Una ley alemana de Debida Diligencia establece que las grandes cadenas de supermercados son corresponsables por el cumplimiento de los derechos laborales en toda su cadena productiva, eso incluye a las productoras y exportadoras de banano y piña costarricense, las cuales tienen una costumbre que les jugaría en contra para continuar en la carrera por este mercado, tener empleados tercerizados a través de contratistas.
Así lo denunciaron representantes de organizaciones sindicales como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (Sitrap) en el marco de un conversatorio organizado por el despacho del diputado frenteamplista José Antonio Ortega, sobre esta ley alemana.
Antonio Trejos, jefe despacho del diputado Ortega explicó que dicha ley, aprobada en el año 2021, impactaría directamente a las empresas alemanas, pero tendrá un impacto global a partir del 2024, pues será aplicable a cualquier empresa de esta nación europea que tenga más de 1.000 empleados e importe bienes de países terceros, entre esos Costa Rica.
“Estamos hablando de cadenas de suministros -supermercados- donde van a dar la piña, banano e incluso café de exportación costarricense. En 2020, cerca de $170 millones en piña se exportaron desde Costa Rica a Alemania, $55 millones en bananos y más de $23 millones en café, todas éstas, exportaciones que estarán sujetas a las reglas de la ley de Debida Diligencia”, indicó Trejos.
Añadió que las implicaciones de no cumplir recaerían en las empresas alemanas -supermercados en este caso- por lo que éstas, deben desarrollar sistemas de gestión de riesgo en violaciones a derechos humanos y en materia ambiental, contar con políticas de promoción de los derechos humanos en su cadena de suministro y mecanismos de queja y reclamos, así como rendir informes.
Entonces para que países como Costa Rica puedan continuar realizando comercio con estas cadenas transnacionales de supermercados para colocar los productos agroindustriales deberán acogerse al cumplimiento de lo que establece dicha ley de Debida Diligencia.
Por su parte, Mauricio Castro, docente e investigador indicó que, pese a que Costa Rica cuenta con un salario mínimo establecido en la Constitución Política, lo que no se cumple es con la condición de que procure la dignidad y el bienestar de las personas, y desde el ámbito del Consejo Nacional de Salarios no existe ningún parámetro o métrica que permita establecer este criterio.
“El asunto es que históricamente las grandes corporaciones de supermercados (en este caso) presionan los precios de los productos a la baja y entonces los productores abaratan costos para competir, utilizando el mecanismo de fragmentación de la responsabilidad laboral, es decir, la tercerización de personal a través de contratistas, los cuales en no pocas ocasiones violentan los derechos laborales de las personas trabajadoras”, recordó Castro.
De esta forma, las empresas productoras o exportadoras tienen un personal que sí es contratado bajo su planilla y otros empleados que son subcontratados, todos produciendo en sus fincas, pero muchos sin contar con seguridad social, salario mínimo, ni condiciones mínimas de trabajo digno, sumado a una deficiente normativa en materia de tercerización y casi nula inspección laboral.
Actualmente la estructura de este funcionamiento propicia la violación de derechos laborales, y para Castro, el accionar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la OCDE o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no funcionan para evitarlo o sancionarlo, además que los mecanismos comerciales -como certificaciones- perdieron su efecto.
No obstante, la nueva ley de Debida Diligencia, que actualmente está en Alemania, pero que se estudia implementar de forma severa en otras naciones de la Unión Europea, representa una gran oportunidad, porque los supermercados adquieren una responsabilidad compartida, y eso pasa por garantizar que se cumpla con la identificación, prevención y mitigación de derechos humanos a lo largo de la cadena de valor.
El asunto es que se logren implementar mecanismos verdaderamente eficaces y no los que han demostrado ser poco eficientes, como es el caso de las certificaciones internacionales. Para el experto debería incursionarse en mecanismos de control y fiscalización y avanzar en una ley similar, como ya lo está haciendo México y la Unión Europea.
Didier Leitón, dirigente de Sitrap fue enfático en señalar que es urgente avanzar en medidas de este tipo, ya que hay muy poco músculo legal para incidir en las prácticas violatorias de algunas compañías agroindustriales, aunado a que el ministerio de Trabajo no tiene poder político, ni interés, desde su perspectiva.
“Tenemos casos sin resolver desde hace más de 13 años, incluso hay mujeres que fueron despedidas sin razón hace diez años y aún no han visto resuelto su caso, la gente trabaja desde las tres de la mañana, les pagan por destajo o producción. Es una buena oportunidad para lograr justicia social, que se cumpla en materia salarial, de salud ocupacional y que se erradique la persecución sindical”, añadió Leitón.
