En diciembre debería concluir la última y más grande fase de remodelación de la bodega que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tiene en La Uruca y en la que mantiene unos 220 automóviles y motos y una buena cantidad de diversos artículos incautados al crimen organizado y al narcotráfico.
Así lo informó el director del ICD Fernando Ramírez durante una visita realizada al inmueble, quien detalló que para concluir esta última etapa se dispuso este año de un presupuesto de ¢220 millones.
Ello quiere decir que por mucho esta última sección es la más onerosa, pues según datos aportados por Engels Jiménez, jefe de la Unidad de Recuperación de Activos del ICD, en total el proyecto de remodelación “ronda los ¢360 millones”.
La primera parte se remodeló hace unos seis años y la segunda el año pasado.
De hecho, con el fin de llevar a cabo los trabajos de construcción de esta tercera etapa, muchos de los vehículos que se mantienen en esa bodega a la espera de ser rematados son enviados transitoriamente ya sea al predio que el ICD tiene en San Joaquín de Flores -destinado a cabezales y maquinaria más voluminosa- o a otra bodega en Ciudad Colón.
Ramírez reconoció que la remodelación precisa pues “estábamos en riego de que el techo colapse”, con lo cual “perdemos todos los bienes”. Añadió que se trata de una estructura muy vieja con problemas estructurales.
Esos problemas estructurales según apuntó Jiménez se reflejaban incluso dos metros en el subsuelo en las bases de las columnas del edificio, lo cual implicó un “trabajo muy delicado”, sobre todo si se toma en cuenta que la bodega data de 1986 y “hasta ahora se da la posibilidad presupuestaria” de hacer la intervención.
Chunches y más chunches
Vehículos, motocicletas, cuadraciclos, menaje de casa, televisores, alguna caja fuerte, una rebanadora de jamón, aires acondicionados procedentes de laboratorios de marihuana hidropónica, tanques de oxígeno, abanicos, pantallas y televisores viejos, equipos de sonido, computadoras viejas, equipo de sonido, también un juego de luces de discomóvil y hasta colchones viejos.
Hay vehículos de un lujo desmedido, como un Mercedez Benz valorado en ¢123 millones, o un BMW ¢93 millones, que por cierto han salido a la venta sin lograr ser colocados. Pero también hay taxis y otros automóviles bastante más sencillos.
“No todos fueron utilizados para transportar droga, alguno era para el líder de la organización y dentro de la investigación se determinó que era parte de la legitimación” , explicó Ramírez.
Todos los bienes se conservan en a bodega y se espera se puedan rematar, pero muchos terminarán siendo destruidos por falta de interés.
Al ICD le corresponde el 9% de los intereses de los dineros decomisados y del dinero comisado, que se invierte en seguridad, atención de plagas, manutención cotidiana.
Cabe recordar que lo decomisado tiene un carácter transitorio mientras un juez define el proceder según la causa penal específica. Lo comisado son aquellos bienes y dineros que ya se dispuso quedan en manos del Estado.
Cuando se trata de bienes como vehículos, deben ser subastados luego de un avalúo de parte del Ministerio de Hacienda, que incluso incluye un descuento por “estigma” de entre 20% a 35%, “precisamente porque están relacionados con el narcotráfico o la delincuencia organizada”, apuntó Ramírez.
Sobre esa variedad de artículos un tanto disparatada que se mantiene en la bodega, el funcionario recordó que el ICD fue creado en 2002 mediante la Ley 8204 que reformó la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Mediante esa legislación el ICD heredó bienes incautados yq ue estaban administrados por el extinto Centro Nacional de Prevención Contra Drogas (Cenadro). Además, antes de esa reforma la policía al realizar allanamientos “se traían todo, ropa, utensilios, muñecas, juegos de niños, todo”.
Una cantidad de bienes que no tienen ningún interés económico ni judicial y que sin embargo se debe cumplir con procesos administrativos y judiciales previos a su destrucción.
Otros artefactos, como pantallas, son dados en préstamo a instituciones, por ejemplo la Policía Municipal de Puriscal.
Un dato curioso aportado por Ramírez es que entre los bienes administrados por el ICD figura un motel, “Infinity” en Alajuela, en calidad de depósito judicial provisional.
El funcionario relató que “lo sacamos en concurso a la venta y no hubo forma, porque es muy caro, porque la organización criminal invirtió y lo hicieron muy caro, tiene escaleras, camas, jacuzzi de granito”.
