Trabajadores, sindicatos y representantes de los diversas organizaciones y sectores gremiales y sociales salieron en su tradicional marcha del 1 de mayo, en medio de consignas contra la reforma tributaria, el aumento del desempleo, la desigualdad, pobreza, el aumento en el costo de vida y la promesa de que lucharán por sus derechos laborales.
Luego de la mayor huelga desarrollada en el país -setiembre del año pasado-, en que los sindicatos convocaron durante semanas a los trabajadores para manifestarse contra la reforma fiscal, la cual fue aprobada y estableció nuevos impuestos para todos los costarricenses, los representantes gremiales ven un momento de grandes retos para la clase trabajadora.
Uno de los motivadores más fuertes en este Día Internacional del Trabajador fue la creación de impuestos a la canasta básica y a servicios, así como la agenda del gobierno de Carlos Alvarado en materia laboral y fiscal.
Esta marcha fue vista por los dirigentes gremiales como una oportunidad para manifestarse en contra de las políticas de los partidos Liberación Nacional, Unidad Nacional y el Partido Acción Ciudadana, a los que culpan de encarecer la comida, los pasajes de autobús y las necesidades básicas del pueblo.
De acuerdo con Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y representante del Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), al haber una Asamblea Legislativa con una misma línea contra la clase trabajadora y una tendencia a viabilizar proyectos que violentan los derechos laborales, deberán emprender luchas por proteger los derechos a las pensiones, condiciones de trabajo dignas y una sociedad más inclusiva.
“Creemos que es necesario que el pueblo se prepare para una gran lucha, sobre todo frente a un panorama que nos plantean los diputados de las principales fracciones legislativas, que tienen una sistemática guerra declarada contra los trabajadores, contra aquellos que brindan los servicios públicos y que buscan eliminar el derecho a la protesta. Aquí vemos que tendremos retos muy importantes como sector sindical”, comentó Rodríguez.
Y es que el sector trabajador se enfrenta a una serie de iniciativas que se gestan en la Asamblea Legislativa y que buscan estandarizar las condiciones laborales, lo que implica en muchos casos la reducción de derechos, la criminalización de la huelga y el establecimiento de un salario único.
Un legado de engaño
Los manifestantes de este 1 de mayo aseguraron que el legado del gobierno actual será un engaño al pueblo, al cual le hicieron creer que era necesario imponer una reforma fiscal para solventar las finanzas del Estado, mientras que no se toca a los grandes evasores del fisco.
“Bajo un modelo que favorece la corrupción, la impunidad, y que profundiza la concentración de las riquezas, tenemos cien multimillonarios en Costa Rica que se han adueñado de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras más de 1 millón de costarricenses están hundidos en la pobreza”, indicó la secretaria adjunta de Undeca.
Por su parte, Rosemary Gómez, secretaria general del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) aseguró que hay una enorme lucha contra este gobierno y sus medidas de ley de empleo público.
Desde la perspectiva de la educación la lucha está enfocada en la reducción de presupuestos de las universidades públicas que plantean los diputados, lo que es una violación a la autonomía universitaria y una forma de callar a los centros que producen conciencia crítica y movilización social.
“Estamos exigiendo al rector de la UCR que presente una demanda contra la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues establece una serie de medidas que afectan los recursos para la educación superior universitaria, sin tomar en cuenta que existe autonomía universitaria, respaldada por la Constitución Política”, argumentó Gómez.
Demandas sectoriales
Además de las consignas generales, cada sector agregó a sus demandas temas que están pendientes de resolver y que están relacionados con el adecuado funcionamiento de sus gremios.
Tal es el caso del sector educativo, que está en la lucha por las políticas públicas que buscan evitar la huelga, mediante la declaración de servicios esenciales y que constituye para ellos una mordaza para defender los derechos laborales.
Así lo confirmó Mélida Cedeño de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), quien añadió que el sector se mantenía contra las pruebas FARO, que son aquellas que sustituirán los exámenes de bachillerato.
“Son pruebas improvisadas, no se ha hecho un análisis, ni una capacitación real a los docentes para aplicar estas pruebas y tomando en cuenta que hay tantos problemas de pago a distintos compañeros, en planeamiento de lecciones o recargos y piensan invertir una millonada en ese proyecto”, dijo Cedeño.
Tampoco reclaman por la mala calidad que hay en muchas infraestructuras educativas del país infraestructura, pues en su criterio, el gobierno se ha dedicado a abrir nuevos centros, pero a desatender los ya existentes.
Asimismo, hay una lucha desde el sector educativo por evitar la aprobación de un proyecto de educación dual, pues consideran que esto sería una vía para la explotación laboral juvenil por parte de la patronales privadas.
Desde el sector gremial privado también hay una serie de demandas y luchas, relacionadas con malas condiciones laborales, explotación, el no pago de salarios mínimos y explotación.
Susan Quirós de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) indicó que hay un legado de luchas sociales y laborales que no se respeta en el sector privado, no hay salarios justos, no existe el respeto a la libertad sindical ni a la negociación colectiva.
“Decir sindicato en el sector privado es sinónimo de despido y al no estar organizados los trabajadores reciben malos tratos, los obligan a trabajar horas extra sin pagárselas, a laborar días feriados, y si se oponen los despiden”, indicó la dirigente sindical.
De esta forma, cientos de trabajadores se tomaron las calles de la Avenida II en San José, para demandar mejores condiciones laborales, toma de acciones contra la pobreza y el desempleo, así como el cese de imposición de proyectos que afectan las condiciones de la clase trabajadora.
