Una suma de interpretaciones distintas, con efectos muy diferentes, surge sobre el concepto de “regla fiscal” contenido en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y aumentan la incertidumbre del arranque del 2020 en el debate sobre el problema financiero estatal y el entorno económico para este año.
Con el sorprendente aumento del déficit fiscal al cierre del 2019 —que llega a los peores niveles en 40 años— se acerca el momento de mayores rigores sobre el gasto público aplicados con la “regla fiscal”, en medio de discusiones sobre su verdadero alcance.
Además de la polémica por la inclusión o no de ciertas instituciones estatales en el rango de la “regla fiscal”, ahora se suma la duda sobre si esta debe calcularse sobre los montos ejecutados en el año anterior —como insiste la Contraloría General de la República (CGR)— o los presupuestados (que dan más holgura), como defendió ante los diputados el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
El conflicto se dimensiona en números: la diferencia entre una posición y otra podría representar contar o no con ¢433.000 millones en el presupuesto del año 2021. En parte por ello la reacción exaltada del presidente Carlos Alvarado, que consideró “suicida” aplicar la regla fiscal según la interpretación de la CGR.
En medio están los criterios de diputados opositores que critican con mayor o menor intensidad el manejo fiscal del Gobierno y las ideas variadas y controversiales que lanzó a la arena política el ministro Chaves, a quien tratan con menos cortesías que su antecesora, Rocío Aguilar, tras el recambio de hace tres meses.
Como si no bastara, se suma el debate sobre la conveniencia o no de restringir también inversiones públicas que ayudarían a dinamizar el marchito ambiente económico, con un crecimiento de PIB de solo 2,1% en el 2019 y con un desempleo nacional de 12,4%; aunque ese es un tema aparte.
En el tablero político surge de nuevo una controversia entre Hacienda y la Contraloría General de la República, cuya titular Martha Acosta debería someterse en meses próximos a un proceso de reelección en la Asamblea Legislativa si desea reelegirse ocho años más.
La Contraloría señala que si se aplica la regla conforme a Hacienda, “el nivel de endeudamiento será mayor en alrededor de cinco puntos del PIB. Además implicaría un rezago de por lo menos cuatro años más para alcanzar niveles de endeudamiento que se esperarían si se verifica el cumplimiento de la regla fiscal con el presupuesto ejecutado”.
Otro actor es el Banco Central, dirigido por la figura fuerte de Rodrigo Cubero, quien durante un año y medio trabajó en sintonía con la ministra Aguilar y en meses recientes ha proyectado más distancia con el trabajo del ministro Chaves.
Este banco, con una visión futura del endeudamiento menos sombría que la de Hacienda, deberá también manifestarse sobre la base de cálculo de la regla fiscal; aunque la exministra Aguilar aseguró que la entidad se inclina por utilizar los montos presupuestados, tal como plantea Hacienda.
Esto porque al momento de elaborar un presupuesto para el año venidero aún no se tiene precisión sobre cuánto dinero se acabará ejecutando en el año en curso, lo que obligaría a utilizar los números de un período anterior, por lo cual el cálculo quedaría desfasado.
Mientras, los actores económicos y financieros locales e internacionales ven cómo el país alarga sus discusiones, lo cual genera una incertidumbre que impacta en las decisiones sobre la economía.
“Es esperable que esto ocurra cuando se aplica un instrumento nuevo”, dice Fernando Rodríguez, economista que fungió como viceministro en el gobierno de Luis Guillermo Solís, periodo en el que la situación financiera se agravó más y surgió la “regla fiscal” como una necesidad.
“Por mucho tiempo tuvimos una suerte de regla fiscal que prohibía al Gobierno endeudarse para pagar gasto corriente, pero eso no siempre se cumplía. Después hubo otros intentos, pero hasta ahora se intentó hacer algo eficaz, pero flexible. Ahora hubo que encajar esa regla en una realidad compleja y por eso el estira y encoge”, explicó Rodríguez.
Esto ocurre mientras la agencia Moodys rebajó la calificación de Costa Rica, lo cual encarece el acceso a financiamiento internacional, y mientras el Ministerio de Hacienda experimenta un recambio total de su cúpula, por decisión del ministro Chaves.
Mientras, al ministro le achacan una escasa capacidad de lectura de la política local. Además, despierta dudas por posiciones consideradas estatistas, a pesar de provenir de un cargo de 20 años en el Banco Mundial. Entre ellas: proponer la apertura del secreto bancario sin necesidad de una orden judicial, una posibilidad que escandalizó a grupos empresariales.
Una reforma de última hora
La posibilidad de excluir las inversiones (gasto de capital) la planteó Ottón Solís, director por Costa Rica en el BCIE, al presidente Carlos Alvarado y al ministro Chaves, y está plasmado en un proyecto del diputado José María Villalta. Aunque otros sectores de oposición consideran que es una forma de agujerear el límite de los gastos públicos pensados con la regla fiscal.
Contenida en el artículo 9 de la ley 9635, la regla fiscal está definida como “límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno central a PIB”.
Con esto parece claro que se refiere a los gastos operativos (como la planilla) y al pago de intereses de deuda (que llegará a 5 puntos del PIB en este 2020), pero también que depende de otra variable compleja: el crecimiento de la economía. Si el PIB creciera mucho, sería menos probable que se aplique la “cuchilla” (como le llaman en broma algunos escépticos), pero no es algo que esté ocurriendo en este momento, en el que más bien crece la proporción de la deuda en relación con la producción anual.
Así, parece claro que pronto Costa Rica llegará a la cifra fatal de 60% de deuda sobre el PIB, que activa la parte más rigurosa de la regla fiscal y deja al Gobierno con poquísimo margen de gastar en inversión, pues el gasto corriente es ineludible.
“Quizás lleguemos a ese 60% en marzo o abril”, dice con tono de preocupación la jefa de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, quien dice estar dispuesta a estudiar la posibilidad de sacar del alcance de la regla fiscal a los gastos de inversión. “Se puede abrir al debate, pero entendamos que esa no era la intención de la regla fiscal cuando se discutió en el marco de la reforma fiscal”, advierte. Otros legisladores no están dispuestos ni a mirar el proyecto y más bien lo califican como un intento por arruinar la regla fiscal.
Ottón Solís dijo a este semanario que debería ser una reforma fácil de negociar, “porque a quien más le sirve es al próximo gobierno, que seguro será de PLN o del PUSC”, además de que por cada dólar que se invierte en infraestructura se genera $1,75 más en el PIB. “Dejarlo como está sería dispararse en el pie, pero algunos solo quieren ver al Gobierno sangrar sin pensar en que la economía podría crecer cero si se paraliza la inversión”, criticó el exdiputado y excandidato presidencial.
Por eso insiste en cambiar una palabra para que se lea “gasto corriente” en lugar de “gasto total” en el inciso D del artículo 11 de la ley 9635.
