El uso intensivo de pesticidas y fertilizantes le cuesta cada año al país cerca de ¢40.233.870.000, casi un 0.1% del Producto Interno Bruto. Este dato se obtiene de sumar las exoneraciones de impuestos que se hacen a la importación de agroquímicos y los gastos que realiza el país atendiendo las intoxicaciones agudas por ingesta directa de estos químicos.
A este gran número llegan los estudios que resumió Kifah Sasa, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante el foro: “Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el Cuido del Bien Común” que se realizó el pasado miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
Según el estudio Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, del agrónomo Elidier Vargas, el Estado costarricense renuncia anualmente a una suma que va de los $22 millones a los $27 millones sólo en exoneraciones a plaguicidas, y a unos $50 millones por año si se suman las exoneraciones que se aplican a fertilizantes.
Sasa explicó que esta es una exoneración regresiva pues se aplica y beneficia directamente a los importadores de agrotóxicos, no a los productores de alimentos. También detalló que el país invierte anualmente unos $30 millones anuales en el pago de servicios ambientales, de modo que si se eliminaran estas exoneraciones, podríamos tener “dos Fonafifos más”.
Además, informó el especialista, el Estado invierte al menos $9 millones en atender las consecuencias de intoxicaciones agudas, solamente. Es decir, se contempla el costo que generan las enfermedades causadas por la ingesta directa de los químicos, no aquellas que se producen por exposición sostenida, como pueden ser distintos tipos de cáncer, Alzheimer, alergias, abortos espontáneos y otras patologías.
Sasa mencionó en su intervención cuatro investigaciones realizadas sobre el uso de agroquímicos en el país, que asegura, confirman que somos uno de los países que más de estas sustancias utiliza, contemplando la extensión de terreno sembrado, lo que evidencia un retroceso del estado hacia la acción extensionista.
En el país, dijo, cerca del 50% de las personas que se dedican a la agricultura reciben asistencia técnica directamente de las empresas que venden plaguicidas, lo que fomenta e intensifica su uso, además de que la gran mayoría (el 93%) de las sustancias que se utilizan en el suelo nacional son altamente peligrosos.
“Usamos plaguicidas que están prohibidos en otros países y a menudo encontramos que se dan usos no registrados”, detalló Sasa, puntualizando otros problemas que en torno al uso de estas sustancias.
Según detalló una nota previa de UNIVERSIDAD, en Costa Rica se usan 80 ingredientes activos (moléculas) de plaguicidas asociados con efectos agudos para los humanos, y solo se permite usar 34 de ellos en la Unión Europea. En el país se usan 58 ingredientes activos asociados con el cáncer, de los cuales 42 están prohibidos en la Unión Europea. En el territorio se utilizan 95 ingredientes activos asociados con otros efectos adversos para la salud, 56 de los cuales están prohibidos en la Unión Europea, detalla el estudio.
Además, en el país se usan 119 moléculas “asociadas con afectaciones ambientales, especialmente para organismos acuáticos y abejas”, y solo 49 de ellas están permitidas en la Unión Europea.
Los activistas del Frente Eco-Cipreses, presentes en el Foro, afirmaron que estos insumos le dan fuerza a la lucha porque se prohíban en el país los químicos de alta peligrosidad ya identificados y prohibidos en otros países, empezando por el clorotalonil, cuyo uso aseguran ha contaminado las fuentes de agua de la comunidad cartaginense.
