El Grupo de Código de Conducta de la Unión Europea (UE) avaló las reformas presentadas por el Ministerio de Hacienda y aseguraron que de aprobarse “sin alterar” considerarían que el país cumplió con los compromisos necesarios para salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal.
En febrero de este año Costa Rica entró a esta deshonrosa lista, tras 20 meses de tener en su mano un informe en el que la UE demandó una reforma de la legislación para grabar rentas en el extranjero desde junio del 2021, señaló graves fallas en la recolección de información de los grandes capitales en el extranjero por parte de Hacienda y criticó la falta de petición de pruebas del origen de ingresos en el país.
Las reformas solicitadas por la UE buscan combatir el escape de capital a paraísos fiscales, el cual alcanzó los ¢3,7 billones en Costa Rica entre el 2015 y el 2019, lo que equivale a una pérdida del 32% de los impuestos corporativos en el 2019 o a tres veces el déficit fiscal.
El aval a las propuestas lo comunicó la presidenta de este grupo, María José Garde, al jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, por medio de una carta el pasado 31 de marzo:
“El Grupo considera que las disposiciones preliminares están en línea con los requisitos sobre los regímenes de exención de ingresos de fuente extranjera, contra los cuales se evalúan todas las jurisdicciones con regímenes similares. Si estos proyectos de ley fueran aprobados y entraran en vigor en la forma presentada en su carta, el Grupo consideraría que Costa Rica ha cumplido su compromiso respecto de los asuntos pendientes mencionados anteriormente”, dice el documento.
La asesoría legal de Hacienda indicó a UNIVERSIDAD que las reformas preliminares enviadas al Grupo son las incluidas en el ahora proyecto de Ley del Nuevo impuesto sobre la Renta (expediente 23760).
“(…) los artículos relacionados con las rentas de capital no sufrieron cambio alguno desde que se otorgó el VB (visto bueno), ya que el objetivo del Poder Ejecutivo es sacar al país de la Lista negra de la Unión Europea” respondieron por medio de su equipo de prensa.
El equipo legal indicó que la UE está solicitando tres requisitos para cumplir con el estándar y salir de la lista:
- Gravar las rentas territoriales (expediente 23760)
- Cambiar la definición de Establecimiento Permanente (disposición que establece el expediente 22848 y que luego fue absorbida en el 23760)
- Adecuar los estándares de intercambio de información de acuerdo al foro de la OCDE
Este último punto fue señalado por Garde en su correspondencia y el equipo legal del Ejecutivo asegura fue incluido en el expediente 23759.
En la carta, Garde hizo énfasis en que el aval está sujeto a que las “disposiciones en cuestión se mantengan inalteradas” en los proyecto de ley y recomendó al jerarca trabajar “en estrecha colaboración” con los equipos técnicos de la UE para garantizar que el proyecto se mantenga en línea con lo solicitado, mientras es discutido en la Asamblea Legislativa.
Actualmente en Costa Rica se aplica un sistema de renta territorial, que consiste en gravar las ganancias producidas exclusivamente a nivel local.
Los partidos de oposición en el plenario solicitaron la creación de una comisión para sacar de la lista gris a Costa Rica en donde se analizarían los expedientes del Ejecutivo, así como dos proyectos más del Partido Liberal Progresista (PLP) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, no apoyó la moción propuesta y dijo impulsarán el proyecto presentado por Hacienda porque al tener el aval de la UE garantiza la salida de Costa Rica de la lista.
