Representantes de varias comunidades de Turrúcares de Alajuela, que se oponen a la construcción de un botadero de basura en la zona, denunciaron este tarde que los permisos de uso de suelo para dicho proyecto se dieron “en horas”.
En una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa detallaron que cuatro permisos de uso de suelo que contradicen el plan regulador fueron emitidos por un mismo funcionario de la Municipalidad de Alajuela en cuestión de horas.
Así lo explicaron Álvaro Sagot, abogado ambientalista y asesor de varias comunidades de la zona; Rafael Arroyo, de la comisión “No al basurero en Turrúcares” y Andrés López, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Turrubares.
El mencionado órgano legislativo está llevando a cabo, como parte del expediente 23.440 una investigación sobre la disposición de residuos sólidos en el Gran Área Metropolitana (GAM) y sobre las acciones tomadas por el Ministerio de Salud por atender las denuncias de los personas vecinas de la zonas en conflicto.
Los tres representantes comunitarios coincidieron en que tanto a nivel municipal como del Ministerio de Salud se han facilitado procesos cuestionables para autorizar la construcción de un relleno sanitario que manejaría la cuestionada empresa EBI.
“Aquí tengo mi poder los cuatro usos de suelo que fueron aprobados en el 2011, el 6 de septiembre del 2011, en la Municipalidad Alajuela en cuatro horas” dijo Arroyo y agregó que “es una es una vergüenza” pues cualquier permiso igual en ese momento se tardaba seis meses.
“Este señor no tomó en cuenta ni siquiera el Plan Regulador, porque el Plan Regulador no permite hacer un relleno o un basurero”, dijo, refiriéndose al arquitecto José Manuel Salazar Sánchez, quien firmó los permisos en cuestión.
Además, los activistas reclamaron que el relleno en Turrubares se ha justificado como la “solución” a los problemas de basura de la GAM, pero sin considerar los impactos ambientales y de salud que enfrentarían los habitantes de la zona.
Álvaro Sagot dijo que existen suficientes criterios técnicos y científicos por los cuales no se podían dar los permisos. “Ya en su momento lo llevaremos a una instancia judicial”, dijo.
Por ejemplo, Sagot dijo que cuando la comunidad inspeccionó la finca donde se planea el proyecto encontró una naciente de agua potable pero cuando se realizó la visita oficial después ya la naciente “no existe porque hicieron un drenaje”.
Los activistas recordaron que cerca de 9000 personas vecinas de varias comunidades aledañas al proyecto han firmado peticiones para que no se construya el relleno sanitario en la zona. “No somos cuatro gatos como han querido decir”, dijo López.
Cabe recordar que en noviembre pasado los empresarios Julien Charbonneau y Osar Guzman de la empresa Berthier EBI presionaron porque se aprueben nuevos proyectos para manejo de desechos, pues afirman que a los existentes, les queda poco tiempo de vida útil.
