Una huelga interminable dejó abierta la puerta de las aulas

El derecho a huelga de los educadores colisionó contra el derecho a la educación de un millón de estudiantes; el conflicto quita parte del velo sobre un sistema que resulta columnar en el pais y que hemos dado_por_sentado_durante años.

En el parque de Guápiles había más gente de lo normal. Es cierto que era la hora del almuerzo, pero no es usual que haya tantos niños o muchachos como hoy, un lunes 26 de noviembre.

No es un día cualquiera. Hoy el Ministerio de Educación Pública (MEP) entregó los datos sobre la rala promoción de exámenes de bachillerato, apenas un día hábil después de que el país conoció sobre la bendición de la Sala Constitucional a la reforma fiscal que motivó la huelga de educadores en la historia del país.

 

Miembros de APSE en Guápiles reunidos para discutir sus opiniones diversas sobre la huelga y sus consecuencias.

Para cientos de miles de estudiantes del sistema de educación pública el curso lectivo acabó hace más de 80 días, precisamente el viernes 7 de setiembre, y varios de ellos pasan el tiempo en el parque central de Guápiles, cabecera de la sexta región educativa del país con menor promoción de bachillerato, entre 27.

Por la mañana hubo una manifestación sindical de educadores, pero ya solo quedan los habituales, y a ellos se suman muchachos como Maikol y Kevin, que hoy sabrán si ganaron el bachillerato o lo perdieron, como temen.

Ambos estudian en colegios nocturnos. Maikol intenta graduarse de una vez por todas a sus 22 años, después de haber desertado una vez y haber vuelto a estudiar sin dejar de trabajar como mecánico, cuando lo llaman. El ingreso único de su hogar es el del padrastro empleado en una piñera, cuenta.

A su lado, Kevin (del Sindea de La Rita) asiente con firmeza. Su situación es similar. Vive con la abuela gracias a “una ayuda del Gobierno” y al subsidio de ¢100.000 mensuales que el programa “Empleate” le entrega a cambio de que lleve unos cursos de electricidad. Tiene 18 años y también necesita sacar el bachillerato por razones muy concretas.

“Ahora como está la vara solo con bachillerato consigue uno trabajo si no quiere uno acabar en la piñera, en la bananera o vendiendo drogas”, dice un segundo antes de sonreír como para disfrazar de broma su comentario serio.

En medio de ellos, su amigo Carlos sigue la charla sin perder detalle, él está en décimo y por la huelga perdió el trimestre completo de nuevo contenido en el colegio. “Estos maes por lo menos solo tenían que repasar, pero yo sí quedé mamando porque esto me va a joder la nota de presentación el otro año”. Su mamá trabaja en una empacadora de yuca.

Maikol, el mayor de los tres, parece más preocupado. En un momento hasta se le quiebra la voz. “Uno la lucha porque le han dicho que hay que acabar el cole para progresar, pero cuesta, mae, cuesta. Si no la pego en esta creo que el otro año me voy a San José a pulsearla allá”.

Quisiera estudiar ingeniería eléctrica. Dice que aquí en una universidad privada dan esa carrera, que le han contado. Carlos no está seguro a qué quiere dedicarse cuando acabe la secundaria, si la acaba, pero Kevin sí lo ve muy claro.

“Maestro de primaria”, dice tan seguro como de su nombre.

  • ¿En serio quiere ser maestro?
  • Claro, eso me gusta
  • Pero ¿por qué? Conoce a alguien que es maestro o de dónde sacó la idea
  • Di, mae, vea, brete hay mucho, yo digo que no es difícil y uno se puede ir a huelga con buen salario. Y en todo lado dan esa carrera.

Kevin se siente estancado pero no guarda rencor a los maestros. Quiere ser como ellos.

***

Yo no sé cómo les fue en las notas. Los vi irse caminando a seguir el curso de electricidad al que asisten sin saber bien de qué les va a servir. En la noche iban a reconocer sus notas, pero no les pedí el teléfono para preguntarles luego.

Ahí mismo una mujer me cuenta los problemas que ha tenido para recoger las notas de su hija Ashley en el sexto grado de escuela para poder matricularse en un colegio. La maestra les pidió no comunicarse con ella, pues estaría dedicada a la huelga para “defender la educación pública en las calles”, les dijo.

Pienso cuántas historias hay sobre el cierre de este curso lectivo que acabó por abandono. Decenas de miles de educadores cerraron las aulas y acudieron al llamado sindical en contra de una reforma fiscal, con la diferencia de que no encontraron la vía de salida tan pronto como otros sindicatos del sector público.

La huelga superó el día 80 sostenida solo por los maestros y profesores, esos que usualmente no se suman a las protestas sindicales pero que en esta ocasión sí colocaron su músculo político, sus recursos financieros, su volumen y las energías que en un mundo ideal deberían invertirse en el aula.

