La tarde este lunes 21 de noviembre, un grupo de organizaciones sindicales se reunió con Tomoya Obokata, quien es Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud de las Naciones Unidas (ONU). En dicho encuentro denunciaron ante el representante las graves violaciones de derechos humanos y las nuevas formas modernas de esclavitud que suceden en el país, en plantaciones bananeras, con choferes de autobús, servicio doméstico, en el personal de grandes supermercados, tiendas, vigilancia privada donde están ocurriendo todos los días violaciones, además de la esclavitud financiera que experimentan las personas trabajadoras.
De acuerdo con el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, aprovecharon el espacio para darle referencias a Tomoya Obokata sobre los incumplimientos que se dan en el país de las normativas nacionales e internacionales en materia laboral.
Fueron enfáticos en que el país se ha convertido en un lugar totalmente desigual, con severos retrocesos en materia laboral, y denunciaron que en la Asamblea Legislativa hay una gran cantidad de iniciativas que duermen el sueño de los justos, pese a que buscan combatir el acoso en el trabajo, regular las relaciones laborales, fortalecer la inspección laboral, evitar la esclavitud (que ha quedado evidenciado su presencia), así como el letargo en el cual se tiene el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo.
“En la Costa Rica del Siglo XXI tenemos dentro de esas diversas formas contemporáneas de esclavitud, la de orden laboral que se expresa a diario y en múltiples actividades productivas y de servicios. Tal es el dramático caso de dos trabajadoras golpeadas y torturadas por sus patronos dueños de una cadena de tiendas de ropa, eso lo denunciamos al Relator de la ONU”.
Sostiene Vargas, que luego de salir a la luz este caso, se hizo evidente que no es un evento aislado, sino que corresponde a una práctica organizada por una cadena de tienda que utiliza este tipo de castigo para “aleccionar al resto del personal”, y han recibido denuncias de muchos otros lugares.
Por esta razón, solicitaron al Relator que recomiende al Ministerio Público que la investigación penal que se realice, tipifique esa conducta como tortura y no solo como “lesiones”, o bien que se aplique concurso de delitos en lo pertinente.
Asimismo, le solicitaron que interceda para que se acelere la aprobación del proyecto para fortalecer la Dirección de Inspección Laboral, se le de viabilidad política a los proyectos que fortalecen la normativa laboral (que se encuentran en el Plenario Legislativo) y a que el Gobierno costarricense promueva un nuevo salario mínimo que permita garantizar una existencia digna y de bienestar para todas las personas trabajadoras.
