Con la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se establecieron mecanismos para tercerizar las becas que se otorgan a estudiantes, profesionales y emprendedores que buscan capacitarse en diversas áreas, y solamente para el 2023 el presupuesto aprobado suma un total de ₡1.546.618.691.
Además, la reforma a la ley de Banca para el Desarrollo implicó un cambio en los aportes del INA a este sistema y se destinan a emprendedores, microempresas y mipymes agropecuarias.
Este monto corresponde a tres modalidades de becas que se otorgan para que centros externos al INA den la formación, específicamente por el Sistema de Banca para el Desarrollo, Educación Dual (de los cuales no se logró obtener los presupuestos) y las que se establecieron en el artículo 21 bis de la reforma de la institución.
También financia el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Empresarial (incubadoras de empresas que dan asesorías), como estructuras paralelas, según pudo constatar UNIVERSIDAD con el Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina).
Las becas del Sistema de Banca para el Desarrollo cuentan con un presupuesto para el 2023 de ₡677.603.645; mientras que los recursos presupuestados para los Centros de Desarrollo Empresarial suman ₡709.675.046 y las becas establecidas por el 21 bis (Becas INA) tienen un estimado para este año de ₡159.340.000.
Y con miras al 2024 las proyecciones son todavía superiores en términos de tercerización, pues solamente en las Becas INA se estima que invertirían unos ₡2.058.804.390, de acuerdo con cifras otorgadas por el despacho de la presidencia ejecutiva.
En el caso de los Centros de Desarrollo Empresarial, la proyección de presupuesto para el próximo año es de ₡1.216.577.221, el cual incluiría a los centros ubicados en San José, Cartago, Limón, Liberia y San Carlos, de acuerdo con cifras suministradas por el Sindicato.
“La tercerización es una forma solapada de privatizar, vienen debilitando la institución a lo interno, crean estructuras paralelas, como son los Centros de Desarrollo Empresarial; las Agencias de Empleo que están en todo el país también absorben los recursos de la institución, mientras que a lo interno se están debilitando los talleres, hay pocos materiales e insumos, los edificios están deteriorados y se han afectado las condiciones laborales de las personas trabajadoras”, comentó Esteban Paniagua, asesor en Comunicación de Sitraina.
¿Por qué dar a terceros la formación histórica del INA?
Las becas INA (becas 21 bis) fueron establecidas en la reforma a la Ley orgánica del INA N°9931 “Fortalecimiento de la Formación Profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro”, como un mecanismo para formar talento humano altamente calificado o calificado según la evolución de las industrias y solo en caso de que el INA no cuente con las capacidades para brindar este servicio se puede tercerizar.
No obstante, Paniagua indicó que la interpretación que han hecho las autoridades de esta norma extrapola lo que buscaban los diputados a la hora de aprobar la reforma.
“El artículo dice que cualquier persona que venga al INA para capacitación, si es muy especializada y en un tiempo prudencial no se pueda dar respuesta a esa persona, el instituto podrá dar una beca para que estudie en otra entidad pública y privada —en la actualidad no se cuenta con centros públicos acreditados y avalados técnicamente—, pero el espíritu de esa ley fue de que quedara como excepcionalidad, es decir, solo si se demuestra que es inviable, pero en la práctica se las dan a todo el mundo”, añadió el asesor sindical.
De acuerdo con el presidente ejecutivo del INA, Juan Alfaro López, en la actualidad existen 35 entes que tienen 89 servicios acreditados y avalados técnicamente para las becas INA, entre ellos, 80 para formación en inglés, 8 en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 1 en portugués.
En el caso de los Centros de Desarrollo Empresarial, la ley estableció la obligatoriedad del INA de crearlos en todo el país para atender la formación para emprendimientos y pymes, sin embargo, todos son subcontratados. “Son centros externos al instituto, tercerizados y no se ha diseñado un plan de acción para que, a mediano o largo plazo, estos centros pasen a ser parte del INA”, señaló Paniagua.
Además, dijo el representante del sindicato que se ha disminuido el presupuesto en otras partidas que corresponden a viáticos —que se usan para que los docentes viajen a las comunidades a impartir lecciones—, insumos y materiales y que se están entregando los recursos a centros e institutos sin probar su nivel de excelencia académica.
Por su parte, el presidente ejecutivo del INA, Alfaro, indicó que el INA está en implementación de una estrategia institucional aprobada por junta directiva, con un portafolio de proyectos que se basa en un modelo de gestión, el cual establece la forma en que la institución y sus dependencias entregan los servicios a las personas usuarias y empresas.
Con respecto a las becas INA (21 bis), el jerarca sostuvo que han hecho un mapeo de demanda insatisfecha en las diferentes regionales en el caso de formación en inglés, y solamente en la dirección de Heredia es de 10.000 personas, pero señaló que el INA solo ha capacitado a 4.000 en todo el año.
“El tema del inglés es un desafío, por eso tenemos que buscar apoyo para dar una cobertura, pues la demanda supera mucho la capacidad del INA. Tenemos que seguir formando a la gente en áreas técnicas, mejorar capacidades de los docentes e incorporar a las personas a la industria 4.0, en este sentido, la beca se le da a la persona y esta escoge adónde ir, siempre y cuando sea un ente acreditado”, respondió Alfaro.
El presidente del INA sostuvo que esta institución fue creada para formar al personal de empresas, porque se financia con recursos que aportan desde las planillas, y señaló que la ley les obliga a tercerizar servicios para cumplir con la demanda de becas que tengan las personas.
“Influyen tres aspectos esenciales: que el INA no cuente con la capacidad instalada para responder a la demanda, que las áreas y servicios que buscan los beneficiarios hayan sido definidos como de alta demanda laboral (como el caso del inglés) y se prioriza a quienes estén en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad social”, añadió.