Los focos de las noticias acabaron sobre el enorme gremio docente del sector público. Más de 60.000 maestros de unas 5.500 instituciones instalados en cada rincón de Costa Rica, una red educativa digna de país desarrollado y motivo de orgullo nacional. La educación pública, ese otro bastión del éxito social relativo del país, acaba este 2018 sometido a un examen público.

Acabamos hablando de crisis fiscal, sí, pero también de educación pública, y esto no estaba en las previsiones del año.

El sistema que acoge al 75% de la población en edades de escuela o colegio acaparó la atención como casi nunca lo hace. Si en el 2017 el tema fue el “cementazo” y obligó a ver cómo funcionan los magistrados, en el 2018 la huelga obligó a colocar la mirada en los maestros.

Ahora se ve que es un gremio que contiene a un sector amplio, capaz de paralizar al sistema por causas arriesgadas. Nunca pudieron frenar la reforma fiscal, ni siquiera atenuarla. Cuando ya la mayoría de sindicatos había retornado a labores, los educadores huelguistas buscaban la manera de desarmar la huelga sin tener que volver a las aulas con las manos vacías. El histórico músculo de influencia sobre los partidos políticos en esta ocasión resultó insuficiente.

El dilema dejó de ser entonces cómo combatir la injusta reforma fiscal y se convirtió en cómo evitar que los maestros huelguistas (quizás más de 20.000, calculan en el MEP sin demasiada precisión) perdieran el salario de estos tres meses o se eximieran de otras sanciones.

La declaratoria de legalidad de la huelga, su desestimación posterior y una nueva declaratoria de ilegalidad solo agregó incertidumbre a un gremio que tampoco tiene liderazgos claros. ¿A quién seguir? ¿A qué atenerse? ¿Me expongo más si vuelvo a clases o si continúo en una huelga incapaz de cumplir su objetivo ni de cerca?

Comprobamos que algunos también pensaron en sus estudiantes y los atendieron fuera de horario, pero sin atreverse a decirle a sus compañeros “hasta aquí llegué”.

Pocas entrevistas se pueden hacer de frente, sin tener que ocultar los nombres. La mayoría de los profesores contactados prefieren no hablar o hablar en anónimo. El líder del mayor sindicato, ANDE (Asociación Nacional de Educadores), declinó dar declaraciones para no entorpecer la discusión sobre levantar o no la huelga. Al final decidieron no levantarla, aunque es de conocimiento general que la posición del dirigente se inclinaba más por salir de ella.

Al cierre de esta edición el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) había aceptado deponer la protesta, pero ANDE y APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza) se aferraban al movimiento de presión, aunque nadie, nadie cree posible evitar la ejecución de la reforma fiscal.

En últimas noticias, el MEP anunció el despido tajante de seis maestros a quienes se les probó que viajaron fuera del país durante la huelga, aunque hay más de 500 casos que aún se investigan.

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“Hay de todo, pero el compromiso general del gremio es total y va más allá de nosotros. Estamos luchando por el país”, me decía en Guápiles una dirigente de la Regional 24 de APSE que se declaró en huelga aunque en su colegio (Experimental Bilingüe) seguía funcionando. En ese mismo momento el director entregaba las notas de bachillerato a los muchachos de quinto año.

Ella coincide en que esta huelga ha sido reveladora, pero no porque haya puesto al descubierto una falta de compromiso de los docentes o un desdén por los estudiantes, sino porque los maestros, dice, despertaron de un letargo y tomaron el liderazgo en la lucha social.

“Se acabó la idea de que vivimos en el país de las maravillas y de que los educadores somos un gran rebaño encargado de cuidarle los niños a la gente. No, estamos demostrando que tenemos quizá más conciencia social que otros”, decía en un edificio abandonado mientras 18 colegas suyos comenzaban una reunión de coordinación.

“Hemos logrado despertar a la sociedad, nos hemos formado para esto. Yo diría que incluso yo no soy la misma ahora. Nos sentimos fuertes”, decía ese lunes, minutos antes de que varios compañeros en la reunión dijeran que convenía esperar un nuevo fallo sobre ilegalidad de la huelga para ver si volver o no. (El fallo llegó dos días después, pero APSE decidió no volver aún).

La conversación empezó por su historia familiar, los motivos iniciales de la huelga, el enorme golpe que sufrirían muchos negocios si a los educadores les rebajan el salario (“en mi salón de belleza el 80% de las clientas son compañeras”) y la imagen de valentía que, dice, ahora proyecta el gremio; pero llegó a un punto inesperado: el valor de la educación con el énfasis en los estudiantes.

