Solo cuatro tipos de servicios públicos críticos fueron reconocidos por una gestión de calidad durante las alteraciones de la pandemia, mientras otros 17 fueron ubicados en un nivel intermedio o básico, según un análisis con múltiples fuentes realizado por la Contraloría General de la República (CGR), incluyendo la opinión de ciudadanos.
Se trata del financiamiento a la producción, emergencias hospitalarias, energía eléctrica y telecomunicaciones. Entre esos, solo el primero recibió una calificación de “óptima” gestión, mientras los otros tres están en “avanzado”, de acuerdo con las conclusiones de la CGR tras evaluar acceso, adaptabilidad, transparencia, cobertura y satisfacción sobre el trabajo de 90 instituciones en 21 tipos de servicios.
La CGR divulgó hoy jueves el estudio realizado con base en información suministrada por las administraciones, contralorías de servicios, auditorías internas, la Defensoría de los Habitantes y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, así como una consulta ciudadana.
La opinión ciudadana solo calificó tres servicios en el nivel ‘básico’, el más bajo: educación primaria, secundaria diurna y secundaria nocturna, todas suspendidas de actividades presenciales desde marzo como medida para minimizar los contagios de COVID-19. Sin embargo, al incluir otros, criterios, la CGR les da la categoría de “intermedio”.
la CGR sí otorga esa categoría inferior a siete servicios por considerar que se han gestionado de manera deficiente desde marzo, cuando llegó a Costa Rica el coronavirus. Son los siguientes: recolección de residuos, apertura de mercados, generación de empleo, seguridad alimentaria, atención de adultos mayores, atención de hogares en pobreza y seguridad ciudadana.
“Si bien las entidades han mantenido su prestación ante la emergencia en razón de los esfuerzos realizados para la implementación de protocolos y medidas sanitarias, existen brechas de mejora en los componentes de adaptabilidad, accesibilidad, transparencia y satisfacción de la persona usuaria”, se lee en el reporte de la Contraloría.
Por eso, indica el ente contralor, es necesaria la implementación de acciones para el ajuste del funcionamiento institucional ante las nuevas circunstancias, mediante la digitalización, simplificación de trámites y la disponibilidad de medios de atención remota.
Las entidades que prestan servicios públicos debe fortalecer los planes de acción para responder, recuperar, reanudar y restaurar los servicios ante imprevistos, así como reforzar las habilidades para disminuir el impacto de los riesgos y mantener la eficacia, así como la confianza de la ciudadanía, recomienda el estudio.
