“Ya optamos por la opción de la movilidad laboral; es mejor optar por los bonos que irnos solo con la liquidación. Son ocho salarios. No es lo que nosotros queríamos. Uno se proyecta que va a salir pensionado de esa institución; sin embargo, el Gobierno nos obligó a tomar esa decisión”, expresó con preocupación Carlos Franco, ebanista de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), quien ya tomó la decisión de recibir un bono por transformación.
En su casa, la situación golpeará el doble, pues su esposa Ayda Mora, también trabaja como digitadora en el departamento de facturación de Japdeva, que fue su segundo hogar durante 26 años. Ella también optó por recibir esta indemnización.
“En la parte económica se vuelve una desventaja porque si uno de los dos estuviera trabajando, el otro no estaría tan preocupado por cómo se van a pagar las deudas. Mientras que se busca trabajo o se desarrolla un trabajo propio, la otra cubre las necesidades”, destacó Mora.
Este matrimonio que vive en Limón aún no tiene claro el panorama, pues, como dicen, “no son chiquillos” y conseguir un trabajo con más de 46 años de edad no será tarea sencilla. Para ellos, -aunque no saben cómo ni cuándo- la opción más llevadera será independizarse y crear un negocio propio lejos de Limón, pues aseguran que “viene un gran caos para la provincia”.
“Uno desde hace diez años escuchaba el “se va a acabar”, pero estábamos confiados de que ese acabar fuese hasta que nos pensionáramos”, recordó Mora.
“La institución no fue transparente y tal vez no fue culpa de las mismas jefaturas de aquí. Eso viene de la Presidencia. Ese hermetismo siempre estuvo presente desde la administración de doña Ann Mckinley”, añadió Franco.
Este matrimonio es solo una cara de la incertidumbre que rodea este puerto, luego de que en octubre del 2018 entrara en operación la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), concesionada a la firma holandesa APM Terminals, que terminó dejándose el 80% de la carga que pasa por Moín. Esta situación agudizó el hueco financiero que ha afrontado Japdeva en los últimos años.
De acuerdo con la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, la institución pasó de recibir cerca de ¢3.500 millones al mes a unos ¢750 millones.
Por ejemplo, el pasado jueves 31 de octubre el puerto de Japdeva en Moín apenas recibió un buque convencional-bananero.
“Quiero seguir trabajando”
Con 37 años, Alejandra Zúñiga, técnica en Informática de Japdeva y madre de dos hijos, lo que más anhela es seguir trabajando; por esta razón se acogerá al traslado horizontal.
“Quiero seguir trabajando, mis hijos lo ocupan, el estudio de ellos me importa mucho, entonces necesito seguir trabajando. Si no sale nada no me queda de otra que coger los bonos porque tampoco me puedo ir sin dinero”, relató Zúñiga.
Zúñiga comentó que muchos de los puestos que se ofrecen bajo la modalidad de traslado horizontal no son nada funcionales, pues corresponden a labores en las provincias de Guanacaste y San José; sin embargo, espera tener la oportunidad de que le ofrezcan un trabajo en Limón.
“En San José la vida es más acelerada y los gastos son más grandes. Tendría que alquilar una casa y no me daría el salario. Un técnico no gana bien, el salario base es de ¢365 mil”, mencionó.
La trabajadora señaló además que la administración de la Junta no ha sido clara con los empleados y todo está como “callado”.
Con ganas de seguir trabajando también se encuentra Andrés Romero, de 60 años, quien labora en la seguridad portuaria de Japdeva desde hace 36 años.
Para él la opción más práctica -aunque no es de su agrado- fue optar por prejubilarse, pues tiene más de 55 años y está próximo a pensionarse.
“Por mí no escogería ninguna opción, yo preferiría quedarme a trabajar; sin embargo, por la presión que hay, ya que estamos prácticamente obligados, tuve que tomar una decisión”, destacó Romero.
“Para mí ninguna es favorable porque yo esperaría mejor pensionarme en el momento que me corresponde. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir pagando sus cuentas. Ahora voy a tener que ocupar la pensión y las prestaciones en pagar las cuentas que manejo”, añadió.
Este trabajador criticó también el accionar del Sindicato Nacional de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), a quienes acusa de haber “vendido” a los trabajadores con la negociación. “No se les comunicó a los trabajadores la decisión que se iba a tomar. Se olvidaron de que el trabajador tenía la palabra”.
