Trazabilidad de licores genera resistencia pues controlará evasión y contrabando

Una propuesta que se gesta en la Asamblea Legislativa y que se encuentra a la espera de ser convocada por el Poder Ejecutivo traerá una mayor precisión en el cálculo del impuesto a los licores y evitaría el contrabando y la evasión, lo cual genera resistencia de los sectores productivos y comercio.

Se trata Ley contra la adulteración, falsificación, imitación y contrabando de bebidas de contenido alcohólico Nº 20961 (la cual daría trazabilidad a los licores), que entre otras cosas establece la creación de un mecanismo tecnológico que permita al Ministerio de Hacienda dar seguimiento a cada botella de cerveza o de licor que se produce en el país (o que se importa), saber a dónde se despachó y en qué lugar se vende.

Este sistema permitiría atacar la informalidad, el comercio ilícito y el contrabando de bebidas alcohólicas; sobre todo después de que unas 30 personas murieron el año pasado en el país por consumir licor adulterado con etanol.

Además del contrabando, sería una excelente herramienta para evitar la evasión de productos alcohólicos y recaudar mayores recursos a través de los impuestos. Todo esto gracias a que el sistema de trazabilidad permitiría registrar la información desde que se produce en la fábrica hasta el momento en que es vendido.

De acuerdo con Guillermo Varela Brenes, experto de la Asociación GS1 Costa Rica (desarrolladora de tecnologías de trazabilidad), el sistema estaría compuesto de tres etapas. La primera, es el desarrollo de un software, que se activaría con la colocación de una etiqueta en cada botella; la segunda, consistiría en la propuesta de un programa de registro de datos; y finalmente, una aplicación digital (app) que permitiría a los usuarios darle el seguimiento al producto.

La trazabilidad integral precisamente permitiría lograr ese seguimiento a lo largo de todas las etapas de la cadena de abastecimiento, procesos de importación, nacionalización, pago de impuestos y demás.

Varela enfatizó en que todos los productos traen en su etiquetado un número de lote, lo cual solo sirve para la trazabilidad interna, pero cuando sale de la planta de producción se pierde el rastro.

“Tengo que demostrar que mi producto es de la calidad y que aquello que incluyo en el sistema es la data real. Definitivamente tiene usos muy positivos para minimizar el comercio ilícito y la evasión, pues regularía procesos, indicaría a quién le corresponde pagar impuestos o si ya los pagó y si cumple con todas las normas de calidad”, señaló el experto.

Asimismo, toda la producción que se de en determinada compañía deberá ser registrada, aunque esta sea distribuida en eventos especiales, regalías o en barriles.

Para Daniel Ulate, diputado del Partido Liberación Nacional e impulsor del proyecto, luego de formular el texto inicial y verla en Comisión de Asuntos Económicos comenzaron presiones por parte de la industria. Principalmente, para oponerse a implementar la herramienta tecnológica que daba trazabilidad fiscal, pues aducen dudas de costos.

“Actualmente, lo que hacen es pegar una calcomanía en las botellas que indica número de lote y quién lo distribuye, pero no se es posible rastrear si ese producto pagó o no impuestos; si es original; y no cuenta con características de seguridad. No es posible determinar la veracidad de los productos”, indicó el legislador.

La tecnología la escogería el Ministerio de Hacienda, la cual consistiría en la creación de un software nacional de trazabilidad; un app por desarrollar; un sistema que permita a la empresa tener interfase con el sistema donde cargará la información y el etiquetado con código QR, que redirigirá a un sitio todos los datos.

Por ejemplo, días atrás UNIVERSIDAD informó que tras la aprobación del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas, a las empresas que producen y distribuyen licor se les condonó mas de ¢37 mil millones.

Según el experto Varela, la implementación de un sistema de trazabilidad como el propuesto no superaría ni siquiera el 2% de ese total de la amnistía; es decir, unos ¢750 millones.

“Lo que se logra ganar en ingresos por impuestos, gastos en salud por atender a personas que consumen productos adulterados es mucho mayor que lo que invertiría en un sistema de trazabilidad”, comentó.

Sectores opuestos

En este sentido, Jason Chaves, asesor de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias de Costa Rica, explicó que como sector gremial han manifestado su total oposición al proyecto pues consideran que las regulaciones deben enfocarse en atacar al sector informal y no a la industria establecida, que es vulnerable al comercio desleal.

Además, que la colocación de este tipo de mecanismos en todos los envases con contenido alcohólico generaría un elevado costo para la industria. Por ello se convertiría en un impuesto adicional para el sector formal que genera empleo y riqueza al país, o para el Gobierno que deberá asumir los costos de la implementación del dicho sistema.

“La experiencia internacional confirma que el costo de ejecutarlo es mayor en comparación con la recaudación tributaria. Asimismo, los mecanismos de trazabilidad fiscal no son la forma más efectiva de demostrar que un producto es genuino. Aunque pueden contener características de seguridad para proteger a los consumidores de licores falsos, los mecanismos en sí son a menudo fáciles de falsificar”, señaló Chaves.

Por su parte, Gisella Sánchez, de Fifco, aseguró que en varias ocasiones han manifestado su preocupación sobre el proyecto, pues el mecanismo que se promueve ha fallado en otros países, e incluso el que están implementando en la zona de Golfito para evitar el contrabando no ha generado ningún resultado.

“Nuestro país debe hacer un esfuerzo por atacar la causa raíz del contrabando, que afecta a nuestra sociedad, y también a empresas responsables como la nuestra. Por esto creemos que el enfoque debería estar en la aplicación efectiva de las leyes que han sido promovidas para detener el comercio ilícito. Todas y cada una de nuestras ventas son reportadas según las reglas que nos aplican, y los impuestos que pagamos se ajustan a los lineamientos que indica la ley y adicionalmente cumplimos con todas las regulaciones como empresa pública que cotiza en bolsa”, argumentó Sánchez.

 Crear un sistema de trazabilidad nacional de los licores permitiría al país contar con información veraz y en tiempo real de todo lo que se produce, su origen, distribución y destino final. Sería una excelente herramienta no solo para controles fiscales, sino también para garantizar la salud de la población que consume este tipo de bebidas.