La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) envió al presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, una carta -de la cual UNIVERSIDAD tiene copia en su poder- en la cual le pide retirar las acusaciones penales interpuestas ante la Fiscalía por no entregar información financiera, y una de las acusadas es la Superintendente General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar.
Actualmente, Aguilar enfrenta una investigación penal por el presunto delito de cohecho propio tras negarse, por meses, a entregar al BCCR datos sobre las operaciones de crédito que se realizan en el territorio nacional, algo que ha generado gran revuelo en el ámbito financiero del país. Adicionalmente, la oficina de prensa del Ministerio Público informó que contra Aguilar se tramitan dos causas por el aparente delito de tráfico de influencias y el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública.
El 23 de noviembre del año anterior, la Junta Directiva del Banco acordó solicitar a la Sugef —entidad que es un órgano de máxima desconcentración adscrito al BCCR, bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)—, acceso a la “información integral de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados le remiten, incluyendo necesariamente el número de identificación para la elaboración de nuevas “estadísticas económicas de interés público nacional.
En una conferencia de prensa realizada el pasado 22 de agosto, el BCCR explicó que la solicitud se realizó con base en lo establecido en la ley orgánica del banco y en la ley que regula el Sistema de Estadística Nacional, pues el banco usa y ha usado desde tiempo atrás información individualizada para analizar realidades económicas a la luz de datos sociodemográficos.
Estos datos se usarían para la elaboración de nuevas “estadísticas económicas de interés público nacional”..
Tal y como consta en la carta, las autoridades del BCCR se reunieron con representantes de la UCCAEP, quienes expresaron las inquietudes del sector empresarial en torno a las solicitudes de información del Banco Central a sus entes desconcentrados, instituciones del sistema financiero nacional y otras instituciones del Estado.
“Ante la incertidumbre de la población en general por los requerimientos de información del BCCR de todos los movimientos financieros sin anonimizar, en aras de generar tranquilidad, deseo reiterar por esta vía las tres propuestas que como sector le hicimos: detener las solicitudes de información de parte del BCCR en tanto la Sala Constitucional no resuelva las acciones interpuestas; retirar las acusaciones penales interpuestas ante la Fiscalía y que se conforme una comisión técnica con UCCAEP y la Asociación Bancaria Costarricense a fin de instrumentalizar un mecanismo en el que la información le sea enviada al BCCR en forma anonimizada”, señaló la carta firmada por José Álvaro Jenkins, presidente de la UCCAEP.
Sin embargo, expertos han explicado que por “datos sensibles” se entienden la raza o etnia, salud, afiliación política, orientación sexual, creencias políticas o religiosas, informaciones que puedan generar estimagtización o discriminación y que ninguna persona se encuentra obligada a suministrar.
