Ante la reciente elección de Rodrigo Chaves como presidente de 2022 al 2026, sindicatos de diversos sectores esperan que el emergente político cumpla sus promesas de campaña y abra el diálogo para negociar reformas a la Ley Marco de Empleo Público.
Aunque manifiestan no tener su confianza puesta en el nuevo gobierno y sostienen múltiples preocupaciones por propuestas realizadas por Chaves y su campaña, varias agrupaciones piensan que su postura crítica a la recién aprobada legislación puede abrir puertas para corregir lo que consideran son errores en su diseño.
Cabe recordar que la ley N° 10159 fue aprobada con 39 votos a favor y 13 en contra el pasado 7 de marzo y firmada al día siguiente por Carlos Alvarado. Dos días después se publicó en el diario oficial La Gaceta y entrará en vigor un año después, el 9 de marzo de 2023.
Durante su campaña, el candidato de Progreso Social Democrático, a pesar de que como ministro defendió en 2020 la iniciativa, criticó el proyecto de ley y prometió renegociarlo, vetarlo o reformarlo, en diversos foros.
“Vamos a solicitar que respalde sus palabras y esperamos que no hayan sido solo promesas de campaña, que no sea un vendedor de humo” – Mario Quesada, SINAME.
Por ejemplo, el pasado 22 de febrero en un conversatorio con sindicatos del sector salud, dijo: “La ley de empleo público que está en el Congreso me parece un adefesio porque está regulando los salarios, las compensaciones, la descripción de los puestos sin saber qué es lo que va a ser el Estado costarricense, cómo se va a ver en el corto plazo. Esta ley se la sacaron de la manga”.
En dicho foro, además, el ahora presidente electo dijo que su interés era “renegociar con el Fondo (Monetario Internacional) con medidas que tienen que ver con reducir la evasión, mejorar el sistema de exenciones, los destinos específicos de ciertas leyes y reacomodar las cargas”.
Para Mario Quesada, del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, eso es un “compromiso público” que Chaves deberá cumplir. “Estamos revisando las grabaciones de lo que él dijo, esos son compromisos y estamos de acuerdo con él en que esa ley fue un error de Carlos Alvarado y de la Asamblea Legislativa”, comentó.
“Nos parece que, puntualmente en este tema, don Rodrigo tiene un panorama claro. Vamos a solicitar que respalde sus palabras y esperamos que no hayan sido solo promesas de campaña, que no sea un vendedor de humo”, agregó.
No obstante, Quesada dijo que mantienen preocupaciones por la capacidad que tendrá Chaves de gobernar con una bancada mínima en el parlamento y por actitudes, propuestas y afirmaciones del candidato, como la propuesta de gobernar por decreto o por referéndum, o sus amenazas a medios de comunicación.
“Cuando uno oye de cerrar medios de comunicación, aunque uno no concuerde con esos medios, se le para el pelo. Yo espero que esas cosas hayan sido dichas al calor de la campaña y que se desdiga, como ya se ha venido desdiciendo de otras”, comentó.
Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, dijo que tienen “claro quién es y qué intereses representa Rodrigo Chaves, que no hay variaciones de estrategia en el modelo de poder hegemónico neoliberal y que por eso vienen cuatro años de lucha, de apelación a la movilización ciudadana y de reequilibrar la balanza social que ha estado inclinada hacia el capital”.
Sin embargo, esperan, a partir de las manifestaciones hechas por Chaves en ciertos temas, que haya apertura al diálogo para que se realice una auditoría ciudadana de la deuda pública y se reforme la ley de empleo público, “que no resolvió ni el 1% del déficit fiscal y que sí va a generar más pauperización salarial e inestabilidad laboral”.
Aunque no celebra el triunfo del cuestionado economista, Vargas sí destacó el éxito de la campaña “Pasar factura” de su organización, que considera tuvo impacto en los resultados desfavorables que obtuvo el Partido Acción Ciudadana en primera ronda y Liberación Nacional en la segunda.
“Se les cobraron tres leyes que golpearon duramente a los sectores medios y especialmente a las personas trabajadoras asalariadas del sector público: la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley Anti Huelgas y, por supuesto, la Ley Marco de Empleo Público”, resumió.
El sindicalista dijo que como primeras acciones consideran necesario que el nuevo gobierno ordene la instalación de escáneres en todos los puestos fronterizos del país y que haga una convocatoria “a sectores sociales, productivos, académicos, para diseñar algún tipo de estrategia compartida”, aunque aseguró que eso es poco probable y que sus expectativas son de lucha.
Por su parte Lenin Hernández, secretario general de Sindicato Nacional de Enfermería y Afines dijo que es importante tener en cuenta que la Ley Marco de Empleo Público que se planteó inicialmente no es la misma que se votó en la Asamblea Legislativa y que el texto final es “incomprensible” y que esperan haya voluntad de diálogo para plantear reformas.
“Esperaríamos nosotros que el Ejecutivo tenga apertura para escuchar nuestros argumentos, que son técnicos, para que se construya un proyecto con mejores condiciones. Eso es lo que uno esperaría, pero tampoco hay que ser mezquino, porque quien construye el proyecto de ley es la Asamblea Legislativa y para eso tiene que haber estabilidad política, diálogo y concertación”, dijo.
En ese sentido, le preocupa que Chaves llegó al poder con poquísimo apoyo popular, por debajo del 30%, y considera que a menos que haya diálogo, “va a haber mucha confrontación social”.
“Ojalá que Rodrigo venga con esa mentalidad y no con una mentalidad de ser funcionario del Fondo Monetario Internacional, porque ellos son autoritarios, tajantes y no permiten el diálogo”, sentenció.
Por su parte la secretaria general del Sindicato de la Judicatura, María Victoria Salas, dijo que “no esperan nada”, pues Chaves ha mantenido “diferentes posiciones e incluso, por un lado, manifiesta estar en contra y, por otro, hace manifestaciones en relación con temas salariales que tienen que ver con autonomía, que es propia del empleo público”.
“Cuando la persona se contradice en su discurso una y otra vez, pues no podemos tener una expectativa cierta”, indicó.
La jueza afirmó que la preocupación central de su organización es más bien la independencia de poderes, que ya ha estado en peligro incluso “en un gobierno anterior y que esperamos no siga agravándose, porque en el momento en que hay una ruptura en la autonomía de cada poder de la República, pues ya dejamos de ser un Estado de Derecho”.
“Hemos visto manifestaciones del presidente electo sobre intervención, por ejemplo, del Poder Judicial y otras instituciones y uno se queda pensando. La esperanza es que esto no ocurra y evidentemente haremos todo lo que tengamos que hacer y que esté en nuestras manos legalmente hablando y a nivel de gremios y de sindicatos, si tenemos que tomar acciones para que esto no llegue a suceder”, afirmó.
