El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) manifestó su apoyo y solicitó ser incluido como coadyuvante en una gestión iniciada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) para que se reconozca el aumento salarial real a las personas trabajadoras del Poder Judicial para 2021.
Fue mediante un escrito con fecha del 26 de febrero dirigido al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que el Sitrajud a través de su secretario general Jorge Cartín, manifestó que “solicitamos se nos tome como coadyuvantes dentro de esta gestión y se realice los estudios necesarios, con la finalidad de que se reconozca esta deuda, en el salario de las personas trabajadoras judiciales, de todas las clases de puestos”.
Fue el pasado 29 de enero que Adriana Orocú, presidenta de la Acojud, envió su propio escrito a Aguirre, en el que solicitó que la Corte Plena valore el “reconocimiento de aumento salarial y retroactivo por costo de vida del año 2021”.
Esa petición se basó en primer lugar en que en marzo de 2020, el entonces ministro de Hacienda Rodrigo Chaves envió un oficio a los presidentes de los Supremos Podres en que informó que “al final de 2019, la deuda del Gobierno Central con respecto al PIB se ubicaba por debajo del 60%”.
Con lo cual, según ese mismo oficio de Chaves, el presupuesto del año 2021, debía realizarse con base en la Ley de Administración Financiera de la República, “como usualmente se realiza y además, debía contener el marco normativo del escenario C de la regla fiscal”, es decir, permitir un aumento del gasto del 75%.
“Sin embargo, para el año 2021, el Poder Judicial envió un presupuesto para aprobación, que congeló el ajuste por costo de vida de las y los funcionarios judiciales, lo cual solo era posible con la aplicación del solo en el escenario “D” de la regla fiscal y empezó a regir para el presupuesto del año 2022”.
El llamado escenario D se aplica cuando la deuda está por encima del 60% del PIB y establece que en se caso el aumento máximo permitido del gasto será de 65%.
Otro aspecto apuntado por la Acojud es que para el año 2020, a raíz de la “coyuntura macroeconómica de país y mundial, vivida por la pandemia de COVID-19”, la administración Alvarado tomó la decisión de “congelar los salarios para el sector de Gobierno Central, no así para los demás poderes del Estado ni instituciones autónomas. El decreto lo sugiere, pero como correspondía, no lo obligaba y repito, SOLO para 2020 y NO para el 2021”.
Así, tras exponer esos argumentos, Orocú expresó que “se contrajo entonces una deuda con el funcionariado del Poder judicial, al no haberse corregido el aumento salarial que correspondía para 2021” y solicitó a respecto una audiencia ante Corte Plena.
El Sitrajud por su parte en el oficio del 26 de febrero manifestó que la iniciativa de la Acojud es “de suma importancia y beneficio para los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial”.
Por ello, subrayó la importancia de “colaborar y trabajar en conjunto, para lograr mejoras significativas en nuestras condiciones laborales y en el funcionamiento general de nuestra institución” y así presentó la solicitud de ser considerado coadyuvante.
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