Fernán Vargas Rohrmoser, vicepresidente del Grupo Nación, logró un acuerdo el pasado 23 de noviembre y aceptó pagar más de ¢500 millones en una salida alterna al proceso judicial, en una investigación por fraude a la hacienda pública contra la empresa Orax S.A., de la cual también es vicepresidente.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó información divulgada por el Diario Extra, sobre que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó que la causa seguida por ese delito en contra de representantes de Orax S.A. “concluyó con una salida alterna al proceso, avalada por las partes afectadas: el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República”.
Esa salida alterna se consumó el pasado 23 de noviembre, cuando se llevó a cabo una audiencia temprana solicitada por la defensa de los imputados.
Se informó además que aún no se había confeccionado la acusación, sino que “la defensa pidió la realización de una audiencia temprana para proponer su deseo de optar por una salida alterna al proceso penal. Todas las actuaciones fueron apegadas a la legislación”, indicó oficina de prensa del Ministerio Público.
El acuerdo incluyó la reparación integral del daño, de manera que se especificó que no se trata de una conciliación.
Ello significó que Orax S.A. presentó un plan reparador en condiciones que fueron aceptadas por las mencionadas partes afectadas. Es decir, la empresa “debió cancelar los impuestos adeudados, los intereses, las multas y el daño social, por un monto superior a los quinientos millones de colones, además, realizar una publicación en un medio de comunicación”.
Esa publicación se hizo el sábado 26 de noviembre en el diario La Teja propiedad del Grupo Nación, y allí se consigna que realizó el pago de “tributos, intereses, multas y daño social adeudados a la Hacienda Pública”, por un monto de ¢502.459.004. Especifica que tal pago se dio “como reparación integral del daño dentro del proceso penal expediente judicial No. 15-1-618-PE, seguido en su contra”.
Desde el Ministerio Público se informó que los acuerdos ya fueron cumplidos, por lo que ahora procede que el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, dicte el sobreseimiento definitivo de la causa, “ya que al cumplirse la reparación pactada, se extingue la causa penal”.
Consultado sobre el tema el abogado de Vargas Rohrmoser, Carlos Tiffer señaló que la vocería del tema se delegó en Comunicaciones Orax, desde donde señalaron vía correo electrónico que:
“La empresa Orax ha decidido llegar a una solución alterna al proceso judicial del que se hace mención. Esto no debe ser interpretado como una aceptación de un aparente fraude tributario, ya que este es un delito y en este caso no existe ninguna sentencia en firme en contra de Orax, o sus representantes. Por respeto al proceso y a las partes involucradas, Orax no se referirá más a este asunto.”
El caso de Vargas Rohrmoser se suma al del acuerdo de pago al que llegó la empresa La Nación S.A. tras una investigación por defraudación fiscal en la que habría apelado a la venta simulada de dos rotativas.
En ese caso, la investigación judicial señalaba que La Nación S.A. representada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría habría simulado la venta de dos rotativas antiguas y ya depreciadas a una firma de Belice llamada Capital Leasing Corporation constituida por su primo hermano, Carlos González Jiménez.
PAPELES DE PANAMÁ
La empresa Orax S.A. apareció vinculada a las actividades del extinto bufete panameño Mossack Fonseca cuando en abril pasado UNIVERSIDAD hizo la amplia denuncia del escándalo ya conocido como los Papeles de Panamá.
Ese caso se remonta al 2007, cuando la corporación costarricense Aldesa utilizó los servicios de la firma legal panameña para crear en ese país un fondo que pudiera emitir deuda pero sólo para inversionistas costarricenses.
Se trató del fideicomiso de garantía Monte del Barco, propiedad de la empresa Monte del Barco Real Estate Corp. Ese fondo existió durante un año, pues al cabo de ese tiempo una reforma reglamentaria en Costa Rica hizo que ese proyecto regresara al país.
La información filtrada en los Papeles de Panamá reveló que Aldesa solicitó a Mossack Fonseca encontrar un mecanismo legal para emitir bonos de deuda para los inversionistas costarricenses, pero sin dejar registro en el sistema público panameño.
Así, entre esos registros de inversionistas apareció Fernán Vargas como representante legal de Orax S.A., con $100.000.
