La Unión Médica Nacional emitió este miércoles un comunicado en el que se exhorta al presidente de la República, Carlos Alvarado; y al ministro de Salud, Daniel Salas; a implementar nuevas y más restrictivas medidas sanitarias a fin de contrarrestar los efectos de la pandemia de la Covid-19.
“Nuestro robusto sistema de salud, uno de los mejores cinco del mundo, está totalmente sobrepasado básicamente producto de un relajamiento de medidas de prevención desde diciembre hasta culminar con la trágica irresponsabilidad colectiva de la Semana Santa”, reza el texto firmado por Edwin Solano, presidente de esta entidad.
En el escrito se sugiere al gobierno, “ante la evidente inacción de sus autoridades para actuar en concordancia con la gravedad de la situación”, tomar medidas como, en primer lugar, la suspensión de clases presenciales desde preescolar hasta universidades tanto en el sector público como privado, durante mayo y junio.
Se propone además el teletrabajo para todos los funcionarios públicos que no estén en atención directa de la pandemia o brinden servicios esenciales para el funcionamiento estatal, el desarrollo urgente de estrategias de atención virtual de todo tipo de trámites, la extensión de la restricción vehicular de 7 pm a 7 am todos los días de la semana, así como mantenerla en sus parámetros actuales durante los fines de semana.
Respecto al transporte público, se solicita hacer efectiva la prohibición de que en autobuses viajen personas de pie. Del mismo modo, se pide la prohibición de reuniones presenciales que involucren a más de 6 personas, así como el cierre de gimnasios, estadios, canchas de deportes, auditorios, iglesias, parques públicos y todo sitio de reunión masiva.
Por otra parte, la Unión Médica también solicita un “análisis urgente” de los aforos en restaurantes y hoteles, además de que se exija una prueba PCR previo al ingreso al país, tanto para personas extranjeras como nacionales.
En atención a las recientes denuncias de fiestas clandestinas, se planteó la “agilización de allanamientos por vía de flagrancia” y la aplicación de la Ley general de Salud para “castigar con cárcel y multas sustanciales a todos a que organicen y participen de fiestas y reuniones masivas”.
Los sindicalistas también recordaron la responsabilidad que tienen las autoridades de velar por la salud pública: “Tanto dolor en miles de hogares costarricenses debe provocar reflexión y un alto en el camino inmediato, sobre todo de sus autoridades sobre cuyos hombros descansa la responsabilidad constitucional de velar por el bienestar de la salud pública de Costa Rica con toda la carga legal que esto implica ante un panorama desolador de muerte y discapacidad para miles de costarricenses”.
El pronunciamiento se da ante la realidad de que este miércoles se reportaron 2.434 casos nuevos de personas infectadas, la cifra más alta desde que inició la pandemia.
