Los seis partidos que ganaron representación en la primera ronda colocaron o vendieron bonos de deuda política por más ₡2.474 millones entre personas físicas interesadas en apostar o entre personas jurídicas como forma de pago por servicios.
Entre los principales compradores de bonos de la pasada campaña electoral está el vicepresidente de Purdy Motor con el Partido Liberal Progresista, Javier Quirós, con ₡595 millones y el dueño de Pedregal, Rafael Ángel Zamora, que inyectó ₡345 millones a la campaña de Nueva República.
Quirós también donó al PLP ₡195 millones. Este financiamiento permitió a la agrupación escalar en las encuestas y obtener seis curules y convierte a Quirós en el principal financista de campaña, entre las personas físicas.
Eliécer Feinzaig, consultado por UNIVERSIDAD, aseguró que el financiamiento venía “sin condiciones” y que cuando el empresario lo contactó le dijo estaba cansado de poner un poco en cada partido “para tratar de estar bien con todos”.
En cuanto al dueño de Pedregal, el Diario Extra reportó que tuvo acceso a una sentencia judicial que embargó los bonos obtenidos por parte de Nueva República. Zamora también fue condenado por varios delitos ambientales, se le sentenció a pagar ₡184 millones al Estado por los daños provocados y a dos años y seis meses en prisión de los que se libró por el beneficio de ejecución condicional de la pena.
También destaca como el principal comprador de bonos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con bonos por ₡23,5 millones, el asesor corporativo, Benjamín Vargas, que ha ocupado puestos de cabecera en Cuestamoras, Fundación CRUSA y la Fundación Yamuni Tabush.
Y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) puso en la mira a compradores poco conocidos que han sido cuestionados por desconocerse el origen de su capital. Véase a nota a parte: “Tres desconocidos compraron ₡636 millones en bonos de Rodrigo Chaves”.
Los certificados de cesión o bonos de deuda política son uno de los mecanismos de financiamiento de partidos políticos en el que los compradores se arriesgan, de forma parecida a una apuesta, a darle dinero a los partidos con la expectativa de un retorno mayor que depende del porcentaje de descuento y el acceso a la deuda política al que tenga acceso el partido por el que apostó.
Es un mecanismo valorado como “perverso” por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por facilitar las donaciones encubiertas, entre otras razones.
Los bonos también se pueden utilizar para pagar servicios, a sabiendas de que la persona que los recibe como forma de pago también corre el riesgo de perder el dinero si el partido no alcanza superar el 4% de votos o conseguir una curul en la asamblea, este no es el caso de los seis que serán representados en la asamblea porque todos recibirán deuda política.
Por ejemplo, tres partidos (PPSD, PLP y NR) dieron a la Cadena Radial Costarricense bonos que ascienden los ₡97.8 millones, mientras que Televisora de Costa Rica recibió certificados por ₡61.7 millones del PLP y el PUSC como medio de pago.
También recibieron bonos como medio de pago Lisette Ramírez Quirós, el principal monto de colocación que reporta el Frente Amplio (FA) con ₡20 millones, y Massimo Esquivel, quien recibió ₡30 millones por el pago de monitoreo de automóviles durante el día E del PPSD.
El PPSD es el partido con mayor recaudación de fondos de campaña por medio de este mecanismo con cerca de ₡1.220 millones en el valor de los bonos, la gran mayoría vendidos con un 40% de descuento, seguido por el Partido Liberal Progresista (PLP) con colocación de bonos por ₡752 millones, con un descuento del 15%.
Estos dos partidos también son los que lograron representación en la Asamblea Legislativa sin acceso al financiamiento bancario. Por otro lado, el Partido Liberación Nacional solo entregó los bonos que funcionan como garantía del préstamo bancario que le otorgó el BCT por ₡4.400 millones.
Además de un préstamo de ₡500 millones con el BCT, el Frente Amplio obtuvo ₡83,5 millones de venta de certificados y Nueva República entregó como garantía certificados a cambio del préstamo de ₡3 mil millones de Promérica. El restante de certificados de NR fue por ₡384 millones.
