“El 92% de los carros va a pagar menos”, prometió el presidente Rodrigo Chaves en abril durante una conferencia de prensa sin hablar de montos, semanas antes de que en una cadena televisiva afirmó que “podemos empezar a hablar de prosperidad fiscal” y de presentar favorables indicadores económicos, un panorama favorable que ahora califica como “aceleración económica”, más allá de la reactivación que siguen pidiendo algunos sectores.
A ese paisaje se atienen tres fracciones opositoras para impulsar un proyecto de ley que rebajaría cerca de un 40% el monto que deberían pagar los propietarios de vehículos en el impuesto conocido como “marchamo”, tras comprobarse que la propuesta del Ejecutivo sólo reducía el cobró en un equivalente cercano a ₡5.000 para el grueso de la población dueña de automotores. Por ejemplo, el propietario de un auto con valor fiscal de ₡6 millones solo vería un rebajo de ₡7.000, un 0,1% de lo que pasó en 2022, como reconoció el propio ministro de Hacienda, Nogui Acosta, a este Semanario.
Las bancadas del Partido Liberal Progresista (PLP), su antagonista ideológico Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional (PLN) parecen ahora unidos en trasladar a la población una parte de esa señalada “prosperidad fiscal” de la que se ufana el Gobierno. Un proyecto de ley que rebajaría los montos de marchamo de manera sustantiva fue dictaminado la semana pasada. La bancada oficialista, independientemente de la bandera que ahora la arrope, no pudo evitar la aprobación en la comisión especial a pesar del apoyo que tuvo de parte de sus aliados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR), ahora defensores de una responsabilidad fiscal que, aseguran, se vulnera al quitarle al Gobierno el acceso a miles de millones de colones y dejarlo en los bolsillos de la población.
“No es adecuado, no es progresivo y va a dañar las finanzas públicas (…) No vamos a permitir que una posición irresponsable de algunos dañe a todos”, reaccionó el ministro Acosta, quien incluso mencionó la posibilidad de un veto presidencial en caso de que el proyecto avance en el plenario y llegue a aprobarse. Asegura que aplicar esa rebaja en el marchamo del 2024 provocaría un faltante de ₡118.000 millones y que eso implicaría incumplir las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar del cuadro macroeconómico muy favorable que han pintado las autoridades en meses recientes.
Las palabras de Nogui Acosta topan con poca credibilidad en los diputados opositores y de poco sirven para frenar la iniciativa hasta ahora. El cálculo de la bancada proponente, el PLP, se acerca a un 0,1% del PIB el impacto que tendría ese proyecto en las finanzas públicas, menos de la mitad de lo que indica el Ministro. “Sí hay una reducción de la recaudación, pero con los números actuales del Gobierno se puede aguantar y dar eso a los costarricenses”, dijo el diputado Jorge Dengo en el programa Estado Nacional donde debatió con el ministro. El proyecto del PLP permitiría que alguien que pagó ₡79.000 para este 2023 pague ₡27.000 para el 2024, en caso de que se apruebe con tiempo suficiente.
En el mismo programa estaba Sofía Guillén, jefa de fracción del Frente Amplio, que insistió en señalar a Acosta la facilidad con la que se cumplirán las metas ante el FMI y, por tanto, el espacio fiscal existente para mejorar el disponible de gasto de la población a fin de año. “Tienen ₡341.000 millones por encima de lo acordado en la meta primaria (restarle gastos a los ingresos, excluyendo intereses de la deuda) del FMI y no quieren una rebaja de ₡108.000 millones. ¿Para qué prometen una rebaja? Ustedes generaron una expectativa muy alta de rebajar el marchamo”, reclamó la frenteamplista.
En noviembre pasado se informó que el marchamo vigente para 2023 depararía a Hacienda una recaudación de ₡329.000 millones, merced a los pagos de 1.744.707 vehículos gravados y al aumento que muchos usuarios reportaron, atribuidos por las autoridades al efecto de la inflación.
“No se vale decir que tenemos mucha plata (…) Tenemos que alcanzar superávit de 3% del PIB y estamos en 1,4%. ¿De dónde lo vamos a reponer?”, reiteró Acosta, quien también señaló como favorable un planteamiento mencionado por su colega del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, para crear un nuevo impuesto “verde” sobre los vehículos más viejos para financiar inversiones en transporte público.
La presidenta de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), Lilliana Aguilar, también terció en el caso del marchamo y respalda las posiciones de las bancadas opositoras, pero enfatizando en la conveniencia de que todas las clases de vehículos experimenten una rebaja y que haya reglas claras sobre la depreciación de las unidades.
“Si el país no cuenta transporte público seguro ni adecuado, el vehículo se convirtió en necesidad, no un artículo de lujo”, advirtió Aguilar, quien lamentó que por años los marchamos han sido “la pomada canaria” para los apuros fiscales del Gobierno y señaló que “para este momento el ciudadano necesita una rebaja, un alivio”.
Con el apoyo del sector automotor, de las tres bancadas opositoras y probablemente de los propietarios de vehículos, queda por verse la capacidad de contención del Ejecutivo y sus aliados de turno, con argumentos como el de Lesley Bojorges (PUSC), de que esta propuesta beneficiaría también a jerarcas de poderes del Estado que tengan autos a su nombre. Las tácticas reglamentarias son un recurso para ralentizar el proyecto e intentar evitar que llegue a manos del presidente Chaves, que se vería en el compromiso de vetar o sellar una reforma de alto impacto popular a pocos meses de las elecciones municipales.
