El presidente Rodrigo Chaves lanzó en su discurso de 100 días de gobierno un programa de propuestas de distintos orígenes que incluyen controversias como la privatización del Banco de Costa Rica (BCR), el segundo del mercado local, y la habilitación del uso recreativo del cannabis, así como una consulta contra “pensiones de lujo” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recogiendo algunas de las acciones impulsadas desde que tomó el poder, el 8 de mayo, Chaves celebró la cifra simbólica de los 100 días en un acto formal en Centro Nacional de Cultura (Cenac) arrojando a la discusión públicas el plan de venta del BCR, con más de 1,8 millones de clientes, casi 4.000 empleados y un patrimonio cercano a los $1.000 millones.
Propone también la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), con el objetivo declarado de reducción de la deuda pública, que supera el 66% del PIB.
Serían casi 1,8 billones de colones, casi cuatro puntos del PIB, lo que aportaría la venta de esos activos estatales, según las cifras dadas por el Presidente, aunque las precisiones se empezarían a pulir conforme avance la discusión, que deberá incluir proyectos de ley, lo que deja la decisión en manos de la Asamblea Legislativa.
También serían los diputados los que reciban la idea de Gobierno anunciada anoche de legalizar la producción de marihuana para uso recreativo, un paso más después de la aprobación de cannabis medicinal y cáñamo, para lo cual está “listo” un reglamento, dijo el mandatario.
Tras una jornada en que el Gobierno debió desistir de su afán de recortar un 24% el presupuesto de las universidades públicas, tras una marcha multitudinaria que desembocó en la Casa Presidencial, Chaves evadió ese tema en un discurso de tono moderado que recogió también propuestas de bancadas opositoras y les dedicó buenas palabras. “Agradezco también a la Asamblea Legislativa, donde la mayoría comparte el mismo espíritu de urgencia por el cambio que mueve al Poder Ejecutivo”, dijo.
Tras 100 días de un discurso encarador, respaldado por una mayoría popular que mantiene confianza en las promesas aún pendientes, Chaves hizo un alto este martes y un llamado al trabajo conjunto en “la construcción de la gran casa” mediante el diálogo con los distintos sectores.
Tuvo incluso palabras para los medios de comunicación a los que no ha dejado de criticar desde mayo: “Los medios de comunicación también están incluidos en este llamado, para que, en el marco del respeto, juntos podamos cumplir con la misión de hacer llegar a los costarricenses la realidad de lo que está sucediendo en el país y qué medidas se están tomando para mejorar sus vidas. Su trabajo por informar a la ciudadanía es central en una democracia, por eso este gobierno es y será siempre defensor de la libertad de expresión”, dijo antes de rematar con una frase adicional: “así como de nuestro derecho de respuesta”.
El discurso de Chaves sí retomó su promesa electoral de combatir las llamadas “pensiones de lujo”, pero esta vez con un giro nuevo, más allá de una proyecto de ley para eliminar lo que de ellas queda y poner como tope el máximo que da el régimen de la Caja del Seguro Social: “hemos decidido consultar la constitucionalidad de esa ley ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que la Sala IV no tenga jurisdicción sobre esta abusiva erogación para el Estado, porque ellos tienen conflicto de intereses. Si eso no funciona, buscaremos el mecanismo del referendo”.
El artículo 105 de la Constitución Política, sin embargo, saca las pensiones de los temas susceptibles a referendo: “El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa”.
El mensaje presidencial abundó en la línea de medidas tendientes a contener la escalada del costo de la vida. “La inflación, el aumento de precios de los alimentos, de las materias primas y de otros muchos productos, a causa de la guerra en Ucrania y otros factores, se extiende como una sombra y amenaza la calidad de vida de las personas en todas las naciones, y Costa Rica no es la excepción”, señaló. Entre las propuestas está un proyecto de ley para poner tope de ¢950 a la gasolina súper, ¢900 la regular y ¢873 el diésel, aunque no explicó de dónde se obtendrían los recursos para esa compensación en el actual contexto de presión financiera estatal.
