La red de albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) aloja desórdenes, descuidos, violencia interna y hasta riesgo de drogadicción y abusos sexuales en detrimento de los menores de edad, denunció este martes ante la Asamblea Legislativa el sindicato institucional.
Las situaciones proceden de años anteriores en violación de derechos de adolescentes y de los trabajadores, pero en la administración anterior no se ha resuelto tampoco en al menos 10 centros de atención, dijo Ovidio Fernández, el secretario general del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI).
Los problemas se han denunciado desde 2019 y no se han resuelto aún, dijo el funcionario en la comisión legislativa de Niñez y Adolescencia, refiriéndose al mal manejo de los menores con perfil violento y a señalamientos previos de la Sala Constitucional. “Al no existir albergues adecuados en el PANI ni cupos en las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las autoridades de la institución ubican estos perfiles donde hay menores con otras características de necesidades especiales”, denunció Fernández.
Esto provoca riesgos serios para otros menores de edad e incluso para los trabajadores a cargo del manejo, pues pasan meses antes de que se autoricen las reubicaciones, señaló.
“Ubicar personas menores de edad con perfiles disruptivos, drogadicción y conflictos con la ley, con personas menores de edad que no tienen esas características, lleva a una situación muy grave en los albergues de violencia física, emocional e incluso sexual”, aseguró después de indicar que también hay peligro para menores con condiciones especiales, como síndrome de Down o autismo.
“Si bien es cierto existen ONGs especializadas (para esa población con perfiles disruptivos), resultan absolutamente insuficientes”, añadió Fernández.
“Las oficinas locales y direcciones regionales están imposibilitadas de actuar y tienen que decidir si dejar al chico en la calle o ponerlo en un albergue con otros perfiles no compatibles, con riesgo de abusos físicos, emocionales o sexuales contra los perfiles más vulnerables”, incluso niños y niñas, añadió leyendo el documento presentado ante la comisión y advirtiendo que ya hay numerosos hechos registrados.
Las respuestas institucionales se centran en la falta de presupuesto o limitaciones adicionales al gasto público.
Se mencionó casos específicos como una agresión en el albergue de El Roble de Puntarenas u otras situaciones donde los menores han acabado con hematomas y necesidad de atención médica, aunque se advirtió que no son casos aislados y que configuran un peligro de una “desgracia irreparable”.
En Naranjo hace seis meses autorizaron la salida a todos los internas y pasaron semanas antes de que se volvieran a localizar, pues un perfil no compatible amenazó a otras compañeras y provocó que se escaparan del albergue, según la audiencia solicitada por los dirigentes sindicales, con la intención de presionar más a las autoridades del PANI.
“¿Qué nivel de protección se ofrece a un menor con autismo estar junto a una persona violenta, con drogadicción y potencial agresor físico y sexual? No existe tal protección, tiene que ser en condiciones dignas de seguridad y por eso son retirados de sus hogares donde presuntamente se les violentan los derechos”, agregó.
Fabricio Alvarado, diputado de la comisión tomó nota de la denuncia y mostró interés en ella. “Asumo que estas personas menores de edad no están recibiendo atención especializada para su situación particular”, dijo el legislador.
Jonathan Acuña, de Frente Amplio, aludió a los recortes presupuestarios que ha sufrido el PANI en años recientes, incluido el gobierno actual, pese a que la institución es beneficiaria de ingresos de destino específico. “Este es el resultado”, insistió el diputado.