Se queda
Existen otros trabajadores de Japdeva, que aunque aún no tienen su puesto asegurado, optarán por “quedarse en la institución”. Claro está, si la administración decide que “encajan” dentro de su nueva estructura.
Este es el caso de Eduardo Muñoz, de 30 años, quien trabaja en la Intendencia del Puerto Hernán Garrón en Moín.
Este trabajador trabaja en Japdeva desde hace diez años y asegura que espera que la institución apele a su experiencia y lo deje seguir laborando. Según Muñoz, optar por un traslado horizontal no es funcional ya que le pagarían la mitad y no le ofrece las condiciones que actualmente le brinda la Junta.
“El salario sería la mitad. He ido a las entrevistas y definitivamente no me ofrecen las condiciones. Yo también debo mi casa. No tengo hijos pero hay que valorar esas cosas. Si no agarro ninguna de las opciones y la administración me cesa, voy para la calle como cualquier otro trabajador; a buscar trabajo”, señaló el trabajador.
Muñoz externó que todo el personal se siente en incertidumbre, que la administración no ha sido transparente y que incluso el sindicato no actuó de la forma indicada.
“El sindicato firmó algo que no beneficia al trabajador. Lo mejor hubiera sido una mejor indemnización. Considero que debe ser algo como en el caso de Caldera, cuando ellos recibieron alrededor de ¢25 millones”, mencionó.
El secretario de prensa de Sintrajap, Liroy Pérez, señaló que cuando ellos firmaron el proyecto de ley, el mismo estaba pensado como decisiones “voluntarias” de los trabajadores. Sin embargo, luego la administración le da un tratamiento de obligatoriedad cuando lo presenta a la Asamblea Legislativa y se convierte en un “despido solapado”.
El representante sindical aseguró que incluso después de firmar el proyecto, lo presentaron a los trabajadores que representan e inmediatamente se desligaron del mismo, pues los agremiados lo rechazaron.
“Queríamos más cosas pero el Estado no aceptó más por problemas de finanzas”, alegó Pérez.
Desde el pasado 17 de octubre fue publicado en el diario La Gaceta -luego de una gran travesía en el Plenario y los Tribunales- el proyecto de Modernización de Japdeva. Desde ese momento y hasta el 17 de noviembre, los empleados de la Junta tendrán la oportunidad de decidir de qué forma saldrán de la entidad.
Los trabajadores podrán escoger entre prejubilarse si tienen más de 55 años de edad y al menos 25 años cotizados en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social; trasladarse horizontalmente a otra institución; o recibir un bono.
Por ejemplo, se otorgará un incentivo adicional de ocho mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados, a quienes tengan un salario bruto mensual inferior a ¢1 millón; mientras que a los trabajadores que tengan un salario bruto mensual igual o superior a ¢1 millón se les otorgará un incentivo adicional de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados.
Además, está la cuarta opción, la cual especifica que “de acuerdo con la estructura de la organización puede ser que el empleado se pueda quedar”, señaló la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno.
De acuerdo Centeno, al viernes 1 de noviembre se contabilizaron 265 trabajadores interesados en optar por los bonos por transformación y 221 por las prejubilaciones. Además, 22 personas conforman la lista de los traslados horizontales.
De acuerdo con Centeno, la salida de los trabajadores se hará de manera gradual. Se espera que las primeras bajas se den a partir del 15 de noviembre. “Las jefaturas tienen la responsabilidad de ver cómo va saliendo el personal de acuerdo con cómo esas divisiones tienen que funcionar”.
“Este es un proceso muy complejo que se está haciendo en el menor tiempo posible por las condiciones económicos de Japdeva, para darle una oportunidad, porque sino se reducen costos y, al ya no haber más ingresos, hay un riesgo de quiebre inminente. Obviamente, en todos los procesos de reestructuración esto genera un proceso de duelo. En el caso de Japdeva yo siento que hay un poquitito de rumor y ruido que se genera entre algunos grupos”, señaló la presidenta ejecutiva.
“Están también los que están felices y que se van muy tranquilos y entienden el proceso”, añadió.
La jerarca no descartó tener que pedir otro presupuesto a la Asamblea Legislativa para mantener las operaciones hasta que salga el personal necesario para darle sostenibilidad a las finanzas de la institución. Esta petición se haría debido a los atrasos en la aprobación del proyecto.
El proyecto fue aprobado en segundo debate el pasado 14 de octubre luego de superar la consulta de constitucionalidad que presentaron 14 diputados. Entre la aprobación del primer debate y el segundo pasó un período de más de mes y medio, lo que volvió a poner en aprietos económicos a la institución.
