Existe un miedo infundado sobre que la robotización disminuya los empleos accesibles para las personas, pues, históricamente, los procesos de revolución industrial siempre han llevado a crear más empleos que los que hace obsoletos. Sin embargo, los riesgos existen y por eso los Estados deben adelantarse y preparar a la fuerza de trabajo para esos cambios.
Así lo afirmó Andrés Fernández Arauz, autor del estudio “Retos de la cuarta revolución industrial sobre el mercado laboral costarricense”, el cual fue presentado el jueves pasado con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y la Academia de Centroamérica.
Comentaron la investigación María Luz Sanarrusia, coordinadora de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y el abogado Alex Astorga, en representación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
La investigación, cuyo objetivo fue estimar cuántos empleos del mercado laboral costarricense podrían estar en riesgo de ser automatizados, concluyó que 1.060,573 de puestos de trabajo —equivalentes a casi la mitad de la fuerza laboral actual (49%)— se encuentran en “alto riesgo” de que sus funciones puedan ser obsoletas en un futuro, “ya que corresponden a la realización de tareas que podrían ser automatizadas y reemplazadas por algoritmos”.
Pero, además, una quinta parte de las personas trabajadoras o 472.663 (21,8%) se encuentran en un nivel de riesgo “alto”, lo cual significa que el 70% de los puestos de trabajo costarricenses tienen una probabilidad de automatización del 0,5 o más (ver el cuadro).
Aquellas funciones que están asociadas con lo mecánico y manual y que demandan menos capacidades cognitivas y socioemocionales son las más fáciles de sustituir por la automatización (ver el cuadro de las 20 ocupaciones con mayor riesgo).
Otras características comunes al 70% de la fuerza laboral costarricense que puede ser reemplazada por formas de robotización es que se trata de trabajos menos calificados, que están en el sector privado e informal y en su mayoría los desempeñan hombres (ver los cuadros respectivos).
“No podemos beneficiarnos de la cuarta revolución industrial si no hacemos cambios en la formación de las personas”, enfatizó Fernández.
En ese sentido, recordó que el Banco Mundial ha realizado tres recomendaciones a los países en previsión de la cuarta revolución industrial.
Primero, la necesidad de invertir especialmente en educación en la primera infancia, “para desarrollar habilidades cognitivas de orden superior y socio-conductuales, además de las habilidades fundacionales”.
Segundo, mejorar la protección social mediante “una sólida protección social mínima garantizada y una seguridad social reforzada, complementadas con reformas de las reglas del mercado laboral en algunas economías emergentes”.
Y, tercero, “generar espacio fiscal para financiar el desarrollo del capital humano y la protección social con recursos públicos”.
Se indica que una forma de incrementar los ingresos públicos con ese fin es recurrir a los impuestos sobre la propiedad en las grandes ciudades, a los impuestos selectivos sobre el azúcar o el tabaco y a los impuestos a las emisiones de carbono.
El Banco Mundial también recomienda “eliminar las técnicas de elusión fiscal que muchas empresas emplean para aumentar sus utilidades. Los Gobiernos pueden optimizar sus políticas tributarias y mejorar la administración fiscal para incrementar los ingresos públicos sin tener que aumentar las tasas de impuestos”.
En cuanto al estado de la situación en nuestro país en materia de educación desde la primera infancia, Fernández afirmó que Costa Rica se ubica en el puesto 57, con un puntaje de 0,62, en el ranking general que incluye a 157 países o economías, liderado por Singapur, que alcanza un valor de 0,88 y por debajo de Chile en el área latinoamericana (0,67).
“Un niño o una niña nacida en Costa Rica hoy alcanzará un 62% de productividad en su edad adulta con respecto a lo que podría ser si tuviera una educación completa y una salud plena”, comentó.
Afirmó que en el país ya se están haciendo reformas en la dirección correcta, como ampliar la cobertura educativa preescolar y de secundaria, “pues el aprendizaje permanente desde la primera infancia es una de las inversiones más rentables para los gobiernos y las personas, porque redunda en inserción al mercado laboral y en un mejor salario”.
Pero otros retos para el país, señalados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son que debe abordarse la alta dispersión actual en las modalidades de educación y garantizar un financiamiento adecuado y equitativo para el nivel de la primera infancia, por ejemplo, considerando una redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior.
Otra propuesta consiste en reorientar los recursos de la transferencia monetaria condicionada “Crecemos”, que es administrada por el Instituto Mixto de Ayuda Social, para darle mayor énfasis a la educación preescolar, pues según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019, el 38% de los estudiantes en condición de pobreza que asisten a la educación primaria reciben este beneficio, mientras que solo el 20% de los niños que asisten a la educación preescolar lo reciben.
Una segunda recomendación es establecer las bases para la educación general básica del futuro, mediante el desarrollo de la Red Educativa 2,0 del Bicentenario, al dotar de Internet a las escuelas y colegios públicos del país; pues, en el presente, el 13% de centros educativos no tiene Internet; también, pasar a la educación bimodal.
Fernández afirmó que es necesario desarrollar nuevas habilidades para la población adulta, en lo cual han de tener un papel protagónico el Ministerio de Educación Pública y el INA y para lo cual ya hay un proyecto presentado en la Asamblea Legislativa.
Este proyecto, dijo, “va en la línea correcta, pues no solo mejora, sino que incorpora procesos de transformación digital en acompañamiento a las empresas o incubadoras que lo requieran”.
Por su parte, Sanarrusia afirmó que el INEC ya está actuando en función de los cambios que requiere la cuarta revolución industrial, pues “tenemos estadísticas constantes, datos continuos, para evaluar y focalizar las políticas”.
Añadió que esa institución trabaja conjuntamente con la OCDE y con la Organización Internacional del Trabajo “viendo necesidades nacionales de información y para afinar la información”.
Puso como ejemplo que, según el módulo sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 recientemente aplicado con la ECE, el 50% de personas entrevistadas dijo tener problemas con los medios informáticos que posee.
El trabajo del INEC brinda a los gobiernos “la oportunidad de focalizar las políticas públicas de manera continua y dinámica, con un constante monitoreo”, concluyó.
En cuanto al papel del INA, Astorga aseguró que, desde el diseño de su modelo curricular del 2018, ya se toma en cuenta que la educación que provee la entidad “se vaya adaptando a la cuarta revolución industrial”.
Lo anterior ha generado cambios, como que la Agencia Nacional de Empleo ponga el énfasis más en la empleabilidad que en la intermediación, agregó.
En el mismo sentido mencionó la puesta en práctica de la formación dual. Sin embargo, reconoció que “nos quedamos cortos en cuanto a las herramientas que tenemos para responder rápidamente a las necesidades, especialmente en lo que respecta a personal docente”.
Explicó que esto se debe a que “el Servicio Civil lo hace bastante lento, toma uno o dos años para tener al docente que requerimos, el espacio físico, los insumos, así como otros aspectos que es necesario cambiar para responder ágilmente”.
Debido a lo anterior, el INA generó un foro, sus resultados fueron validados en el 2019 y presentaron un proyecto de ley, que está a punto de ser votado en primer debate, con el fin de subsanar esas limitaciones.
Otra reforma pendiente es que el INA pueda otorgar becas a las personas más vulnerables cuando la propia entidad no pueda responder en un plazo razonable a sus necesidades de formación, concluyó.
