La anunciada intención en la Asamblea Legislativa de aprobar por segunda vez en primer debate el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no pasó desapercibida para las organizaciones gremiales y sindicatos que desde ya anuncian nuevas consultas de constitucionalidad.
Cabe destacar que en estos momentos, si bien la intención de aprobar el proyecto fue planteada en la reunión de jefes y jefas de fracción de esta mañana, posteriormente el diputado José María Villalta con el apoyo del Wálter Muñoz presentará una moción para que no se vote, pues el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) indicó que el proyecto afectaría su organización y funciones.
Fracciones del PLN y PUSC pidieron votar esta tarde Ley de empleo público
Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), señaló que ese proyecto de la administración Alvarado “desde cualquier punto de vista y pese a las cuatro o cinco versiones que ha tenido, sigue siendo inconstitucional por los cuatro costados”.
Cabe recordar que en junio el proyecto fue originalmente aprobado en primer debate, pero tras una consulta planteada por varios diputados y diputadas, la Sala Constitucional encontró 35 inconstitucionalidades, por lo que debió ser revisado y de nuevo colocado en la agenda para volver a ser votado.
Ese proyecto ha sido muy criticado por exacerbar el poder del Ministerio de Planificación (Mideplan) al darle injerencia en nombramientos y movimientos de personas en otras instituciones, así como transgredir la autonomía de instituciones como el Poder Judicial, las universidades públicas o las municipalidades.
Además, tras los planteamientos de la Sala Constitucional se incluyeron disposiciones en el proyecto que crean dos categorías de empleados en las instituciones, quienes realizan laborales sustanciales, a quienes no se aplicaría la ley, y quienes realizan labores de apoyo administrativo, que sí se verían afectados.
Ante todo ello, Vargas anunció que el proyecto “va a ir a consulta luego de este primer debate” y que después de una eventual y definitiva votación en un segundo debate será cuestionado en sala Constitucional por diversos sectores, en cuenta la ANEP.
Por todo ello, Vargas subrayó que el proyecto “parte de una premisa ideológica falsa, de que el déficit fiscal se debe a los salarios de los empleados públicos, lo cual ya fue sumamente demostrado que es falso”.
“Ahora andan corriendo desbocadamente porque lo exhiben como el proyecto estrella para el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual de nada va a servir porque el verdadero problema de las finanzas públicas es la deuda interna y el obsceno pago de intereses, aspectos que ninguno de los partidos con posibilidades de ganar en febrero quiere abordar”, manifestó.
Desde el sector educativo Carmen Brenes, secretaria general de la Asociación Nacional de educadores y educadoras (ANDE), reiteró su oposición al proyecto, pues “el proyecto no regula en nada el problema fiscal, sino que precariza las condiciones salariales del sector público y debilita el estado social de derecho”.
Tras expresar que el proyecto “debilita aun más a la CCSS, y a la educación pública, las telecomunicaciones, el agua, todo lo que históricamente hemos tenido y defendido en el país”.
Brenes criticó que “se insiste en aprobar un proyecto para satisfacer demandas de organismos internacionales” y coincidió en que “no va a solucionar el problema fiscal, pero va a afectar a un gran grupo de trabajadores, mucha gente se beneficia de la labor de todo el sector público y nosotros también pagamos impuestos, pero la clase empresarial que gobierna se ha aferrado a debilitar y desaparecer este sector, Costa Rica va a una privatización de todos los servicios de los que goza desde los años 40”.
Observó con gravedad que “la sociedad está muy polarizada y este proyecto profundiza las diferencias de clase”.
Ante la pregunta de si el sector educativo ha tenido negociaciones en el parlamento, Brenes replicó que “desde el principio hemos estado en cabildeo en la Asamblea Legislativa, presentando la posición del Bloque Unitario Social y Sindical de Costarricense (BUSSCO), explicando las afectaciones en los diferentes servicios, en particular la educación”.
Añadió que se elaboró una propuesta educativa que “es obviada por el MEP y el Consejo Superior de Educación”, que también fue presentada a diferentes diputados, sobre todo educadores, “pero se sigue con una histórica problemática del país, ya aquí hay una línea del FMI y el Banco Mundial que es la privatización, es la que siguen diputados y por eso no hay posibilidades de diálogo, tampoco con el Poder Ejecutivo”.
El secretario general de la Unión de Empleados de la CCSS (Undeca), Luis Chavarría también reiteró que “este proyecto ha estado lleno de inconstitucionalidades, violaciones a la Constitución Política, a las autonomías de las universidades de la CCSS del Poder Judicial, municipalidades y otras, a como está pretenden venir a interferir directa y políticamente en estas instituciones”.
Chavarría planteó que quizás el mayor impacto que puede tener el mencionado proyecto es “afectar o disminuir fuertemente los presupuestos de las instituciones públicas, tener control financiero” pues aseguró que “la intención es debilitar los servicios de estas instituciones, desmantelar la educación, la salud y otros sectores para entregárselos a manos privadas”.
El líder gremial lamentó que “los disputados insisten sin vergüenza ni razón en aprobarlo”.
Puntualizó aspectos incluidos en la propuesta como “el congelamiento de salarios por diez años, o la prohibición de negociar convenciones colectivas con instrumentos que tiene Costa Rica”, lo cual “violenta los convenios” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Esta versión que se va a discutir hoy es tan nefasta como la anterior y lo más preocupante es que los diputados reiteren sin ningún reparo que se va a aprobar un proyecto que violenta la Constitución Política y las autonomías”, aseveró.
Por todo ello, Chavarría dijo que se cuenta con la posibilidad de “recoger firmas de diez diputados” para solicitar una nueva consulta a la Sala IV.
Dijo además que eventualmente, si se aprueba de forma definitiva en segundo debate, dijo que se deberá emprender una rearticulación de la movilización social en contra del proyecto.