  • La gente cree que no estamos haciendo ningún daño a los muchachos por irnos a huelga y no es cierto. No les estamos violando ningún derecho ni afectando en nada.
  • ¿Ninguno?
  • ¡Ninguno!, si más bien ellos están encantados y la educación no es tampoco un servicio esencial.
  • ¿No es la educación un servicio esencial?
  • Claro que no, no se les priva de nada.
  • Me sorprende que me diga, más allá de lo legal, me diga que no esencial la educación pública en un país como Costa Rica.
  • Bueno, hay opiniones. Como decir que la primaria es femenina y la secundaria masculina, aunque en eso el ministro (Édgar Mora) sí nos estudió bien.

Los dirigentes sindicales también han estudiado al ministro Mora, ajeno al gremio, al sistema de educación pública e incluso a la docencia, pero dueño de un discurso progresista y rupturista que chirría en la tradición de los profesores.

A él y al presidente, Carlos Alvarado, se refería una dirigente en la reunión ante 18 docentes formados en círculo. “Nos quieren invisibilizar, creen que pueden manejarnos, pero no es así la cosa. Ustedes saben que yo nunca he estado de acuerdo en esta huelga, pero llegados a este punto no podemos volver”.

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Muchachos del Colegio Experimental Bilingüe Guápiles recogían el lunes 26 sus notas de bachillerato. Aquí solo
uno reprobó, aunque esta área educativa es la sexta peor entre 27 que hay en el país.

Tiene razón esa dirigente. El ministro de Educación no maneja a los docentes. El Informe Estado de la Educación ha reiterado que las políticas en educación no están necesariamente conectadas con lo que ocurre en las escuelas o los colegios, ni qué decir ante un escenario de huelga.

La clave está en los directores, coinciden autoridades, expertos y docentes consultados. Cada director de institución es el primer jefe de los maestros, el que puede controlar, contratar, pedir cuentas o incluso hacer que la escuela funcione o no durante la huelga.

Un ejemplo es el director del colegio nocturno de Grecia. Con solo cuatro docentes en funciones este centro mantuvo las clases a todos los estudiantes, dice el profesor Franz Alfaro, quien sustituía hasta esta semana a una profesora incapacitada.

“A pesar de que el director apoyaba la huelga, hizo todo lo posible para mantenernos motivados y sacar la tarea, aunque sí ha sido muy duro”, cuenta este profesor de matemáticas interino, crítico de la actitud de muchos de los huelguistas, quienes en su mayoría son los que más seguros están en sus puestos.

El ministro Mora plantea el dilema: “¿pueden irse de huelga los directores? ¿Acaso no son la primera capa de jefatura del aparato público”. La realidad indica que sí, que los directores pueden irse de huelga y decidir o no si su institución queda cerrada con candado, como si fuera de su propiedad, dice el jerarca.

La mayoría de los directores tienen especialidad en administración educativa, pero no en pedagogía, lamenta la investigadora Isabel Román, coordinadora del informe Estado de la Educación. Eso hace que se priorice el funcionamiento operativo del colegio o la escuela, no necesariamente la calidad de la educación en las aulas, donde de por sí, incluso sin huelga, se pierde hasta un tercio del tiempo, como señaló ese reporte de 2017.

Así, el funcionamiento de más de cinco mil instituciones dependen no de lo que decida el MEP, sino de la voluntad o capacidad del director y su equipo. A la sabida carencia de evaluación docente (a cuyo aumento se oponen los gremios, asegura Mora, pues los reportes de cada año indican que el 95% es “excelente”) se suma un serio problema de gobernanza, señala Román. Es decir, la educación en un centro público puede ser buena o no, pero no hay forma de controlarlo ni de evaluarlo, y lo mismo ocurre en una huelga.

La realidad indica que los directores no son Don Frutos (aquel personaje autoritario pero intelectual de la novela corta El Moto, que Joaquín García Monge publicó en 1900), aunque sí tienen muchos ese rol político de comunidad o más allá. Tampoco todos los docentes son Emma Gamboa, la educadora benemérita de la patria cuyo rostro se ve en el billete de ¢10.000.

Los describe la experta Román: lo que tenemos es un educador altamente titulado (no necesariamente capacitado, porque el sistema premia el título, no la calidad), con buenas condiciones salariales relativas (comparado con América Latina) y un sistema de incentivos bueno. La diferencia es que en otros países esos incentivos están vinculados a resultados. Muchos funcionarios han salido de universidades privadas no acreditadas cuya calidad desconocemos. Se gradúan más de 10.000 docentes por año y el 70% procede de universidades privadas de todo tipo con sedes en todo el país.

