El pasado miércoles 28 de noviembre el Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, reiteró el reconocimiento de la relación laboral que existe entre una iglesia y su pastor.
El caso analizado trata sobre el reclamo de un pastor que laboró para la Iglesia de Dios Evangelio Completo durante 40 años. A lo largo de este tiempo cumplió un horario, tuvo funciones y responsabilidades, y se le fijó un ingreso basado en el diezmo de la congregación.
Incluso, según explicó el abogado del pastor, José Andrés Torrentes, en algún punto la iglesia decidió trasladarlo a otra congregación y así lo hizo, donde además sus ingresos crecieron pues eran más personas y por ende, mayor la ofrenda.
Cuando el pastor envejeció, comentó Torrentes, la iglesia buscó la manera de prescindir de él y le dijeron que ya no lo necesitaban, sin pagarle ningún tipo de indemnización.
Por eso, el religioso interpuso un reclamo en la primera instancia laboral reclamando sus derechos laborales.
La iglesia, según consta en la sentencia, argumentó que “no se trata del cumplimiento de un horario o jornada, sino del ejercicio pleno de una libertad de vocación pastoral sin mediar ninguna dirección”, aunque el religioso debía entregar informes, trabajar donde se le indicaba y dedicarse tiempo completo a sermones, consejería y temas administrativos.
Finalmente, se reconoció su derecho al pago de aguinaldos y vacaciones de toda la relación laboral, preaviso, auxilio de cesantía, intereses, indexación e incluso se ordenó que se pagaran las cuotas obrero patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social para su eventual pensión.
La iglesia apeló la decisión, argumentando también que como no tenían “fines de lucro” el pastor no podía pretender un ingreso, pero el tribunal decidió que la relación laboral era innegable y reiteró que se le debía pagar de conformidad.
Torrentes dijo que en el transcurso del juicio se enteró que si bien algunas iglesias operan con legalidad, muchas no garantizan los derechos laborales a sus pastores, por lo que considera que el caso sentará un precedente para que “toda la gente que esté trabajando en una iglesia donde no se le reconocen sus derechos laborales, pueda tener la certeza de que puede reclamar esos derechos, aunque la Iglesia diga de que no”.
