Los ticos aumentaron la frecuencia en la aplicación de las medidas anti-COVID ante la falta de credibilidad en los decretos firmados por la administración Chaves Robles en mayo y agosto del 2022, los cuales anularon el uso obligatorio de la mascarilla, suspendieron las sanciones laborales para quienes no tenían el esquema de vacunación contra esta enfermedad y derogaron el estado de emergencia.
Esta conclusión se desprende del informe “Ticos discrepan sobre efectividad de decretos ejecutivos que anularon medidas sanitarias Anti-COVID-19”, elaborado por el investigador de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Benicio Gutiérrez-Doña.
“Se trata de evaluar el nivel de credibilidad que tienen las personas en la efectividad de cada uno de los decretos para lograr lo que se espera, como la reactivación económica, volver a la normalidad. (…) El estudio no solo se queda ahí, sino que calcula el impacto que tuvieron estos decretos ejecutivos cuatro meses y hasta diez meses después de haber sido aprobados”, indicó el investigador.
Los datos fueron recabados por estudiantes becados de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) de la UNED y de dos proyectos de Trabajo Comunal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (TCU-719 y TCU-562), entre setiembre de 2022 y marzo de 2023, de una muestra longitudinal de 2.933 costarricenses compuesta por 51.4% mujeres, 48.3% hombres y 0.2% no binario. Además, el 41.2% estaban casados o en unión libre y el 55.8% recibían ingresos mensuales, se lee en el estudio.
Ante menos credibilidad, mayor aumento de medidas
De acuerdo con el estudio, el 36% de la muestra calificó los decretos como inefectivos o muy inefectivos, el 37% los calificó como moderadamente efectivos y el 27% los calificó como efectivos o muy efectivos.
Esto quiere decir que un 73% de las personas consultadas tienen poca o moderada credibilidad en los decretos firmados por el gobierno Chaves Robles en mayo y agosto del 2022.
El informe señala que en la medida en que disminuyó la efectividad atribuida a los decretos, se encontró que en el 91% de la muestra se produjo un aumento en la frecuencia de lavado de manos.
Es decir, el 12% que calificó los decretos como muy inefectivos mostró la más alta frecuencia de lavado de manos, seguido en orden descendente en frecuencia de lavado de manos por el 22% que piensa que son inefectivos, el 37% que afirma que son moderadamente efectivos y el 18% que afirma que son efectivos.
“En la medida en que disminuía la efectividad atribuida para la opinión de las personas de los decretos, en esa misma medida, iba aumentando la frecuencia de medidas de protección”, señaló Gutiérrez-Doña.
“No hay consistencia entre lo que el decreto espera y lo que la población civil hace. La población civil termina desligándose de las medidas del Gobierno, no les da credibilidad y adopta sus propias medidas, autocuidarse. Esto habla de una falta de sintonía entre la población civil y las decisiones que toma el Ejecutivo para la salud de las personas por medio de esos tres decretos”, añadió.
En cuanto al uso de la mascarilla, el 36% de la gente que cree que los decretos son muy inefectivos o inefectivos hizo un mayor uso de la mascarilla. Por el contrario, el 64% restante que calificó los decretos como moderadamente efectivos, efectivos o muy efectivos, la usó con mucho menor frecuencia. “Hay un desgaste en cuanto al uso de la mascarilla. Hay una tendencia a la baja generalizada”, agregó el investigador.
Sobre el distanciamiento social, el 14% de la muestra que considera que los decretos son muy inefectivos lo practicó en mayor medida, mientras que el 86% restante reportó una tendencia progresiva a no aplicar esta medida (este grupo mayoritario calificó los decretos como moderadamente efectivos, efectivos o muy efectivos).
En cuanto a género, las mujeres mostraron una tendencia mayor a cumplir con las medidas precautorias anti-COVID-19 en comparación con los hombres.
“Nuestra misión como universidad pública es decirle a la ciudadanía cómo está respondiendo la gente, no todos están respondiendo igual. Esto quiere decir que la credibilidad en los decretos ejecutivos no es del 100%, sino más bien una baja o muy baja credibilidad en el 36% de la muestra y una credibilidad moderada en el 37% de la muestra. Eso desacredita la decisión tomada”, indicó el investigador.
Asimismo, agregó que su preocupación se encuentra relacionada con ese 27% de la muestra, quienes, al considerar que los decretos son muy efectivos o efectivos, se expusieron más al COVID-19.
Sobre los decretos
El pasado 11 de mayo de 2022 y 17 de agosto de 2022 se publicaron en La Gaceta tres decretos ejecutivos del gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles que anularon medidas sanitarias anti-COVID-19 que habían sido implementadas por la administración anterior.
Con el decreto ejecutivo N.º 43543-S, Artículo 1°, publicado el 11 de mayo, se ordenó “(…) no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el Esquema de Vacunación COVID-19.”
A este se suma el decreto el N.º 43544-S, en su Artículo 3°, —publicado en la misma fecha— el cual derogó el uso obligatorio de la mascarilla de la siguiente manera: “(…) se dispone del uso obligatorio de mascarilla por ser equipo de protección personal, para todos los funcionarios de salud de primera línea de atención del sector público y privado del país, así mismo el uso de mascarilla como uso obligatorio a las personas cuando requieran acceder a los establecimientos de salud del país. Todas las personas que no sean personal de primera línea de atención o que no requieran acceder a los establecimientos de salud están exentos de esta obligación”.
Finalmente, el decreto ejecutivo N° 43650-MP-S, del 17 de agosto del 2022, fue aún más amplio y, en su Artículo 1º indica “se declara la cesación del estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, publicado en el Alcance 46 a La Gaceta Nº 51 de esa misma fecha, por lo cual dicho decreto y sus reformas quedan derogados”.
La pandemia continúa atacando el país, pese a las diversas medidas adoptadas por el Gobierno. En la semana del 05 al 11 de marzo del 2023, se reportaron 25 muertes relacionadas al COVID-19, lo que representa un aumento respecto al período anterior, cuando se contabilizaron 21.
Los casos, por su parte, mostraron una disminución. En la última semana se registraron 4.423 contagios; es decir, 504 menos que en los siete días previos.
La tendencia decreciente también se presentó en las hospitalizaciones, las cuales pasaron de 201 en el período anterior a 185, 16 personas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 169 en Salón.
