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Fiscalía de Limón detuvo a 13 sospechosos de tráfico internacional de drogas

Diez de los detenidos trabajan en APM Terminals, lo que habrían aprovechado para introducir las cargas sin controles. Mientras tanto, Defensoría acude a Sala IV exigiendo instalar los equipos para inspección no intrusiva en fronteras terrestres, puertos y aeropuertos.

El pasado lunes 31 de agosto la Fiscalía Adjunta de Limón detuvo en dos operativos a 13 personas sospechosas de integrar dos distintas bandas criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

En apariencia, las sustancias se introducían en contenedores tramitados vía APM Terminals, aprovechando que algunos de los sospechosos trabajan en la terminal portuaria y podían así evadir controles.

Los detenidos señalados por vínculos con la primera estructura delictiva son de apellidos Rojas Villalobos (transportista), y Camacho Jara, Montoya Ortiz, Cubero Rodríguez, Mora Monge y Furtado Dixon; todos trabajadores de la empresa APM Terminals y el último, un conocido exfutbolista.

Este grupo se habría dedicado, señala la Fiscalía, a exportar clorhidrato de cocaína, de Costa Rica a Irlanda y habrían orquestado una operación en marzo para introducir a la terminal portuaria 3.466 kilogramos del químico en un contenedor que llevaba pulpa de banano e iba a ser exportado hacia Donegal, en el país europeo. Tal cargamento fue detectado por la Policía de Control de Drogas.

Los otros siete detenidos, que habrían conformado otra estructura aparentemente dedicada a la misma actividad, son deapellidos Aguilar Centeno, Barboza Toruño, Morales Avilés, Marín Sánchez y Aguilar Wiley, trabajadores de la terminal portuaria; además de Medina Villalobos y Castillo Molina, trabajadores de seguridad privada.

A este grupo se le responsabiliza por intentar mover 640 kilos de clorhidrato de cocaína, el pasado 26 de abril, que fue interceptado. No obstante, sí habrían logrado enviar a Bélgica 999 kilogramos de la droga, que fue detectada por las autoridades de ese país el 10 de mayo pasado.

Durante los allanamientos se decomisaron cerca de ₡4.000.000 al primer grupo y ₡580.000 al segundo, un vehículo y teléfonos celulares. Eso, como parte de las acciones policiales en la zona  portuaria donde se han realizado otros decomisos anteriormente, sobre todo en 2020, año en que se registró un récord de captura de cocaína en el país.

Mientras tanto, la Defensoría de los Habitantes acudió el pasado 28 de agosto a la Sala Constitucional pidiendo a las y los magistrados ordenar al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda cumplir con lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 9635), “de instalar los equipos y los sistemas de la tecnología que posibiliten la inspección no intrusiva del 100% de las mercancías que pasen como exportaciones o importaciones por las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos de todo el país”.

“La falta de instalación de equipo y material tecnológico, afecta los derechos fundamentales y humanos de los y las habitantes; en tanto afecta a la seguridad del país, debido a la falta de control por parte de las autoridades gubernamentales, en aquellas situaciones que revisten de valor público; entre estas la seguridad humana”, señala la Defensoría.

Agrega la entidad que el contrabando, la evasión y la falta de control fiscal, “limitan el financiamiento de programas de asistencia, prestación y satisfacción del interés público, incluidos la salud, seguridad, bienestar y paz social, en el marco del desarrollo, potencialización y progresividad de los derechos individuales y sociales que deben ser asumidos, costeados, garantizados y protegidos por el Estado costarricense”, lo que vuelve urgente la instalación, inspección e implementación equipos y sistemas para el control fiscal y policial sobre los bienes que entran o salen del territorio nacional.

Así, la Defensoría solicita que se ordene a las autoridades “establecer las normas jurídicas y reglamentarias que así se requieran para la implementación de lo estipulado en la Ley 9635” y a la vez, que se “asigne contenido presupuestario permanente, se implemente contratación administrativa, así como atención técnica, contratación, designación y capacitación de personal para el manejo adecuado del equipo y sistemas de tecnología no intrusiva del cien por ciento (100%), de las mercancías que pasen como exportaciones o importaciones por las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos de todo el país”.

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