El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines) denunció el pasado lunes a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
De acuerdo con el Sinae, la denuncia se presentó ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por considerar que la exmagistrada suplente y actual Presidenta Ejecutiva de la institución “olvidó o no estudió cuáles son las funciones que le encarga la Ley Constitutiva”.
Asimismo, el secretario general de Sinae Afines, Lenin Hernández, afirmó que la jerarca de la CCSS ha faltado al deber de probidad y ha incurrido en aparente falsedad ideológica porque de acuerdo con la Ley Constitutiva la función de la funcionaria es velar por el sistema de Seguridad Social del país, el cual se sustenta en el Seguro de Salud y el de Pensiones, y además, cambió sus criterios jurídicos emitidos cuando era magistrada suplente de la Sala IV.
El secretario general indicó también que desde que Esquivel asumió la presidencia de la institución se pronunció públicamente contraria al principio de legalidad, al señalar que la CCSS no debía pagar ningún tipo de reajuste salarial porque se encontraba contenida en la Ley 9.635 denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“La denuncia que estamos presentando nosotros ante el Ministerio Público no obedece a ningún acto de acoso político, discriminatorio o revanchismo, se trata del deber de probidad que tiene que tener todo servidor público indistintamente de su género. Estamos hablando de esa responsabilidad que se debe tener como funcionario público, aún más en una institución que es el pilar fundamental de nuestra democracia y de nuestra seguridad social”, destacó Hernández.
Por su parte, el asesor legal de Sinae Afines, Ricardo Marín, externó que la actual funcionaria de la CCSS ha incurrido en contradicciones porque siendo magistrada suplente de la Sala Constitucional atendió una consulta sobre la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en la CCSS.
En su criterio, la actual jerarca de la CCSS conocía bien lo que el tribunal constitucional resolvió en torno a la institución y en la que se indicó que la autonomía de la entidad aseguradora, reservada por la Constitución Política, la dejaba fuera de su aplicación.
“Doña Marta Esquivel siendo en otro momento quien evacuó esta consulta constitucional, lo más adecuado y ético era haberse recusado o abstenerse de cualquier criterio. Y si hubiera tenido ese deber de probidad tenía que haber orientado al Poder Ejecutivo, explicándole la autonomía de la CCSS, que ha llevado a la destitución de don Álvaro Ramos, y a un conflicto en la Junta Directiva”, externó Hernández.
Polémica
La denuncia de este sindicato se da una semana después de que el Consejo de Gobierno decidiera acusar penalmente a cinco directivos de la CCSS y al expresidente ejecutivo Álvaro Ramos por los presuntos delitos de nombramientos ilegales.
Contra los cinco directivos, también se ordenó la apertura de órganos directores de procedimiento, así como una medida cautelar de suspensión con goce de dieta durante el tiempo en que se lleven a cabo estos procedimientos administrativos.
Se trata de los representantes Marta Rodríguez (Sindicatos); José Luis Loría (Cooperativas); Maritza Jiménez (Solidarismo); Carlos Salazar (Gobierno), y Jorge Arturo Hernández (Empresarios).
Precisamente, la semana anterior, Hernández presentó la renuncia a su representación ante la Junta Directiva.
Representantes de organizaciones sindicales del sector público y privado agrupados en la Unidad en la Acción Sindical (UAS) presentaron el martes de la semana pasada un recurso de amparo contra el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el Consejo de Gobierno, por la suspensión de cinco directivos de la CCSS.
Para los representantes, la decisión de suspender a los miembros de distintos sectores en la Junta Directiva viola el estado social de derecho y transgrede el orden constitucional.
Actualmente los cinco directivos cuestionados por el Consejo de Gobierno se encuentran suspendidos, por lo que no existe el quórum necesario para que la Junta Directiva sesione.
El miércoles de la semana pasada, el mandatario hizo un llamado a los diversos sectores para que envíen el nombre de las personas que sustituirán temporalmente a los directivos suspendidos.
