Ante los hechos violentos que se registraron durante altas horas de la noche en el territorio indígena cabécar de China Kichá, el viceministro de Seguridad Eduardo Solano afirmó que él y el viceministro de Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola se apersonaron al sitio porque “según la información que teníamos, pudimos hacer la lectura de que iba haber conflictividad y violencia en la noche”.
De hecho, como ya se informó, la violencia contra la recuperación en Yuwi Senagló llegó al punto que la Fuerza Pública lanzó gases lacrimógenos dentro del territorio, incluso en el sitio en recuperación.
Solano relató que al llegar ambos funcionarios “lo primero que quisimos hacer fue llegar al diálogo, a una solución, pero no pudimos encontrar un acuerdo entre las partes”.
Añadió que al llegar al sitio ya se encontraba “una turba de unos 300 finqueros organizados queriendo ingresar, porque la pretensión de ellos era que Miguel Vargas ingresara a su casa, y sacar a los indígenas”.
Según dijo, mientras “estábamos en esa situación” se empezó a dar un enfrentamiento a pedradas en un primer punto de conflicto, en el sector de ingreso del territorio entre indígenas y no indígenas, “lo que ocasionó la necesidad de que tuviéramos que utilizar agente químico para evitar enfrentamiento entre las dos artes”.
Alegó además contar con un video que muestra que “las primeras pedradas provienen del sector indígena y empiezan a caer sobre los oficiales de Fuerza Pública y sobre sus unidades móviles”. Sin embargo, expresó que en vista de que el video va a ser presentado como evidencia como parte de una denuncia que se prepara ante el Ministerio Público, no podía hacerlo circular.
Solano entonces coincidió con el relato ya divulgado del grupo de personas recuperadoras y la Coordinadora de Lucha Sur Sur en que se dio un segundo punto de conflicto en el propio sitio de ka recuperación, “ya en la casa donde habita Miguel Vargas, a su ingreso también se dio un enfrentamiento a pedradas. Para repeler el enfrentamiento fue necesaria la utilización de agente químico”.
Añadió que se ordenó el desplazamiento de “equipo y refuerzo policial a la zona, para evitar cualquier tipo de ulteriores enfrentamientos y tenemos un operativo planteado para filtrar cualquier tipo de situación de violencia”
Aumenta violencia
Para Solano, es “innegable” que se ha dado un aumento en la tensión en los procesos de recuperación de tierras indígenas. Pero en su criterio, “ya hay un avance, parte de la prioridad del gobierno es que avancen los procesos administrativos del Instituto de Desarrollo Agrario (Inder)”.
Además indicó que se han planteado varios procedimientos administrativos para la expropiación de territorios en China Kichá, concretamente seis expedientes que “están próximos a tener una resolución administrativa, que es el avance inicial que puede hacer el gobierno de la República a través de los medios que brinda la institucionalidad y la legalidad”.
Añadió que en los demás territorios indígenas “hemos tratado de llegar a un acercamiento, porque hay vías judiciales que se pueden explorar y es parte del espacio de trabajo que hemos querido implementar”. Sin embargo alegó que por ese camino también “ha sido muy difícil encontrar diálogos con muchas de las ADI y de los liderazgos sobre todo en Buenos Aires”.
Por ejemplo, dijo que en Cabagra la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) “está suspendida en sus funciones, entonces nos quedamos sin interlocutores válidos de la gobernanza indígena en los territorios y eso nos dificulta el avance de las propuestas y proyectos que tenemos desde el gobierno de la República”.
Ante la pregunta de si el gobierno no puede trabajar con los Consejos de Mayores, replicó que “efectivamente, son órganos de la institucionalidad indígena que podrían ser interlocutores por el liderazgo que tienen”, pero observó que “según resoluciones de la Sala Constitucional, la principal competencia de los Consejos de Mayores es determinar si una persona es o no indígena en el marco amplio” y señaló que “hay también varios consejos de Mayores que se han organizado con ese nombre pero que no son en la formalidad o en la realidad”.
Ante ello, manifestó su disposición a “abrir conversaciones con todo el mundo”, pero que “dentro de la lógica de auto gobierno indígena, la institucionalidad que existe es la de la ADI” y por ejemplo en caso de cualquier desalojo administrativo o desalojo judicial “se tiene que poner en posesión a la presidencia de la ADI. Sin esa figura formal, se dificulta mucho el avance de los procesos legales”.
También se le preguntó si a la luz de la creciente conflictividad y violencia no se requiere de mayor y nueva capacitación para el personal de la Fuerza Pública, a lo que contestó que “ya tenemos a punto de iniciar unas capacitaciones de nuestro personal en temas de cosmovisión y cultura indígena en Buenos Aires y Pérez Zeledón”.
Según dijo, ello constituye “un insumo importante y aporte en mejoramiento de nuestra institucionalidad y de la Fuerza Pública”. Sin embargo, subrayó que cuando se dan situaciones de conflictividad, deben ser atendidas “con la dinámica de restablecimiento del orden público ordinaria. Eso implica el uso de equpo de protección personal para los policías, lo que se conoce como el equipo antimotín, así como el uso de gas, que es un efecto disuasor no invasivo, que permite que se dispersen las personas sin generar daños ni heridas serias”.
“Si se requiere -insistió- vamos a seguir haciéndolo porque es la forma en que podemos garantizar la integridad de las personas”.
Según informó hace poco la Coordinadora de Lucha Sur Sur, Miguel Vargas ingresó de nuevo a la casa en el sitio que reclama como de su propiedad.