Según Centeno, Japdeva se encuentra “tratando de hacer números ahorita con la salida del primer grupo de gente, de cuáles son las condiciones para noviembre y diciembre”; dependiendo de eso pedirán más presupuesto.
Japdeva se quedará con solo 258 empleados, según plan de reorganización
- La propuesta de la Administración incluye también tercerizar servicios.
Monserrat Cordero Parra
La administración de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ya tiene listo su plan de reorganización institucional que incluye dejarse solo a 258 de sus 1.186 empleados directos y tercerizar servicios. La iniciativa fue presentada a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), quienes rechazaron la propuesta.
En el plan, del cual UNIVERSIDAD tiene copia, se evidencia que para continuar sus operaciones la institución necesitaría de 140 empleados en la Administración Superior: dos para la Secretaría del Consejo de Administración, seis en la Auditoría, dos en la Contraloría de Servicios, siete en la Presidencia Ejecutiva, cinco en la Asesoría Jurídica, cinco en Planificación Institucional, tres en Comunicación Estratégica y Mercadeo, tres en la Gerencia General, siete en Tecnologías de Información y Comunicación y once para la supervisión de la TCM y Alianzas Público-Privadas.
A ellos se suman dos trabajadores para el departamento de Administración y Finanzas, 23 para Financiero Contable, 12 para Recursos Humanos, cuatro para la Oficina de Salud Ocupacional, 33 para Servicios Generales, 11 para Proveeduría y cuatro para la Oficina de San José.
Para continuar los servicios portuarios se necesitarían también 90 empleados: cautro en la Gerencia Portuaria, cuatro en Operaciones Portuarias, 51 en la Intendencia, siete en Servicios Marinos y 24 en Seguridad y Protección Portuaria.
Además, se requerirán 28 funcionarios en la Administración de Desarrollo: tres la Gerencia de Administración de Desarrollo, dos en la Administración de Tierras y Canales, ocho en Canalización y Transporte Fluvial, tres en Gestión de Tierras, dos en Gestión de Desarrollo, tres en Promoción de Industrias de Cruceros y Turismo y siete en Apoyo Comunal.
En el plan se indica que existirán también servicios tercerizados en los departamentos de Asesoría Jurídica, Oficina de Salud Ocupacional, Servicios Generales, Operaciones Portuarias, Intendencia, Servicios Marinos, Seguridad y Protección Portuaria y Apoyo Comunal.
“El requerimiento del recurso humano es asignado en forma específica de acuerdo con las unidades organizacionales definidas que son consideradas como necesarias para mantener y mejorar la prestación de los servicios y retomar aquellas otras funciones que deben ser establecidas por mandatos legales definidos de atención de procesos institucionales en el cumplimiento de la misión asignada a Japdeva”, se lee en documento.
“Una vez establecido el proceso de aplicación e implementación de la presente estructura organizacional, al ser considerados otros estudios complementarios requeridos como el Análisis de las Cargas de Trabajo y el establecimiento de un Programa de Sucesión de Recursos Humanos, se podrá obtener con mayor precisión las condiciones determinantes con mejor claridad para cumplir en forma efectiva y racional con la misión y visión institucional establecida”, se añade.
La propuesta detalla que para hacerle frente a las cargas transportadas en buques convencionales y a granel, el nuevo modelo de operación establecido busca que haya personal permanente disponible para dar cobertura a servicios de coordinación, control y seguridad. Sin embargo, no se considera necesario disponer de una cierta cantidad de personal permanente para las labores de estiba, carga, descarga, manipulación y custodia, “salvo durante un período determinado de mayor tráfico, para el que se podría contratar temporalmente equipos o brigadas de refuerzo”.
Consultada sobre el plan de reorganización institucional, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, señaló que efectivamente el plan fue presentado al sindicato. Además evitó revelar detalles sobre la iniciativa, indicando que la daría a conocer en un taller, pero no detalló una fecha.
El plan de reorganización fue rotundamente rechazado por los representantes de Sintrajap. Según el secretario de prensa, Liroy Pérez, la propuesta de la Administración no define claramente cuáles áreas se tercerizarían, bajo cuál figura legal, los tiempos de contratación y los mecanismos de negociación que se utilizarían para definir estas actividades.
Aseguró también que se omitió por completo la existencia de la Convención Colectiva y la responsabilidad legal que tiene la Administración y la empresa ante esta figura legal que protege los derechos de los trabajadores, entre otros.
