A pesar de que realizan la mayor parte de la investigación científica que se genera en el país, las universidades públicas tendrían solamente uno de nueve asientos en la Junta Directiva de la nueva Promotora de Innovación e Investigación, que ahora incluirá a las cámaras empresariales y universidades privadas, según propone el proyecto de ley 21.660.
La iniciativa, promovida por la diputada liberacionista Silvia Hernández, plantea la transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) en la Promotora Costarricense de Investigación e Innovación.
Esta nueva agencia tendrá como objetivo promover “la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social del país, a través de la ejecución de instrumentos, programas y otros lineamientos de política pública dictados por el Poder Ejecutivo”.
La Junta Directiva que dirigiría esta entidad, plantea el texto del proyecto, será integrada por las personas jerarcas del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), que preside el Instituto Nacional de Aprendizaje, un representante de las Universidades Públicas designado por Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y otro de las universidades privadas designado por la Asociación Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE).
Se suman a esta fórmula cuatro representantes de cámaras empresariales (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, Cámara de Industrias de Costa Rica y Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria), a pesar de que la contribución histórica del sector privado al desarrollo científico es pequeña.
Según datos del Micitt, en los años recientes las universidades públicas han contribuido en promedio con el 60.8% del total de la investigación científica que se realiza en territorio nacional, frente a un 6.2% que aporta la empresa privada (ver tabla: Costa Rica. Distribución de la inversión en actividades científicas y tecnológicas según sector de ejecución).
Incluso si se analiza por aparte la inversión estatal en ciencia e investigación, el aporte universitario sigue siendo líder. De acuerdo con datos del X informe de Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación: Costa Rica en 2018, se invirtió un total de ₡75,776.8 millones en Investigación y Desarrollo (I+D), de los cuales ₡58,053.2 fueron aportados por las cinco universidades públicas. Eso significa que el 76% de la investigación pública proviene de los centros universitarios estatales (ver tabla: Inversión en Investigación y Desarrollo en Costa Rica durante 2017-2018).
Ante esta propuesta de integración de la Junta Directiva, representantes de la comunidad científica costarricense han denunciado que el proyecto margina de la toma de decisiones al sector que más produce, con la excusa de que este puede echar mano de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior para sus investigaciones.
Sector académico denuncia exclusión
El microbiólogo y doctor en Ciencias Fisiológicas, José María Gutiérrez – quien acumula bajo el cinturón galardones como el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, el Rodrigo Facio y el Sven Brohult – comentó que este predominio de sectores empresariales e institucionales, evidencia un sesgo hacia lo económico, que no necesariamente es coherente con el desarrollo científico.
“Es sorprendente que con el aporte incomparable que se hace desde las universidades públicas, se les otorgue un único asiento en esa junta, incluso con el mismo peso que las universidades privadas, que hacen poquísima investigación”, dijo el académico, “Además, ni siquiera le dieron lugar a la Academia Nacional de Ciencia. Es evidente el sesgo hacia lo empresarial”, agregó.
La doctora en microbiología y vicerrectora de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), María Laura Arias, indicó que es importante entender “que no necesariamente todas las inversiones tienen una retribución económica inmediata, y no resultan atractivas para ser desarrolladas en el sector privado”.
Es ahí, dijo la jerarca, donde se vuelve relevante la inversión estatal para “garantizar la continuidad de estos avances, los cuales mejoran la vida de toda la población y así, además, asegurarse que estas innovaciones estén disponibles para todas las personas al menor costo posible”
“Es innegable el papel que juegan las universidades públicas en la innovación y desarrollo, y esto también ha llevado a una relación cercana con el Conicit desde su creación. Efectivamente, a mi criterio, el proyecto de ley tiene puntos de mejora, al debilitar esa relación, y podría afectar la investigación que se hace desde las universidades públicas en función de una visión más empresarial de la investigación”, indicó Arias.
Por su parte, Giselle Tamayo, doctora en ciencias naturales, catedrática de la UCR y directora del Conicit, indicó que aunque le parece que el proyecto le da “mucho micrófono a las cámaras empresariales” eso podría no ser un problema.
La académica indicó que entiende que haya preocupación por parte de sectores universitarios, por perder acceso a fondos, pero que eso “no necesariamente va a pasar” y que “de todas formas el presupuesto del Conicit es apenas equiparable al del programa de estudios de posgrado de la UCR”, por lo que seguirán teniendo recursos.
La académica sí criticó que al Conicit se le incluyó en la discusión del proyecto en sus etapas finales de presentación, y que todo pudo hacerse a través de una modificación de la ley actual. Tamayo también aseveró que de aprobarse el proyecto tal y como está, la institución no tendría recursos suficientes, pues se le otorgarían ₡1000 millones, cuando lo mínimo que necesita para operar son ₡1200. “No deberíamos estar peleando la gobernanza, deberíamos estar peleando el presupuesto”, dijo.
Marino Protti, geólogo, sismólogo y geofísico distinguido con el Premio Nacional en Ciencias 1996 y el Premio a la Excelencia Académica de la Universidad Nacional 2002, indicó que el Conicit cumple una función muy importante, ya que canaliza dineros del Estado para la investigación científica, que “se hace mayormente en las universidades públicas” y que este proyecto tiene un sesgo fuerte no hacia la ciencia, sino hacia lo económico.
“(El Conicit) Es una forma de financiar las investigaciones de las universidades, pero también tiene la ventaja de que al hacerse en universidades públicas, los resultados son de libre acceso. Los productos le sirven a la necesidades del país, en muchos casos ausntos prioritarios del Estado, pero lo que se quiere hacer ahora es coger esos fondos y canalizarlos a las investigaciones que hacen las empresas privadas”, indicó el científico. (Ver nota: Comunidad científica teme que fondos públicos se usen con fines mercantiles).
Búsqueda de balance
El físico y profesor emérito Walter Férnandez, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, resintió la poca representación de la comunidad científico-tecnológica y el “gran sesgo hacia el sector empresarial”. “Debe haber un balance”, afirmó.
Fernández relató que durante el proceso de discusión de la iniciativa en comisión legislativa, varias entidades como la academia que él preside, ofrecieron sus criterios y sugerencias de mejora, pero que la versión final aprobada en comisión no incluyó ninguna de las sugerencias. “Más bien, en la versión inicial había participación de la Academia, y nos sacaron”, indicó.
Efectivamente, en agosto del 2020, el Consejo Universitario de la UCR recomendó no aprobar este proyecto, pues aunque pretendía “agilizar y mejorar el funcionamiento del Conicit, contiene cambios meramente nominativos del Conicit a la Promotora, y del Consejo Director del Conicit a la Junta Directiva de la Promotora, sin solucionar los problemas existentes”. Entre otras observaciones, el órgano colegiado señaló que se trasladan funciones al Micitt sin proveer el personal o la capacidad de contratación.
También sugirió que los diversos sectores tuvieran una misma cuota de representación en la Junta Directiva y recomendó puntualmente que participara un representante del Micitt, del Meic y del Comercio Exterior, uno de la Uccaep y dos representantes de la economía social (pymes y cooperativas), junto a un representante de la Academia Nacional de Ciencias y dos personas del sector científico y tecnológico, nombrados por CONARE.
