Diversas organizaciones sociales y sindicales manifestaron su beneplácito ante la resolución que emitió la Sala Constitucional sobre un vicio de constitucionalidad en el procedimiento legislativo del proyecto 21.182 de Jornadas de 12 horas, por lo que no procede su aplicación.
El proyecto que pretendía reformar el Código de Trabajo para establecer legalmente las jornadas laborales de 12 horas, cuatro días a la semana y que ha sido fuertemente criticado por diversos sectores fue reasignado de una comisión legislativa a otra, lo que para la Sala constituye una violación al principio de especialidad y al de interdicción de la arbitrariedad.
“Esta resolución evidencia que el proyecto que pretendía acabar con una de las principales conquistas de la clase trabajadora, la jornada de 8 horas, no tiene futuro y da un zarpazo al gobierno de Chaves en sus intentos de imponer una política criminal y depredadora de los derechos laborales, con la que esperaban abaratar los costos de la producción sacrificando los ingresos, la salud ocupacional y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias”, señaló Luis Chavarría, secretario general de Unión Nacional de Empleados y la Seguridad Social (UNDECA).
El dirigente sindical manifestó que desde su organización han sostenido que la jornada de 12 horas (4×3) significaba un retroceso en materia laboral y un impulso esclavitud moderna en Costa Rica, “mientras que en otras latitudes avanzan hacia jornadas más cortas por semana, aquí buscaban aumentarlas”.
Coincidente con este criterio, Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) indicó que están celebrando esta resolución, pues desde su perspectiva, el gobierno de Rodrigo Chaves pierde un gran caudal de capital político que había puesto en este proyecto de ley.
“No se puede forzar el sistema parlamentario para adaptarlo a estilos autoritarios, como es violar los procedimientos establecidos para que las leyes salgan de manera transparente. Este proyecto de ley se murió, su tiempo político pasó”, dijo Vargas.
Otra organización que manifestó su complacencia sobre el fallo de la Sala fue el Grupo Agenda Cedaw y reafirmó que la resolución sostiene que el proyecto es inconstitucional y que representa un respiro para cientos de mujeres trabajadoras, que incluso en la actualidad viven jornadas esclavizantes y un nulo respeto a sus derechos laborales.
Los representantes del sector social recordaron la importancia del Estado de Derecho y el respeto al debido proceso, y sobre todo instaron a las autoridades a escuchar más el clamor del pueblo, sin querer imponer a la fuerza sus intereses.
El proyecto fue aprobado el pasado 15 de agosto con 32 votos a favor, incluyendo la fracción oficialista, la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y los ultra conservadores de Nueva República; además de cuatro figuras de Liberación Nacional (PLN): Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, Carolina Delgado, Geison Valverde y Paulina Ramírez.
Pero dos consultas de las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio planteadas luego de su aprobación dieron como resultado el fallo de la Sala, en particular la argumentación dada por este último partido fue la evacuada por el tribunal constitucional.
