La sustitución de tres integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que realizó el Consejo de Gobierno el pasado miércoles 1 de junio no cumple con el mandato de la paridad de género que la Sala Constitucional estableció desde el 2014, y que en el caso del ICE lo especificó desde el 2015.
El presidente Rodrigo Chaves anunció la suspensión de las tres directivas Marianella Feoli Peña, Sandra Rojas Araya y Carla Murillo Solano, quienes habían sido nombradas en el 2019. Se alegó que su designación no cumplió con los requisitos establecidos por la ley del ICE.
El Presidente manifestó que el Consejo de Gobierno ordenó su destitución temporal, tras la conformación de un órgano administrativo del debido proceso, y la sustitución por Diana Valverde Bermúdez, Ileana Murillo Marín y Henry Gabriel Guerra.
Como el Consejo de Gobierno sustituyó a las tres integrantes femeninas de la Junta y mantuvo a los cuatro integrantes masculinos (Marco Acuña, Edwin Fischel, José Mario Jara y Luis Francisco Valverde), la composición pasó de cuatro hombres y tres mujeres, a cinco hombres y dos mujeres.
Esto va en contra de la disposición de paridad de género que la Sala Constitucional exige para este tipo de entidad desde el 2014. De hecho, en el caso del ICE lo estableció en forma expresa, en la sentencia 13885, dictada en el 2015 ante el recurso de amparo promovido por Valeria Morales.
“En los procedimientos de selección de miembros del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, el Consejo de Gobierno deberá respetar la paridad de género y acatar los lineamientos vertidos en este pronunciamiento” dice la sentencia del tribunal constitucional.
El abogado Marvin Carvajal, por su parte, advirtió que esta jurisprudencia de la Sala IV debe respetarse. “Sí es por un período corto, eventualmente podría tener una excepción, pero si hay destituciones, debe respetarse”, comentó.
Al respecto, las tres directivas indicaron mediante un comunicado de prensa divulgado desde las redes sociales de Feoli, que consideran que la acción del Gobierno no tiene sustento, además de romper con el principio de paridad de género que exige la ley.
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