El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) objetó al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) millonarios cobros por las labores de “mano izquierda” del ucraniano Remi Osman, servicios dados por el asesor de confianza del presidente, Federico Cruz (conocido como “Choreco”) y otras cuestionadas figuras.
Según un informe del tribunal, al que UNIVERSIDAD tuvo acceso, se rechazó el reintegro de deuda política por un total de ₡1.114.875.576,22 por rubros que incluyen salarios y honorarios, pago de servicios de medios de comunicación y descuentos aplicados a certificados de cesión (conocidos como bonos de deuda política).
El organismo emitió un informe que contiene un anexo en el que se detallan los rubros objetados y las razones. En el mencionado documento, varios de los nombres de personas y empresas coinciden con quienes han enfrentado cuestionamientos de la comisión legislativa que investiga las presuntas anomalías en el financiamiento a favor de partidos políticos durante la campaña electoral del 2022.
Salta a la vista que se rechazó el pago de ₡1.641.890 en nueve facturas emitidas por Remi Osman Mucondo que se consignaron como fondos destinados a la “Idealización (sic) y Manejo de la Mano Izquierda de la Dirección de Campaña, como apoyo de toma de decisiones estratégicas”.
Aunque en comisión Osman dijo que trabajó en monitoreo de redes sociales y otras funciones similares, el TSE indicó que los servicios, como fueron consignados, se entienden como “una campaña de ataques, generalmente infundados, que lo que hacen es tratar de denigrar o de sembrar dudas o de realizar aseveraciones sobre personas o partidos adversarios”, de modo que esa inversión “ha desnaturalizado el propósito del uso de los recursos” y, por eso, se rechaza.
El TSE objetó, además, el reintegro de ₡58.520.440 cobrados por Federico Cruz, quien se ha dado a conocer como estratega de la campaña y asesor de comunicación del mandatario Rodrigo Chaves, además de presidir la agrupación Aquí Costa Rica Manda.
Cruz brindó, según el informe, servicios de comunicación en Internet, pero doce facturas —que suman el monto detallado— fueron rechazadas por motivos que incluyen mala clasificación contable, cobro injustificado, no registro del medio de pago, ausencia de contratos, informes y productos finales.
Cabe recordar que, en diciembre, el TSE anunció una investigación adicional sobre la campaña del PPSD, pues Cruz admitió ante la comisión legislativa que recibieron donaciones de servicios de manejo de bases de datos y alquileres de bienes inmuebles que no reportaron al tribunal.
En el caso de la empresa Knock Out Marketing S.A., se rechazaron dos cobros idénticos por ₡1.689.350; uno por servicios de arrendamiento y otro por “actividades”. El tribunal consideró, en un caso, que el cobro estaba mal registrado y, en otro, que no se adjuntaba el contrato original o que este no estaba firmado, por lo que no correspondía el reintegro.
Cuestionables maniobras
Otros rubros objetados por el tribunal fueron ₡29.4 millones facturados en tres tractos por Alejandro Brokke (director de la agencia Nexo) quien, en comisión, confirmó la coexistencia de la candidatura de Chaves y el uso de un fideicomiso aparentemente ilegal.
Además, se objetó el cobro de ₡242.4 millones por parte de Fengliang Zheng, empresario del restaurante Jardín Oriental, por descuentos por certificados de cesión y “Actividades para el Fortalecimiento de la Estructura Interna”. Es pertinente recordar que, en comisión, Zheng dijo que su restaurante solo proveyó alimentación y que “le pagaron con bonos”, pero que él nunca adquirió estos certificados.
Cabe destacar que, en total, se rechazaron reintegros por descuentos en bonos de deuda política que suman ₡169.500 millones a nombre de distintas personas que incluyen al propio presidente de la República y al vicepresidente Stephan Brunner, a la diputada Pilar Cisneros, donantes como Calixto Chaves y su hijo José Pablo. Incluso se registran, como puede verse en la tabla adjunta, que se intentaron facturar descuentos sin siquiera consignar una identificación válida.
Ariel Robles, legislador del Frente Amplio, dijo que, en su criterio, la legislación en materia de financiamiento de campaña es laxa y debe fortalecerse porque no debe repetirse que, a casi dos años del proceso electoral, apenas estén dándose a conocer las anomalías.
Además, dijo que le preocupaba seriamente que, al no poder pagarse ciertos rubros prometidos, el presidente siga “pagando con favores” como considera ha venido haciendo con diversos financistas de su elección.
El liberacionista Francisco Nicolás dijo que es evidente que los partidarios del hoy presidente “pusieron la creatividad a volar para poder desarrollar sus actos ilegales y hacerle llegar recursos a la campaña del señor Chaves” y lamentó que “en esta ocasión, rebasaron la capacidad de control y de seguimiento del TSE y el Ministerio Público”.
“Es tanta la maraña de encubrimientos, movimientos dobles, movimientos triples y jugadas contables que hacen ellos, que al mismo Ministerio Público le está costando formular una acusación”, dijo el legislador y agregó que la normativa en la materia debe fortalecerse para que esto no se repita.
PPSD reconoce “mejoras” por hacer
Por su parte, la presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, dijo que este era el final de un proceso largo y admitió que los partidos emergentes tienen “mejoras” por hacer.
Sobre los bonos que no se pagarán, la legisladora indicó que el partido no debe responder, pues “las personas saben cuál es el riesgo” y, más bien, celebró que a quienes tienen bonos clase A “se les va a poder devolver su inversión inicial, más un poquito”.
La diputada dijo que la agrupación entregó una documentación que sabían “que no iba a hacer cambios”, pero que fue preparada por una “tesorería anterior” que “indicó que eso era lo que teníamos que presentar y, pues, nosotros respetamos ese proceso, sobre todo porque hubo cambio de tesorería también del partido”.
El tesorero de la agrupación, Luis Roberto Jiménez, también se refirió al asunto diciendo que el partido “de ninguna manera” ha tenido o mantenido “un esquema de recaudación de fondos al margen de la ley” y aseguró que el “actual Comité Ejecutivo siempre ha mantenido un estricto apego a la normativa definida para el financiamiento de partidos políticos”.
“Las personas que generaron la acción que señala ya no se encuentran en el partido”, concluyó.
*NOTA ACLARATORIA: En esta publicación se consignó originalmente que la empresa Knock Out Marketing S.A. estaba vinculada al productor audiovisual Christian Bulgarelli, lo cual es incorrecto, por lo que se realiza la edición correspondiente de esta información para eliminar la información errónea.
