La Superintendencia General de Valores (Sugeval) impuso al puesto de bolsa de Aldesa, a su expresidente Javier Chaves y a varios corredores de bolsa multas por un total de ₡927.571.935.
Este viernes 1 de diciembre la superintendencia comunicó la resolución del procedimiento administrativo sancionatorio que realizó luego del colapso financiero de la empresa en 2019.
Cabe recordar que tan sólo un día antes el Ministerio Público presentó una acusación penal y solicitud de apertura de juicio contra 23 personas por presuntos delitos de estafa y violación a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica en la operación del mencionado puesto.
Entre los acusados se encuentran los miembros de la junta directiva de la empresa, su presidente Javier Chaves y su hermano, Oscar Chaves; así como varios corredores de bolsa.
La superintendencia, sin embargo, dejó por fuera de las sanciones a los directivos y a Oscar Chaves, e impuso sanciones económicas a la empresa, a su expresidente y a siete funcionarios más del puesto.
Específicamente, se impusieron multas a Francisco Villar Barrantes, Vernán Mesén Araya, Jorge Araya Salas, Luis Diego Simón Rojas y Kimberly Sáenz Peña, agente de bolsa.
La resolución sancionatoria ya fue confirmada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) por lo que está agotada la vía administrativa.
La Sugeval encontró que Aldesa Valores Puesto de Bolsa S.A. cometió 13 infracciones, por las que se impuso una multa de ¢639 millones y a eso se suman los más de ¢288 millones que deberán pagar las personas físicas señaladas.
Entre otras, la superintendencia sancionó conductas como no generar registros contables correspondientes y necesarios para las colocaciones de instrumentos privados de Aldesa Corporación de Inversiones S.A., cometer “graves omisiones” en su vínculo contractual con esa misma corporación, no dar prioridad a sus clientes e incentivar que los recursos se dirigieran a valores de oferta privada.
Además, se sancionó que las transacciones no existían o no tenían formato apropiado, no habían análisis sobre procedimientos y criterios de evaluación de las inversiones, no habían perfiles de riesgo de varios clientes, no se clasificaron algunos inversores como “profesional” o “no profesional”, y mucho más.
