Las jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Marta Esquivel y Cindy Quesada, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público respecto al caso de la niña recién nacida Isabella, tras el reclamo público hecho por su madre.
Un día después de que la madre llamada Angie Herrera denunció dejadez de personal médico, Esquivel dijo que se investiga internamente y se llevó a instancia judicial el caso de la bebé que nació delicada de salud por tener sólo 26 semanas de gestación, por lo cual la madre recibió la recomendación de pasar “las últimas horas” con su hija.
La bebé fue trasladada el martes el hospital de Puntarenas y está “estable dentro de su condición delicada”, dijo la presidenta de la CCSS, quien también habló de una investigación interna con posibles sanciones disciplinarias y de una denuncia ante el Colegio de Médicos.
Sobre la vía penal, la jerarca dijo que pedirá a las autoridades que secuestren la información necesaria lo más pronto posible para evitar que se pierdan posibles pruebas, aunque no mencionó contra quién están dirigidas las denuncias.
La bebé fue llamada Isabella Milagro y recibe atención crítica en Puntarenas, donde incluso sufrió en la noche del martes un incidente que comprometió su salud.
“Yo me comprometí con la madre para presentar una denuncia ante el Colegio de Médicos, pero tras analizar el caso, la situación que se dio ayer (martes) es inaceptable y vamos a presentar una denuncia penal”, dijo Esquivel. Así habló en la conferencia de prensa semanal del presidente Rodrigo Chaves, quien también se solidarizó con la madre después de que esta logró llamar la atención sobre el caso mediante un video que hizo circular en redes sociales.
Chaves insistió a Esquivel en impulsar una investigación interna en paralelo a las otras denuncias e instancias externas. Además, Esquivel dijo que se propone designar el 8 de enero (fecha de nacimiento de la bebé) como día contra la violencia obstétrica.
A raíz de este caso, la Defensoría de los Habitantes también reaccionó y anunció que investigará “la capacidad resolutiva que tienen los centros de atención en salud en la especialidad de gineco-obstetricia de las diferentes regiones del país para atender los casos de alta complejidad”, pues ve posible que lo ocurrido en Nicoya no haya sido algo excepcional.
La jerarca del INAMU dijo que tras la denuncia de Herrera han salido a relucir otros casos en centros médicos de mujeres que han sufrido discriminación y violencia obstétrica.
