
UNIVERSIDAD intentó obtener el punto de vista de Carlos Tiffer, abogado de Fernán Vargas Rohrmoser, pero su secretaria senaló que se encontraba fuera del país. Este semanario le envió un correo electrónico, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta del abogado.
Un trío millonario
La investigación judicial que culminó en el allanamiento de la oficinas del vicepresidente del Grupo Nación , Fernán Vargas Rohrmoser, gira alrededor de las transacciones efectuadas entre Costa Rica y Panamá por las firmas Orax S.A., Torre Verde del Alba S.A. y Cumberdos S.A.
En enero del 2014, la administración Tributaria inició un proceso de fiscalización sobre las operaciones de Orax S.A. y Torre Verde del Alba S.A. en donde se investigaron los periodos entre los años 2010 y 2014.
En enero 2015, como resultado de esa investigación, la Tributación presenta una denuncia penal por la supuesta infracción al artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
El artículo 92 se relaciona con quienes induzcan a error a la Administración Tributaria, mediante simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma de engaño idónea para inducirla a error, con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, una exención o una devolución en perjuicio de la Hacienda Pública.
Las investigaciones de Hacienda señalan que las tres compañías se utilizaron para montar un esquema entre Costa Rica y Panamá que supuestamente permitió la evasión de ₡4.200 millones al fisco costarricense.
El 12 de abril del 2016 la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios-Aduaneros y Propiedad Intelectual solicitó al Juzgado Penal de Hacienda una orden de allanamiento, registro, secuestro y examen de documentación
privada de su oficina en el Bufete Lex Counsel, en donde tiene sus oficinas el vicepresidente de Grupo Nación, Fernán Vargas Rohrmoser.