No hay distingo ideológico o de procedencia universitaria para apoyar esta huelga. La conciencia social, que mencionaba la dirigente en Guápiles, no clasifica por universidades. Llegada la hora, son compañeros todos los que decidieron sumarse a la huelga por conciencia social, por defensa gremial, por no quedar mal con otros o por ensayar una “unidad sindical” que llevaba muchos años sin expresarse. Los educadores, dueños de un músculo político y financiero propio, decidieron sumar fuerzas con muchos otros y acabaron solos.

“Se les fue de las manos y costaba volver con las manos vacías. ¿Cómo los maestros van a volver de una huelga con las manos vacías?”, se plantea Leonardo Garnier, ministro de Educación durante ocho años y profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR). Y agrega un elemento: los líderes nacionales perdieron legitimidad.

Hay alguna prueba de ello. Se conoció el video en el que un agremiado increpa a Cascante porque este había pedido en una reunión no ser “obcecados” y sugerido la posibilidad de acabar la huelga dada la incertidumbre. El hombre molesto lo siguió y a 30 centímetros de distancia le soltó un insulto de connotación sexual: “maricón”. Esto también dice algo, señala Garnier.

***

La huelga de educadores no ha sido pacífica, concluyó el juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, pues calculó que casi 100.000 estudiantes se quedaron sin el servicio básico de comedor, a pesar de que para muchos de ellos es la única comida del día, señaló el juez, en referencia a las zonas más pobres del país.

Esa es, quizás, la señal más cruda de los efectos que tuvo la huelga sobre los sectores más vulnerables, para los cuales ni siquiera es posible una alimentación y mucho menos la opción de acceder a la educación privada que gana terreno en el país. Es posible que esta misma huelga, planteada como una defensa de sistema público, más bien provoque que más familias decidan matricular a sus hijos en el sistema privado, lo cual erosiona al sistema público, advierte Isabel Román.

Ahí es donde las cosas se complican más, porque se supone que la educación pública debe ser una de las grandes palancas del país para evitar que crezca la diferencia de oportunidades entre los costarricenses pobres y los ricos, dice Daniel Castro, un empleado bancario que ahora busca presupuesto y escuela privada en Heredia para evitar que sus dos hijas vuelvan a pasar tres meses de ocio. Alguien siempre sale ganando, y serán los dueños del centro que Castro elija.

“Lo hago con el dolor en el alma, porque yo creo en la escuela pública y en los maestros y sigo pagando mis impuestos encantado de que tengamos educación pública, aunque ahí mis hijas nunca iban a salir bilingües y a menudo tienen días libres, fuera de la huelga. Ahora tocará hacer el sacrificio por mis hijas y sacar el 15% de mi salario para matricularlas en lo privado, porque no las puedo exponer. Vea lo irónico, es como si me aplicarán una reforma fiscal más brava”, lamentaba.

Así será más difícil verle el provecho a los ¢3.500 millones diarios que paga el país por esa educación pública. Diarios. Y será más difícil revertir el aumento de la desigualdad en este siglo, y que los tres muchachos de Guápiles puedan ser profesionales como tantas veces les han repetido.

No logré saber si pasaron el bachillerato en esta ocasión. Ellos creían que no, pero me fue imposible saber si los alcanzó la doble curva que hizo en esta ocasión el ministro Mora para evitar que solo se pudieran graduar 25 de cada 100 muchachos, 13 menos que el año pasado.

Esta vez, en San José, quisieron que lo aprobara el 82%. Sí, quisieron, porque el bachillerato lo pasa el porcentaje que el ministro decida que debe pasarlo. Es como dar una licencia de conducir a alguien que no ha probado saber hacerlo, pero es mejor darla para que la vida siga. Y a quienes no lo lograron, ¿en qué fallaron? ¿en qué parte de un proceso de 12 años de educación formal estuvo el error? Nadie lo sabe.

Quizá el problema estuvo en la huelga del 2018, dirán algunos dentro de unos años. Casi un trimestre perdido, el temor (o la certeza) de que algunos muchachos no regresen a clases o que sigan pasando de grado con enormes lagunas que, como decía la dirigente sindical en Guápiles, tampoco se podrán medir ni atribuir específicamente a esta huelga. Podría tardar cuatro o cinco años el superar los efectos en los alumnos, especula el exministro Garnier.

Cuando pase todo, puede quedar claro que el choque entre el derecho a huelga y el derecho a la educación dejó más damnificados por este último, que muchos docentes defienden genuinamente la protesta y que muchos quisieran no haber abandonado las aulas, pero no todos.

Y eso nadie lo puede controlar, ni el ministro ni los dirigentes sindicales. O tal vez podamos concluir que, en el fondo, por sus causas, esta huelga empezó hace muchos años y su impacto se prolongará otro tanto. Ojalá para ese momento Kevin haya cumplido su sueño de ser maestro también.


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