Si el Banco de Costa Rica fuera vendido, como planteó nuevamente la administración Chaves Robles, las primeras consecuencias las recibirían los clientes que pagarían, al menos, ₡332 mil más al año por sus préstamos contraídos con la entidad bancaria.
La explicación es simple: este monto corresponde al 8,19% de más en la tasa de interés que en promedio pagan las personas deudoras de la banca privada, de aplicarse a la cartera de crédito del BCR.
Las más de un millón de personas afiliadas del BCR ahorraron un total de ₡334 mil millones en el pago de intereses en el 2022, y este es solo uno de los impactos a considerar por la Asamblea Legislativa después de que se presentara, por tercera ocasión en tan solo dos años de Gobierno, un proyecto de ley para vender el banco.
Además, vender el BCR implicaría que el país pierda otros beneficios sociales que ascienden a los ₡126 mil millones anuales, según estimaciones hechas por el economista Luis Carlos Olivares.
“¿Cuánto más van a pagar las familias por el alza en las tasas de los créditos o por tener que desplazarse hasta donde encuentre agencias bancarias? Esos gastos no son poca cosa para los miles de costarricenses que tienen que desplazarse 20 o más kilómetros. También significa una pérdida de competencia”, Welmer Ramos.
Esta cifra es producto de las ganancias que obtiene la entidad por sus operaciones bancarias, las que trasladan al Sistema de Banca para el Desarrollo, así como los beneficios que le genera a los clientes de zonas rurales tener una sucursal del BCR a su alcance.
Entre las ganancias del BCR, el 68% se devuelven a proyectos del Estado en forma de impuestos sobre la renta, a las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o, directamente, a instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Este banco es el que tiene mayor cantidad de sucursales alrededor del país, cuatro veces más que el banco privado con más oficinas, lo que beneficia a alrededor de 100 mil personas de zonas rurales que realizan un promedio de cuatro trámites al año con un costo de oportunidad de ₡30 mil por viaje, estima el economista.
“Es importante analizar esa propuesta con el método de costo social y no solamente desde un análisis contable financiero que solo dice cuánto vale cada parte del banco, sin considerar cuánto le cuesta a la sociedad costarricense no tener el banco en un mercado poco competitivo, concentrado, con una banca privada menos eficiente que cobra tasas más altas y da menos réditos”, explicó Olivares.
Coincidió el economista y exdiputado Welmer Ramos, quien destacó cómo la banca nacional bancariza al país: “¿cuánto más van a pagar las familias por el alza en las tasas de los créditos o por tener que desplazarse hasta donde encuentre agencias bancarias? Esos gastos no son poca cosa para los miles de costarricenses que tienen que desplazarse 20 o más kilómetros. También significa una pérdida de competencia”.
La tasa promedio de los bancos privados es la segunda más costosas, después de las financieras, con un porcentaje de 18,10%, frente a la de la banca pública que, para marzo del 2023, era de 9,91%, en promedio, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Chaves presentó el proyecto de ley que busca vender el BCR como la prioridad de su Gobierno, en conjunto con el proyecto de jornadas de 12 horas de trabajo y de cara a las negociaciones políticas que decidirán el nuevo directorio legislativo el próximo 1 de mayo.
Sus aliados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) mantienen cuestionamientos acerca de la transparencia del proyecto, al tiempo que Nueva República —su más fiel apoyo en el plenario— se mantiene a la expectativa. Todos, sin embargo, han estado de acuerdo con la venta del banco y activos del Estado para resolver el problema del déficit fiscal.
El nuevo proyecto trae pocas enmiendas a los anteriores, mantiene vicios de constitucionalidad previamente señalados por especialistas, no fija precio base ni fórmula de cálculo y prohíbe a las personas involucradas en la negociación hablar sobre la venta del BCR.
Finalmente, el proyecto aún busca permitir a la administración Chaves elegir una firma asesora “a dedo”, un aspecto ampliamente cuestionado desde el plenario.
El financista banquero
Chaves insiste en la venta del banco, en un clima financiero no favorable, para paliar la deuda del país, esperando obtener hasta $1.700 millones —una cifra gruesa que el BCR, admite, tiene limitaciones y se basa en grandes supuestos— por ser un banco maduro y estable.
Sin embargo, las distintas propuestas han sido ampliamente cuestionadas por debilidades técnicas, el beneficio financiero que potencialmente podría recibir uno de los financistas de su campaña, así como el papel del banco en la investigación de financiamiento paralelo que se mantiene activa contra el partido que lo llevó a ser presidente.
El BCR fue el banco que reportó transacciones sospechosas por ₡120 millones —desde una cuenta inactiva— que llegaron a financiar la campaña de Chaves y que, actualmente, se encuentran en investigación porque “sugieren la potencial compra” ilegal de bonos de campaña política por parte de personas extranjeras.
En el centro de los cuestionamientos está Jack Loeb, uno de los principales compradores de bonos de la campaña de Chaves, fundador del fideicomiso de Costa Rica Próspera, señalado como estructura paralela, empresario banquero y vicepresidente de, al menos, cinco sociedades del grupo Prival.
Además, Loeb ofrece asesorías en compra, venta, fusiones y adquisiciones corporativas —como la que viviría el BCR en caso de concretarse su venta—. Con base en el segundo proyecto presentado por el Ejecutivo, que fracasó en plenario, el diputado liberacionista Francisco Nicolás, miembro de la comisión legislativa que investigó las campañas de los partidos políticos, estimó que solo la comisión de este servicio podría otorgar al banquero ₡45 mil millones.
El banquero, de nacimiento estadounidense y naturalizado en Costa Rica, también ha sido señalado como financista de una segunda estructura paralela para impulsar al ahora diputado oficialista Julio Ubaldo “Waldo” Agüero, cuya hija recibió $195 mil de Loeb en sus cuentas personales, según el Tribunal Supremo de Elecciones.
Y otros pagos directos de Loeb al margen de la campaña electoral se encuentran en investigación. El banquero de Prival pagó $55 mil por el trabajo que realizó la agencia La Tres durante el tiempo electoral, así como el pago de la agencia Nexo, cancelado el 23 setiembre del 2021.
Al ser convocado a comparecer en la Asamblea Legislativa, Loeb decidió guardar silencio ante los cuestionamientos sobre su participación en la campaña electoral.
Países desarrollados tienen fuerte banca pública
Los países europeos con alto desarrollo cuentan con amplia presencia de banca pública fortalecida, lo que les permite mantener apoyo al desarrollo de economía sostenible, vivienda, educación, salud e infraestructura, destacó el economista Luis Carlos Olivares.
Alemania, Suiza, Holanda y Noruega lideran las clasificaciones de bancos seguros y solventes con bancos públicos como KIW, Zuercher Kantonalbank, BNG Bank y Kommunalbanken, respectivamente.
Olivares explicó que la banca pública surge, precisamente, de la falta de interés del sector privado en financiar sectores estratégicos para el desarrollo a largo plazo en el país, al tiempo que ofrecen tasas usureras y, por eso, estos países apuestan por su fortalecimiento.
El economista también destacó que la banca pública socializa sus ganancias y tienen juntas directivas diversas que no se limitan a la élite financiera.
