Eugenia Zamora, presidenta Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se manifestó claramente a favor de un proyecto de ley que pretende reformar el Código Electoral para facilitar el acceso de partidos políticos a la contribución estatal anticipada para procesos electorales, pues “ofrece oportunidades importantes para la participación política a nivel municipal, mejorando el acceso del financiamiento para los partidos del proceso municipal”.
El proyecto es estudiado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y no forma parte del paquete de cuatro proyectos recientemente planteados por el propio TSE, sino que fue presentado por el diputado oficialista Jorge Rojas.
Zamora celebró reiteradamente durante su comparecencia que el proyecto se basa en otro que fue presentado hace diez años por el propio TSE y se refirió a las propuestas que incluye, principalmente que dispone que, en el caso de las elecciones municipales, los partidos políticos participantes podrán recibir un anticipo del 50% del monto que corresponde a la contribución estatal.
De ese anticipo, un 30% se destinaría a que “el Estado a través de TSE compre pauta publicitaria a favor de partidos y que no requiere ser caucionado. El 70% es contribución directa a partidos y de acuerdo a Sala Constitucional tiene que ser un adelanto al partido de manera caucionada, es decir se requiere garantías líquidas para que el partido pueda accesar al adelanto de contribución estatal”.
La magistrada presidenta del TSE justificó el otorgamiento de ese 30% dela manera descrita al detallar que para la elección nacional anterior, “ningún partido solicitó la contribución estatal adelantada, porque uno de los problemas grandes que están teniendo los partidos es precisamente ofrecer garantías líquidas para ese adelanto que se requiere al inicio de la campaña”, por ello consideró que se trata de una “propuesta oportuna”.
Esta medida particular se introduce como una adición al artículo 96 del Código Electoral, que se refiere únicamente al financiamiento anticipado de los partidos políticos inscritos a escala nacional que hayan presentado candidaturas para presidente, vicepresidentes y diputados, así como a los partidos a escala provincial con candidaturas presentadas a la Asamblea Legislativa.
Otros aspectos introducidos en la propuesta mencionados por Zamora es que se regula el momento en el cual se accedería a ese anticipo, amplía y detalla las atribuciones del fiscal de los partidos, se establecen fechas para que la administración electoral devuelva las garantías ofrecidas por los partidos y “se excepciona a los partidos de presentar sus estados financieros si se produce inactividad partidaria”.
Héctor Fernández, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE y quien acompañó a Zamora, ponderó que en el escenario actual establece únicamente un 15% de adelanto, “pero con la caución son pocos los partidos que tienen acceso”.
Esa realidad generó que los certificados de cesión (o bonos de campaña) se convirtieron en el instrumento utilizado por partidos para acceder a recursos “cuando más los ocupan: antes de las elecciones”.
Sin embargo “han venido pasando aspectos que han vuelto a distorsionar más el sistema”, pues “se ha reducido las donaciones, cada vez menos las personas que contribuyen”.
Por otra parte, el mercado financiero empezó a ser una de las principales fuentes de financiamiento de muchos partidos políticos, pero “se ha venido cerrando, cada vez son menos entidades, ya por ejemplo ningún banco público entra en el juego y los bancos privados cada vez se reducen más”.
Fernández además apunto que “se empieza a dar un fenómeno de volatilidad electoral, los certificados de cesión se calificaron de perversos porque dependían de las encuestas, ya esas encuestas tampoco en muchos casos son muy acertadas, eso ha disminuido la cantidad de inversionistas”.
Con esos razonamientos el funcionario buscó justificar la propuesta del anticipo de la contribución estatal.
El diputado liberacionista Gilberth Jiménez cuestionó si “¿lograremos acabar con las estructuras paralelas de financiamiento con este proyecto?”, ante lo cual el letrado del TSE Andrey Cambronero replicó que “lo que baja el proyecto es la dependencia de capitales privados en el momento de campaña, esa es la parte fuerte del proyecto”.
Por su parte, el proponente Jorge Rojas, dijo que en el trámite del proyecto “hay tiempo impactar las elecciones municipales”, aseveró que el proyecto “cierra ventanas de dinero de dudosa procedencia” y planteó preguntas orientadas a destacar las virtudes de la propuesta.
Entonces Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, aportó datos como que en las elecciones de 2020, de 74 partidos políticos que tuvieron derecho a liquidación de gastos, cinco concentraron ¢5.125 millones, más del 50% del total de la contribución estatal que ascendió a unos ¢9 mil millones.
Además, llamó la atención a que la concentración de esos dineros fue aún mayor, pues de ese monto de ¢9 mil millones, “lo que realmente liquidaron los partidos fue ¢6.400 millones”, ya que de 74 agrupaciones que obtuvieron derecho a optar por contribución estatal, solamente 56 presentaron la liquidación respectiva.
Chacón informó que el monto de contribución estatal definido para campaña de 2024 es de ¢10.700 millones, que de acuerdo con la propuesta de ley, el 50% será de unos ¢5.397 millones, de manera que el 30% que correspondería por concepto de contribución estatal no reembolsable llegaría a ¢1.619 millones aproximadamente.
“Haciendo un ejercicio a mano alzada, tenemos que entonces, en virtud de ese porcentaje no reembolsable, a cada partido nacional se le darían ¢44,5 millones, a cada partido provincial, ¢6.385.000, y a cada partido cantonal, ¢532 mil”, detalló.
El funcionario dijo que con ello se genera la posibilidad de “contar con un piso mínimo de visibilización para todas las agrupaciones políticas, lo cual es favorable en términos de la equidad que debe caracterizar todo proceso democrático. Nótese se habla de equidad y no de igualdad”.
Al cierre, Zamora reiteró su apoyo al proyecto pues “por una parte introduce equidad en la contienda y por otra, esa equidad permite igualdad en la salida (en medios de comunicación) y al mismo tiempo concretar el derecho de información de la ciudadanía: cuáles son las ofertas partidarias para que sea un voto informado”.
