Pagar hasta seis veces más el monto máximo de los ya caros microcréditos, o excluir una serie de costos del cálculo de esa tasa de interés son algunas de las sugerencias planteadas en el texto sustitutivo al proyecto de ley contra los préstamos gota a gota. Dicho texto fue elaborado por los abogados del bufete que representa a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y enviado a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
UNIVERSIDAD tuvo acceso al documento, en cuyos metadatos consigna como autor a José Antonio Hidalgo, socio del Bufete Latamlex, donde también figura como socio el abogado Mario Gómez, quien notoriamente dio la cara como vocero de la ABC en espacios como la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, en octubre pasado, en el contexto de la polémica entre la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por la solicitud de información individualizada a los bancos para la construcción de indicadores macroeconómicos.
Hidalgo compareció una semana después ante la misma Comisión, pero en representación de una Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración de Costa Rica (Asodidcu) que, según admitió en esa oportunidad, “fundamos en la oficina”.
El documento en poder de este Semanario lleva por título “Ley para facilitar el acceso al crédito y el combate del financiamiento informal en la modalidad denominada gota a gota” y destaca con color rojo las sugerencias hechas a una versión previa.
Según supo UNIVERSIDAD, se trataría de una propuesta de texto sustitutivo al proyecto que se tramita actualmente bajo el número de expediente 23.575, “Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota”, que fue elaborado por el Colegio de Abogados y Abogadas y presentada por Gilberth Jiménez, Katherine Moreira y Montserrat Ruiz, del PLN, junto a Gloria Navas de Nueva República.
Cabe recordar que la modalidad de préstamo gota a gota es una actividad informal a la que recurren muchas personas que, por pobreza u otras razones, no son sujetas de crédito formal, por lo que caen en las garras de organizaciones criminales que luego recurren a prácticas extorsivas para cobrar el dinero prestado y cobran elevados intereses que se vuelven imposibles de pagar.
El proyecto 23.575 ha avanzado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. El diputado Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, recientemente se ha referido a esa propuesta y ha manifestado la necesidad de mejorarla. Consultado por UNIVERSIDAD, dijo que en la reunión de jefaturas de fracción “propusimos revisarlo”, pues contiene “muchos términos jurídicos indeterminados”, los cuales quedarán a la interpretación de jueces o litigantes”.
Por otra parte, el abogado Mario Gómez fue consultado al respecto y ,una vez que tuvo claro que se trataba del texto cuyo autor es su colega Hidalgo, aclaró que no se trata de una propuesta de la ABC y pidió que se le enviara el documento. Así, a él y a Hidalgo se les enviaron preguntas y el documento por correo electrónico, sin haber obtenido respuesta posterior a las preguntas hechas por UNIVERSIDAD.
Contra la Ley de Usura
El mencionado proyecto de ley busca penalizar esta práctica mediante dos artículos que reforman el Código Penal. Sin embargo, la propuesta preparada por Hidalgo —según consigna el propio archivo de Word— va más allá.
Por ejemplo, como ya se dijo, eleva hasta seis veces el monto máximo de tasa de interés que las entidades financieras pueden cobrar bajo la modalidad de microcréditos. Los microcréditos son aquellos préstamos para emprendimientos productivos, muchos de ellos se solicitan para pequeñísimos proyectos de subsistencia. Pero “perversamente” se ha tratado de igualar al crédito de consumo, ha afirmado el exlegislador, Welmer Ramos, proponente de la primera iniciativa contra la usura, que se unió a la del exdiputado, David Gourzong, para finalmente aprobar la ley vigente desde hace casi cuatro años.
La Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como la Ley contra la Usura Crediticia, estableció que el monto máximo de préstamo debe ser equivalente al salario de un oficinista 1 del Poder Judicial, multiplicado por 1,5; es decir ₡693.300.
Sin embargo, esta nueva propuesta busca que el límite sea el mencionado salario multiplicado por 10, lo cual asciende hasta ₡4.622.000. Todo ello a la luz de que, actualmente, la tasa de interés de estos créditos está por encima del 53%. Es decir, la propuesta busca abrir la posibilidad de prestar más dinero a intereses más altos.
El diputado Pacheco dijo no conocer la propuesta de los abogados de Latamlex; sin embargo, informó que presentó un proyecto que, de manera similar, propone aumentar el monto de los microcréditos. No obstante, su propuesta únicamente lo hace hasta ₡1,3 millones.
El mismo artículo de la propuesta, además, excluye del cálculo de la tasa de interés los costos adyacentes asociados con la formalización del crédito y demás, lo cual puede aprovecharse para elevar márgenes de ganancia. De nuevo, el cobro por aparte de estos rubros se había eliminado en la Ley de Usura.
Por otra parte, el documento también plantea una reforma al Código de Comercio para establecer que el consentimiento en los contratos de crédito se puede expresar “de palabra”, o “por medios electrónicos”, lo cual puede ser seriamente perjudicial para personas que no cuenten con la preparación o conocimiento para hacer valer sus derechos.
Los exdiputados, Ramos y Gourzong, mostraron preocupación ante esta propuesta. Ramos expresó que “totalmente” socava los logros de esa legislación, mientras que Gourzong alertó que, tal como está redactada, podría dejar las tasas de interés de los microcréditos “por la libre”. (Ver nota aparte).
En junio de 2023 se dio a conocer un estudio realizado por economistas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), quienes determinaron que, desde que entró en vigencia la Ley de Usura, las tasas de interés disminuyeron 10%, en promedio, y que también se redujo la morosidad en las tarjetas de crédito, entre otros beneficios.
Lo que dice Natalia
Se buscó la posición de la ministra de Presidencia, Natalia Díaz, para confirmar si, en efecto, ella fue destinataria directa de la propuesta elaborada por Hidalgo.
Por escrito, a través de su asesoría de prensa, se le planteó: “Recientemente la asesoría jurídica de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) le envió una propuesta de modificaciones al proyecto de ley bajo el título Ley para facilitar el acceso al crédito y el combate del financiamiento informal en la modalidad denominada gota a gota. Queremos saber si la posición de la administración Chaves es acoger esas sugerencias tal cual han sido planteadas por la ABC”.
La respuesta enviada por Díaz, parcamente, señala que “en la mesa de trabajo de seguridad, donde participaron representantes de los tres poderes de la República, se analizaron diversas propuestas respecto a los préstamos gota gota. Sin embargo, luego de la revisión por parte de la Fiscalía, el OIJ, la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, así como el ICD y el Ministerio de la Presidencia, se optó por avanzar con incluir un nuevo tipo penal, que llevará por nombre extorsión cobratoria. Este plan responde a una construcción propia de dicha mesa”.
Colaboró con esta información Daniela Muñoz.
Propuesta de abogados “vulnera totalmente” Ley de Usura, según exdiputados que la impulsaron
Welmer Ramos y David Gourzong coincidieron en expresar gran preocupación al conocer la propuesta de ley contra los préstamos gota a gota.
